El déficit asesino

Moisés Naím es director de Foreign Policy (EL PAÍS, 28/01/06):

En 1970, el mundo sufrió 78 grandes desastres naturales, que afectaron a cerca de 80 millones de personas y generaron daños materiales por más de 10.000 millones de dólares. En 2004, la cifra llegó a 384 catástrofes naturales, que se cobraron 200 millones de víctimas. Su coste económico se multiplicó por cinco, elevándose a 50.000 millones de dólares. Las cifras definitivas de 2005 serán aún peores.

Una de las razones de este enorme crecimiento en el número de desastres es que ahora son regularmente documentados muchos de los que en el pasado no se registraban. Pero, incluso teniendo en cuenta este factor, el número de inundaciones, huracanes, tifones, corrimientos de tierra y otros desastres naturales ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Y lo que es peor, ahora las catástrofes suelen producir más víctimas y son más costosas de lo que eran hace una generación. No sólo está el mundo más poblado, sino que hay más gente viviendo en densas y frágiles zonas urbanas o en asentamientos vulnerables y mal construidos. No es de extrañar que, según Cruz Roja, el número de “refugiados medioambientales” haya crecido hasta una media de 19,2 millones al año (más o menos el mismo número de refugiados por todas las demás causas juntas, según cálculos de Naciones Unidas).

Trágicamente, los presupuestos de las organizaciones internacionales encargadas de proporcionar auxilio y acometer la reconstrucción tras las catástrofes no ha estado a la par de este crecimiento. La capacidad de respuesta mundial en este campo está muy por debajo de las necesidades.

El Banco Mundial, una fuente fundamental de dinero y de asistencia técnica para los proyectos de reconstrucción, presta menos dinero ahora que hace diez años. El presupuesto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha crecido sólo un 62% desde 1990, a pesar del enorme aumento en la demanda de sus servicios y de la previsión de que, en el 2010, 50 millones de personas se habrán visto desplazadas sólo por causas medioambientales. Por otra parte, el presupuesto total de Naciones Unidas no ha aumentando más que un exiguo 26% en los últimos 15 años. No es de extrañar, por tanto, que un informe reciente concluyera que el edificio sede de la ONU padece “un deterioro inaceptable, deficiencias de construcción y de protección contra incendios, así como en los requisitos modernos de seguridad, y problemas ambientales”.

Hay varias explicaciones para este peligroso desequilibrio, pero la más importante resulta de la naturaleza misma de lo que los economistas llaman “bienes públicos”. Éstos son bienes cuyo uso o disfrute por una persona no impide que sean utilizados o disfrutados por otras (si sus vecinos deciden costear la iluminación de un callejón oscuro, usted podrá disfrutar de ese beneficio aun sin haber aportado a los costos). Pero así como hay necesidad de bienes públicos muy locales (semáforos, policía, etc.), también la hay a nivel mundial. La campaña para prevenir una pandemia mundial de gripe aviar, el sistema internacional de regulación del transporte aéreo, los esfuerzos por contener el terrorismo o el control de la degradación ambiental son algunos de los ejemplos más evidentes de bienes públicos globales. El suministro de estos bienes tan preciados -incluso cuando son administrados por los gobiernos dentro de sus propias fronteras- es problemático. Cuando los bienes públicos en cuestión sólo pueden ser “producidos” a través de los esfuerzos conjuntos de muchos países, o por organizaciones como Naciones Unidas, las dificultades para equilibrar la oferta y la demanda son todavía mayores. La oferta siempre irá por detrás de las necesidades, y éste es un déficit que mata.

Así, el hecho de que una vez producido un bien público sea imposible para sus dueños evitar que otros lo usen sin pagar, hace que la producción de bienes públicos siempre tienda a ser insuficiente: si no se puede recuperar la inversión y lograr ganancias, no hay inversión privada. Por ello, sólo los gobiernos y otras instituciones públicas suelen ser los proveedores de bienes públicos. Y en general, los gobiernos responden con retraso a la demanda de bienes públicos.

En cualquier mercado, los precios suben cuando la demanda supera a la oferta. En el mercado global de bienes públicos, cuando la oferta cae por debajo de la demanda, la consecuencia no es la inflación de los precios, sino inseguridad e inestabilidad para todos.

Es cierto que muchos problemas -las crisis financieras, la contaminación, las redes criminales y el terrorismo, por nombrar unos pocos- están más arraigados en unos países que en otros. Pero estos problemas se saltan cada vez más las fronteras nacionales, y se extenderán al mundo a no ser que varios, o con frecuencia muchos, países trabajen juntos. Estados Unidos, Europa y Japón no fueron capaces de esquivar las consecuencias del virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo en 2003, ni podrán librarse de una epidemia de gripe aviar si se limitan a proteger sólo sus propias fronteras. Sus destinos están inextricablemente ligados a lo bien que China, Vietnam, Turquía, Birmania u otros países controlen el próximo brote mortal. De hecho, los expertos temen que las medidas organizativas, financieras y médicas tomadas hasta la fecha para combatir una epidemia de gripe aviar sean lastimosamente insuficientes.

Los desequilibrios económicos globales relacionados con el déficit fiscal y comercial de Estados Unidos, con el tipo de cambio de China o con el lento crecimiento de Europa podrán a la larga producir desempleo, menores ingresos y más pobreza. Ésos son resultados indeseables. Pero palidecen en comparación con las consecuencias del desequilibrio entre la oferta y la demanda de los bienes públicos globales. Éste es un desequilibrio que mata a miles de personas cada año, y que va a golpear cada vez más cerca de casa. En todas partes.