En el año 2010, España inició el proceso de consolidación fiscal más importante de su historia. Desde entonces el gasto público se ha reducido en poco más de 2,2 puntos de PIB, hasta situarse en el 44,3% del mismo en 2013. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante este mismo periodo el gasto en intereses se ha disparado y que, de no haber sido así, la caída del gasto público habría sido aún mayor; de 4 puntos de PIB. No obstante, la bajada del gasto no se ha repartido por igual en todas las Administraciones. Solo las Comunidades Autónomas (CC AA) y los Ayuntamientos han sido capaces de reducir sus gastos (-14% y -21%, respectivamente). Por el contrario, tanto la Administración central, principalmente por el aumento del gasto en intereses, como la Seguridad Social, por el aumento del gasto en pensiones, han visto incrementados sus gastos en un 3,4% y un 2,6% respectivamente.
Por el lado de los ingresos se observa el mismo comportamiento. Mientras que la Administración central ha aumentado sus ingresos en 10.155 millones de euros, tanto los Ayuntamientos como las autonomías los han reducido en 3.382 y 1.600 millones de euros respectivamente.
La estrategia de consolidación diseñada por el Ejecutivo parece clara: limitar los ingresos y el déficit a las comunidades, de forma que los Gobiernos autónomos se vean obligados a reducir el gasto irremediablemente. Por el momento, parece que esta estrategia ha funcionado, ya que las comunidades tienen poca capacidad normativa sobre sus ingresos. Por si esto no fuera suficiente, las CC AA son las encargadas de gestionar gastos tan sensibles como la sanidad y la educación. Así, no es de extrañar que entre los años 2010 y 2012 el gasto en educación se ha reducido en un 11% y el gasto en sanidad ha mermado casi un 9%. Estas caídas serán aún mayores cuando conozcamos los últimos datos.
En el año 2013, gracias a la nueva medida del PIB, el conjunto de las Administraciones públicas ha conseguido cumplir con el objetivo de déficit por primera vez desde que iniciamos el proceso de consolidación fiscal. Hemos cerrado el año 2013 con un déficit del 6,3%, dos décimas por debajo del objetivo. No obstante, el déficit de las CC AA en 2013 fue del 1,5% del PIB, rebasando el objetivo fijado por Bruselas en dos décimas. A pesar del nuevo incumplimiento, el ajuste del déficit de las autonomías desde el año 2010 ha sido sustancial: 2,2 puntos de PIB. Tal y como hemos visto anteriormente, para lograr tal reducción, ante la escasa competencia normativa para aumentar sus ingresos, las autonomías no han tenido otra opción que reducir sus gastos en educación y sanidad.
¿Cómo pintan las cosas para este año? Hasta el mes de julio, el déficit de las CC AA se ha situado en el 1% del PIB, es decir, en el nivel con el que nos habíamos comprometido para todo el año y dos décimas peor que en el mismo periodo del año anterior. Esto es debido a una caída del 1,8% en los ingresos no financieros (principalmente por las caída de las entregas a cuenta y liquidaciones) y a un aumento de los gastos del 1,5% (principalmente por el aumento del gasto corriente en bienes y servicios y el gasto en intereses). Según nuestras estimaciones, el déficit autonómico se situará en el entorno del 1,8%, o sea, muy lejos del objetivo. Parece que la estrategia está llegando a su final, ya que las comunidades parecen no tener capacidad adicional para reducir sus gastos.
Además, lejos de solucionarse, los problemas de ingresos para las CC AA continuarán en 2015. Según los recién presentados Presupuestos Generales del Estado, los ingresos tributarios del Estado van a aumentar con respecto a la liquidación prevista en 2014 en unos 9.000 millones, pero para las autonomías lo harán en algo menos de 1.000 millones. Es decir, los aumentos recaudatorios siguen sin llegar a las comunidades.
El Gobierno es consciente de la incapacidad de las CC AA para obtener suficientes ingresos para financiar sus gastos, pero retrasa la reforma del sistema de financiación autonómica. La razón nos parece clara. Moncloa sabe que si reforma la financiación autonómica necesitará aumentar los ingresos de las Administraciones públicas; es decir, subir la presión fiscal, y hacerlo en un año electoral tiene unos costes políticos que no está dispuesto a asumir.
Pero la crisis fiscal en España en general, y la de las autonomías en particular, no se solucionará hasta que se lleve a cabo una profunda reforma fiscal que mejore la recaudación sin dañar el crecimiento. Esta reforma no solo debe abordar el mejor diseño de los impuestos conocidos (principalmente el IRPF, sociedades o IVA), sino también una reforma del ineficiente y opaco sistema de financiación autonómica que ahoga a las Comunidades Autónomas y en última instancia corre el riesgo de desmantelar la sanidad y la educación pública.
J. Ignacio Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense, y Juan Rubio-Ramírez, de la Universidad de Duke, son investigadores de FEDEA.