El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el conocido como decretazo de Aznar en su segunda legislatura, por el que sustancialmente, de una parte, se abarataba el despido, suprimiendo los salarios de tramitación, y, de otra, se recortaban las prestaciones de desempleo.
Esta sentencia es muy importante, en primer lugar, por su novedad, ya que es la primera vez en los más de 25 años de funcionamiento del Tribunal Constitucional que se declara la inconstitucionalidad de un real decreto-ley.
Las razones en las que el tribunal fundamenta dicho fallo, a saber que el Gobierno no puede por sí solo aprobar normas con valor de ley, salvo situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, no cabe conceptuarlas de formales ya que afectan de lleno a la división de poderes que forma parte de la esencia del Estado democrático de derecho, en el que la capacidad de aprobar leyes corresponde en exclusiva a los representantes elegidos por el pueblo y no al Ejecutivo. Nuestra Constitución de 1978, recogiendo la experiencia democrática precedente, matiza esa clásica división de poderes admitiendo que en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad pueda el Ejecutivo dictar un real decreto-ley.
Y es la ausencia real de dicha situación de extraordinaria y urgente necesidad la que ha llevado al Tribunal Constitucional a dictar la importante sentencia que comentamos.
Pero más allá de las razones en las que el Tribunal funda su fallo, esta sentencia supone la culminación constitucional del fracaso democrático de una política profundamente conservadora del Gobierno del PP en su legislatura de mayoría absoluta.
Conviene recordar que, tras la obtención de una mayoría relativa en las elecciones generales de 1996, el PP se vio obligado a pactar con las fuerzas parlamentarias nacionalistas para constituir una mayoría en las Cámaras. Dichos acuerdos tenían características destacables, como la cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas, cuando antes el PP había rechazado la cesión del 15% por el Gobierno socialista, o la ausencia de toda referencia al terrorismo en el pacto con el PNV, a pesar de que durante toda la legislatura dicho fenómeno se presentaría con unos perfiles mucho más graves que en la actualidad, en que se ha convertido en el exclusivo tema de oposición al actual Gobierno socialista.
Dichos pactos moderaron la política conservadora del PP y le obligaron a gobernar de acuerdo, no sólo con otros interlocutores políticos, sino también, en el terreno económico y social, mediante pactos con empresarios y trabajadores, habiéndose obtenido logros muy significativos como la reforma del mercado laboral de 1997, que vino a mejorar la realizada en 1994, y el Acuerdo sobre Pensiones que desarrolló el Pacto de Toledo, o el referido a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta moderación en algunas de las políticas del primer Gobierno del PP (no en otras, como su voluntad de controlar los medios de comunicación, con la persecución ya, incluso penal, del Grupo PRISA o la creación de un conglomerado mediático afín en torno a la Telefónica gestionada por el ausente Juan Villalonga; o el intento de control de la justicia, llegando hasta el indulto y el intento de reintegrar a la carrera judicial a un juez prevaricador como Gómez de Liaño) permitió a Aznar obtener la deseada mayoría absoluta. Y paradójicamente aquella moderación que había conducido al triunfo, desapareció con la llegada de éste.
Buena prueba de ello fue el diálogo social: la apuesta por el mismo al inicio de esta segunda legislatura ya vino condicionada por un documento gubernamental, centrado en recortar derechos sociales, y con la advertencia de que, de no obtenerse acuerdo sobre el mismo en un plazo determinado, el Gobierno llevaría adelante sus propuestas.
El escenario no era nada fácil para los negociadores, ya que el Gobierno marcaba unas orientaciones económicas centradas en rebajar el coste del factor trabajo que resultaban poco eficaces en un mundo cada vez más globalizado y que contradecían frontalmente los acuerdos europeos de fomentar la competitividad mediante la renovación tecnológica y el conocimiento, aspectos éstos que terminaron siendo la cenicienta de los Gobiernos del PP, incluso cuando estuvo al frente de las mismas el señor Rajoy (¿ se acuerdan de algo de su gestión al frente del Ministerio de Educación?).
El fracaso de las negociaciones constató la imposibilidad de concitar consenso social en torno a esa política tan regresiva e injustificada. No obstante ello, el Gobierno del PP, en lugar de extraer esa enseñanza, pisó el acelerador de su política y, ante el anuncio de una huelga general, decidió prescindir también del consenso político mediante la aprobación del real decreto-ley ahora anulado.
La aparente victoria inmediata obtenida con la aprobación del decretazo resultó efímera. La huelga general del 20 de junio de 2002 fue un gran éxito de los sindicatos convocantes, a pesar de los ataques al derecho de huelga lanzados desde el Ejecutivo, incluyendo la manipulación de Televisión Española al informar de la misma. El triunfo así obtenido fue el primer aldabonazo de la respuesta de la sociedad democrática española a las sucesivas medidas en que se concretaba la política del PP en su legislatura de mayoría absoluta, ya se tratara del hundimiento del Prestige, el accidente del Yakovlev 42 o, sobre todo, la desgraciada participación en la invasión de Irak, cuyas trágicas consecuencias todavía perduran.
La fuerza demostrada entonces por las organizaciones sindicales resultó ser, sin duda, la semilla que fructificaría más tarde en la victoria electoral del 2004, dando lugar a un Gobierno distinto que ha convertido realmente el diálogo social en norte de su política, posibilitando los amplios acuerdos alcanzados en esta legislatura y que, sobre la base de una política económica de mejora de la competitividad mediante más inversión en infraestructuras e I+D, acreditan que ello es no sólo posible, sino más fuerte, si se acompaña de una apuesta por el empleo estable y la mejora de la protección social.
Diego López Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y Ricardo Peralta Ortega, abogado laboralista.