Ante la amenaza del secesionismo que está planteada en la vida política catalana, la reacción por parte de los que creemos en la legitimidad y la viabilidad del Estado y la nación españoles tiene dos tiempos claramente marcados. El primero es el de la defensa del Estado de derecho: cualquier intento de voladura del Estado y la nación común no puede llevarse a cabo sino siguiendo los cauces marcados por la legalidad. Quiere ello decir que solamente a través de los mecanismos de reforma de la Constitución puede prosperar la hipótesis secesionista.
Pienso que el consenso al respecto es amplio. Sucede, sin embargo, que a estas alturas del desafío por parte de significativos sectores del nacionalismo catalán, este primer tiempo de la respuesta se dibuja como insuficiente. Parece obligado por ello iniciar un segundo momento, a desarrollar fundamentalmente en el marco de la sociedad catalana, en que expongamos las razones por las que pensamos que la hipótesis secesionista es una pésima opción, tanto para los catalanes como para el conjunto de los españoles.
Cara a la realización de esta política de respuesta ideológica al desafío independentista, la primera cuestión es precisar los instrumentos para llevarla a cabo. Pienso que el más lógico y eficaz sería, en primer lugar, el entendimiento entre Gobierno y oposición, entre populares y socialistas.
En defecto de este primer instrumento en que corresponde al Gobierno tomar la iniciativa, pienso que un impulso al debate interno en el seno de los dos grandes partidos habría de ser el instrumento de recambio ante la temida ceguera que haga imposible la disposición de aquel entendimiento. En ausencia de estos dos mecanismos políticos, no habría otro recurso que articular las voces de la sociedad civil para poner en marcha la batalla ideológica contra la secesión.
Sea cual sea el instrumento utilizado, habría unos medios a desarrollar que parecen obligados. Es necesario elaborar un informe detallado, en el que se recojan los trabajos realizados hasta la fecha, de las consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales que la secesión habría de suponer para la vida catalana y española.
Podría utilizarse como modelo el informe elaborado por el Gobierno británico en relación al supuesto de secesión de Escocia, en el que se insiste en la no continuidad del eventual nuevo Estado escocés con el orden jurídico anterior a la secesión o en la pérdida de oportunidades de todo orden para las nuevas situaciones políticas herederas del anterior Estado británico. Es necesario poner sobre el papel los argumentos contrarios a la separación de Cataluña que den respuesta a lemas tan burdos como “Madrid nos roba” o “Con independencia, mayor bienestar”.
La siguiente iniciativa elemental es llevar adelante un proceso de debate en Cataluña en que representantes de la sociedad catalana, con el concurso de otras voces del resto de España, puedan exponer las razones contrarias a la propuesta de secesión. Lejos de contribuir con ello al enfrentamiento civil en el seno de esa comunidad, podemos coincidir en que resulta indispensable dar voz y hasta altavoces a aquellos ciudadanos que no comparten el discurso hoy dominante en la vida pública catalana.
Hay razones para ver con poco optimismo el papel de los medios de comunicación catalanes ante la cuestión. El Gobierno de la Generalitat ha impulsado un proceso de encuadramiento social, de control desde el poder, que hace difícil oír las distintas visiones ante el problema. Contra este estado de cosas, es una obligación democrática luchar porque se escuchen todas las voces de Cataluña y que llegue a los oídos catalanes el discurso de afecto y solidaridad del resto de los españoles. Se trata de una responsabilidad que afecta prioritariamente a los medios de comunicación estatales, pero con la que todos los ciudadanos españoles estamos afectados.
Bien está, en definitiva, que proclamemos una y otra vez nuestra intención de defender el orden constitucional. Pero cuando está planteada la opción secesionista, resulta una irresponsable pasividad atrincherarnos exclusivamente en la defensa de la legalidad, sin afrontar el debate ideológico.
Se trata de una política que en absoluto pretende enturbiar el supuesto oasis que formaría hoy la sociedad catalana. Tenemos razones para sospechar que por debajo del oasis está presente el conformismo forzado por una estrategia nacionalista cuidadosamente elaborada a lo largo de estos últimos años. En definitiva, no se trataría de otra cosa que de llevar las reglas del pluralismo democrático a un problema en el que nos jugamos mucho. Es posible que, incluso, la estabilidad misma de nuestro sistema democrático.
Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.