El deber de un rey

Antes de abdicar, el comportamiento de Juan Carlos I hizo recaer una pesada sombra sobre el futuro de la Monarquía. En un primer plano, los millonarios pagos recibidos de sátrapas árabes eran ya voz del pueblo, que hubiera dicho Feijóo el ilustrado, y de confirmarse plantean un serio problema al sistema democrático, y también a Juan Carlos I. En cuanto a la pasión invernal por esa señora tan mona, punto de llegada de una biografía afectiva muy densa, lleva a la pregunta de su coste para todos, así como sobre las responsabilidades de un personaje símbolo del Estado: parece lógico no confundir su derecho a ejercer la libertad sexual, como cualquier ciudadano, con la actuación de depredador al modo de sus antecesores, los reyes absolutos. En suma, es algo que no solo concierne a los grupos que aprovechan el tema para reivindicar la República, sino ante todo al conjunto de los ciudadanos. Juan Carlos I desempeñó un papel central, aunque no único, en la llegada de la democracia, con algunas dudas la salvó luego el 23-F, pero esa importante deuda no le convierte en un hombre por encima de la ley, aunque a ello se acuda ahora para salvar el mal momento.

Sobre todo cuando en el plano dinástico llueve sobre mojado. Hasta 1931, y partiendo de 1789, nuestros monarcas distaron de ofrecer una imagen de servidores ejemplares del Estado y, casi sin excepción, su sexualidad siguió caminos paralelos a la irregularidad, por ser suaves, en el ejercicio del cargo. El primer republicanismo nació ante todo como respuesta al despotismo de Fernando VII, que había sucedido al impresentable reinado de María Luisa de Parma y su valido, ya que de hecho Carlos IV nunca reinó. El Diario del Congreso reseña, cosa que pasó desapercibida, cuál era la lectura preferida de su hija Isabel, antes de subir al trono: Thérèse philosophe, un librito nada filosófico, a cuyos gustos ajustaría su conducta posterior, digamos que sentimental, sin que olvidemos su inclinación reaccionaria. Un investigador por encima de toda sospecha, Eduardo González Calleja, me contaba que su heredero, el dolido enamorado del romance, de romántico nada, y que en su convivencia con Cristina de Habsburgo, la sometió a un verdadero maltrato. Como regente, Cristina fue ejemplar, pero no era una Borbón, sino «una nieta de María Teresa», según sus propias palabras. En fin, por mucho que algunos historiadores hayan tratado de edulcorar su imagen, Alfonso XIII, hacia quien su nieto siente un profundo afecto, conjugó una actuación personalista e irresponsable en lo político -«un vaina», me decía con humor Paulino Garagorri- con la de mujeriego y vividor en el más amplio sentido de la palabra. Por si alguien lo había olvidado, ahí llegó don Leandro para recordárnoslo. Convengamos en que ya es hora de dar por finiquitada esa tradición, que sigue viva en la conciencia popular.

Una primera repercusión inevitable recae sobre el actual monarca, para suerte suya más próximo a la severidad de su madre que a la alegría vital que rezumaba en don Juan Carlos. Después de la difícil papeleta planteada por Urdangarín y Cristina, tiene ante sí un juego donde casi todas las opciones son perdedoras. Pudo preferir mantenerse en silencio durante el mayor tiempo posible, confiando en que funcione la barrera puesta por el PSOE, con la alegación de inviolabilidad, pero las cosas podían cambiar por dos lados, tanto si la investigación en curso prueba los millonarios regalos saudíes, como si Corina presenta una demanda contra su antiguo amante. La catástrofe de imagen era inevitable. A partir de ese momento, Felipe VI se vería afectado por todo lo que hiciera o dejara de hacer su padre, y también por la posibilidad de que la presión de la opinión pública obligase finalmente a formar la comisión parlamentaria sobre la conducta pasada de Juan Carlos I, protegida hasta cierto punto por el Tribunal Supremo. El terreno era pantanoso siempre para Felipe VI, ya que cualquier intervención suya sería vista como una defensa de una corrupción inseparable de la Monarquía. Ha preferido la claridad, cueste lo que cueste, con un rechazo ejemplar de las conductas asignadas a su padre.

De otro modo, más allá de que las leyes vigentes cubran con impunidad al «rey emérito», la cuestión de fondo vuelve a ser la planteada por la Revolución Francesa: el mantenimiento o la supresión del privilegio, exigencia esta inseparable de la democracia. Además, no se trataba de responsabilidades políticas, que aconsejaran la aplicación del criterio «the king can do no wrong», sino de delitos de corrupción similares -aunque agravados por la posición excepcional del Rey- a aquellos por los cuales están yendo a la cárcel buen número de ciudadanos. Sería un caso de justicia vs. privilegio. Es poco probable que el ex Rey elija defender la dignidad de la Monarquía, renunciando a las escapatorias que le concede la ley para esquivar la justicia. El rey debe ser primer magistrado de la nación, un papel que Felipe VI acaba de asumir plenamente.

Antonio Elorza es profesor de Ciencia Política.

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