El deporte como estafa

Nuestra sociedad se hace a todo. Si hay dos expresiones repetidas hasta la saciedad es la del “imperio de la ley” y “presuntamente”. Un tipo mata a su mujer a puñaladas, sale a la calle con el cuchillo y las manos ensangrentadas, se entrega a la policía y reconoce el crimen. ¡Usted escuchará y leerá que la mató “presuntamente”! Vivimos en un país donde los coches chocan “presuntamente”, los atracadores desvalijan “presuntamente”, las gentes mueren “presuntamente”. Y en el fondo, además de una utilización aberrante del adverbio, no hay más que miedo.

¿Y saben a qué tienen miedo? Al “imperio de la ley”, porque sin ser muy duchos en la materia detectan que les puede caer un puro que signifique que les echan a la calle y además han de pagar al “presunto” delincuente. En España, perdonen que sea tan rotundo, vivimos una situación que amenaza con estallar y no es sólo porque sus políticos sean corruptos en su inmensa mayoría, que lo son, sino porque el amparo a la delincuencia económica, que es la madre de todas las batallas, cuenta con una barrera jurídica que impide cualquier saneamiento.

Un político, o un empresario, corrupto unido a un abogado perspicaz, con buen bufete, forman un tándem invencible. ¿Quién de los dos es más responsable, si los dos afirman cumplir con la ley que ellos han redactado y aprobado? No hace falta ser profeta para saber que en muy poco tiempo, conforme baje la presión mediática –la única existente y que es algo así como la venganza del chinito– vamos a vivir escenas que se podrían resumir en una idea motriz: “Te compenso un Millet por un Bárcenas; y lo demás aparte”. Respuesta, “presuntamente”: “Hace, pero dame margen y tiempo”.

No hay ninguna sentencia judicial que logre conmovernos, ni siquiera esa del Tribunal Constitucional según la cual tus correos pueden ser leídos indiscriminadamente por tu jefe, que es tanto como el derecho a desnudar al empleado antes de entrar a la oficina. Pero atento, si usted es un capo mafioso, ojito con las comunicaciones; permiso del juez y mucho cuidado con excederse en las escuchas, que su abogado “tiene mucha mano” para conseguir que los magistrados suspendan las actuaciones.

No creo que haya una definición más exacta de lo que en España hoy es “el imperio de la ley”: un gozo para el delincuente de altos vuelos y una angustia para el engañado de las preferentes o la vieja de los ahorros o el parado sin recursos. No sé si son conscientes, pero buena parte de la judicatura de este país, tanto o más que la clase política, está llamando a la rebelión. Hacen de músicos del Titanic, con sueldos de director de orquesta. A mí me parece muy bien que apliquen la ley a los estafadores de UGT y CC.OO. que se lucraron con los fondos públicos, pero no puedo admitir que los dos hermanos de la ministra Fátima Báñez hayan sido exonerados de sus delitos porque ha pasado el plazo. ¡Qué silencio! No he leído sobre el asunto nada, ni un mísero editorial de periódico opositor. Los nuestros y los otros, conforme a las reglas del “imperio de la ley”.

Sin embargo, confieso que una sentencia hecha pública la pasada semana me ha dejado literalmente anonadado, digo más, avergonzado. No me jacto de ingenuo, todo lo contrario, pero yo creí que eso no se daba desde la época del Lazarillo de Tormes, que no era precisamente un deportista. Las medallas de oro conseguidas por España en los Juegos Paralímpicos de Sydney del año 2000 fueron obtenidas mediante estafa, timo, engaño y ofensa a todos los paralímpicos del mundo, que son aquellos afectados de alguna deficiencia física o psicológica que compiten en condiciones de excepción.

En el año 2000 se presentó en Sydney, en la modalidad de baloncesto, un equipo español de supuestos paralímpicos –sólo había dos, entre un conjunto de doce jugadores–, dirigidos por un chorizo, no creo que haya otro nombre y no cabe el “presuntamente”, por nombre Fernando Martín Vicente, presidente entonces de la Federación Española de Discapacitados Intelectuales (Feddi). La estafa se pudo hacer con la ayuda de una psicóloga, Laura del Peso, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con más títulos académicos en su currículum que Bertrand Russell –y que no señalo aquí porque ocuparían medio artículo para oprobio del gremio–, y la pedagoga Marian Viescas, de quien aseguraban que se trataba de otra autoridad en su materia.

Ganaron a todos y de qué modo. Contra China tuvieron que parar porque llevaban un 30 a 0, y el chorizo jefe, o su ayudante, el entrenador, les advirtieron que bajaran el pistón porque se podía descubrir el pastel. En la final estaban impresionados porque Rusia se lo estaba poniendo difícil cuando detectaron que dos de los baloncestistas no debían ser deficientes psíquicos, “porque jugaban muy bien”, lo cual dice mucho de la capacidad deportiva de nuestros compatriotas, inquietos ante un adversario que intuían que había engañado con dos supuestos “deficientes psíquicos”, cuando ellos tenían diez.

Toda esta historia me produce una desazón infinita. No sólo por la estafa y la impunidad con que actuaron, sino porque es un hecho nada presunto sino evidente y probado, ocurrido en el año 2000 y que acaba de ser juzgado ahora, trece años más tarde, que ha sido sentenciado como una muestra más de la inquietante levedad que genera la ley del embudo en nuestra egregia judicatura. Todos absueltos salvo el chorizo responsable, que habrá de pagar 5.400 euros de multa.

Pero la cosa tiene su miga, porque el objetivo era conseguir subvenciones y soportes publicitarios que en ningún caso llegaron a los deportistas “paralímpicos” de verdad, sino a los intereses del jefe. ¡Si uno es capaz de meter a diez estafadores en un equipo de doce, qué no será capaz de hacer con los miles de euros de promociones, ayudas y supuestas becas para discapacitados!

Es como un cuadro de Goya o de Solana de una España que está ahí y que creíamos que se había disuelto cuando fermentaba la burbuja. Una situación como la de esos jefes de Caixa Penedès que no tuvieron más remedio que asistir a una sesión del Parlament de Catalunya y que estuvieron mudos mientras los llamaban golfos, estafadores y mafiosos. Por 7,4 millones de euros de jubilación, más lo que habrán sustraído “presuntamente” durante los años de su mandato… Habría miles de ciudadanos dispuestos a que les llamaran de todo si les dieran una mínima parte de ese aguinaldo. “¡Échame trigo y llámame gorrión!”, dice un viejo refrán. Que me digan lo que quieran si por cada exabrupto me saco cien mil euros.

Lo más gracioso, por decirlo de alguna manera, es que toda esta historia de los paralímpicos en Sydney la hemos conocido gracias a un chaval alto, baloncestista, periodista en paro, que se apuntó ante la posibilidad de hacer el reportaje de su vida, metido entre los diez falsos discapacitados del baloncesto. Carlos Ribagorda fue el que denunció el asunto y de atenerse a las conclusiones del fiscal le hubieran caído dos años de cárcel, desconozco si como colaborador en la estafa deportiva española en los Juegos Paralímpicos de Sydney o por darle trabajo a la fiscalía denunciándolo. Se libró por los pelos para advertencia del gremio. ¡Chaval, tranquilo, ahora ya sabes las reglas: mirar, escuchar y callar!

Dos aspectos inquietantes y para los que no tengo respuesta, y si la tuviera no la podría exponer por autocensura. ¿Cómo consiguió el magnífico equipo de abogados del chorizo principal demorar el juicio durante trece años? Y la segunda: el día que la justicia se decida a entrar en el mundo del deporte competitivo, al que sería mejor denominar, “deporte de mercado”, el fútbol, por ejemplo, acabará desmoronándose el último mito de los idiotas.

Sé que dará lo mismo. A quienes rezan a la Virgen de Fátima les importa un carajo que les detallen la invención. Quien cree, cree, porque necesita creer. Y además convencido. Como aquel que explicaba que todas las religiones son falsas; incluso la suya, que era la única verdadera.

Gregorio Morán

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