El debate que la ciudadanía echa en falta

Me pregunto por qué los políticos no debaten con un mínimo de rigor los problemas que preocupan a los ciudadanos. Nadie duda de que el debate político en España no sólo es autista (en el sentido de que no interesa más que a los profesionales de la política y a los medios de comunicación que se hacen eco del mismo por entusiasmo seguidista o simplemente comercial), sino cada vez más desprovisto de argumentos que no hagan referencia a los rivales o busquen un fácil impacto mediático. En este ambiente de espectáculo ramplón, sospechas y acusaciones personales, los políticos y ciertos medios se encuentran en su salsa, como demuestra la proliferación de declaraciones, contradeclaraciones, rectificaciones, tertulias, vídeos electorales presuntamente transgresores, etc. Por el contrario, en aquellas pocas ocasiones en que los ciudadanos pueden encararse (en sentido literal) con sus representantes, la incomodidad de éstos es manifiesta, dado que a las preguntas de aquellos no se puede contestar con argumentos basados en la descalificación, el insulto, la provocación, cuando no directamente en la biografía del interlocutor.

La razón estriba en que en un régimen tan cerrado y partitocrático como el nuestro a los partidos les unen más cosas de las que les separan. En rigor, sólo les separa una cosa -quién ostentará el poder- pero, cada vez más, les une su interés en no hablar de determinados temas. Pongamos como ejemplo el régimen electoral. Es indudable que la reforma del sistema electoral en España lleva siendo desde hace muchos años una necesidad perentoria, pero ¿quién va a debatir sobre ello? ¿Los dos partidos que están claramente sobrerrepresentados en el Parlamento? ¿Los partidos regionales o nacionalistas que basan su éxito en conseguir siempre ser bisagra sobre la base de un sistema que les favorece casi de forma escandalosa? El problema es que, gracias a esa falta de debate, los intereses del pueblo terminan siempre por contar menos.

Lo mismo ocurre con otros muchos asuntos. En unos casos porque el historial de los partidos es semejante y nadie tiene legitimidad para realizar la más mínima crítica, como ocurre con el disparatado despilfarro de dinero público. En otros, porque el coste electoral de determinadas medidas puede ser lo suficientemente sensible como para decidir una elección cerrada, y conviene evitar no sólo tomarlas sino incluso hablar de ellas, esperando que el desgaste del adversario sea suficiente. Los ejemplos serían innumerables, pero basta recordar la trascendencia que tiene en este momento la inexistencia de debate público alguno sobre el coste del Estado autonómico y local.

Lo lamentable es que con todo ello se nos está hurtando el verdadero debate sobre las cosas serias que nos preocupan. Sobre la crisis, las causas estructurales del paro y los medios para eliminarlo. Sobre nuestro modelo territorial, su sostenibilidad y hasta su necesidad. Sobre el futuro de los servicios públicos y de nuestras pensiones. Sobre un sistema de educación pública que ha dejado de funcionar como ascensor social -problema gravísimo en cualquier sociedad avanzada-. Sobre una Administración de Justicia que hace aguas desde hace años y sobre la reforma de la Administración Pública y su adaptación a las necesidades actuales de gestión. En una palabra, el debate sobre el futuro de nuestros hijos.

De nuevo, como en épocas anteriores de crisis política e institucional, corresponde a la sociedad civil ponerse al frente y reclamar un debate serio sobre los temas que importan. No podemos permitirnos más ocurrencias, reuniones a diestro y siniestro con quien toque en cada momento sin un propósito conocido, invocaciones a la mágica palabra consenso sin saber para qué se pide, medidas legislativas al por mayor o propuestas de acciones en masa que se olvidan tan pronto se anuncian, sin que nunca se sepa qué fue de las anteriores que también se anunciaron a bombo y platillo. La enorme brecha existente entre los políticos y la realidad se demuestra por su ingenuo intento de solucionar todo a golpe de BOE (o del boletín autonómico correspondiente), como si fuera el Santo Grial, cuando lo que hay es una preocupante desvalorización de las normas jurídicas existentes, entre otras cosas por puro desconocimiento de quienes deben aplicarlas y por el deterioro imparable de la capacidad de ejecutarlas, empezando por la de las propias Administraciones implicadas y terminando por la del sistema judicial.

La buena noticia es que este debate ya está en marcha. Está en internet, en los periódicos y foros digitales, en los blogs de los ciudadanos o de los colectivos que se organizan para debatir sobre temas que conocen bien. Está en los congresos y foros profesionales. Está en algunos medios importantes, aunque todavía de forma incipiente y en formato de artículos de opinión. Entre todos tenemos que obligar a nuestros políticos a debatir públicamente sobre lo que nos interesa y a hacerlo con conocimiento y sin frivolidad. Tenemos las herramientas, las de la sociedad y el gobierno abiertos. No hay otras.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado excedente y directora de Iclaves.