Cuando la noche del 6 al 7 octubre de 1934 Cataluña se proclamó unilateralmente Estado Catalán, los poderes públicos de España actuaron, incluso por Ley de 2 de enero de 1935 suspendieron la autonomía de Cataluña y atribuyeron el orden público al Estado. En cambio, cuando Cataluña inicia el proceso hacia la independencia y la formación de un Estado Catalán mediante la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña, y en este marco lleva a cabo una consulta popular el 9 de noviembre de 2014, el Gobierno español asiste pasivamente a ese proceso y lo permite, a pesar de los repetidos autos de suspensión del Tribunal Constitucional, el último de 4 de noviembre de este mismo año; las Cortes españolas callan; y el Tribunal Constitucional pronuncia una mera sentencia interpretativa sobre el «derecho a decidir», su sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 2014.
En claro fraude de ley y contra las disposiciones constitucionales, Cataluña ha celebrado una consulta sobre la formación de un Estado Catalán como vía hacia su independencia. Proceso que no se queda ahí, ya que tal consulta popular es un mero paso más en la estrategia marcada por la Generalidad para la formación de tal Estado Catalán. El artículo 155 de la Constitución autoriza al Gobierno, con la aprobación del Senado, a adoptar las «medidas necesarias» para «obligar» a una Comunidad Autónoma «al cumplimiento forzoso» de sus obligaciones constitucionales, o para proteger el interés general de España si se atenta gravemente contra él. ¿Qué mayor incumplimiento de la Constitución, y qué atentado más grave contra el interés general que querer dividir España conculcando la ley y por la vía de los hechos?
No hay que ignorar que el nacionalismo exacerbado de una comunidad no soberana es expansivo, absorbente, voraz, agresivo y belicoso, o sea, imperialista y de rasgos totalitarios. La autocontemplación y egolatría nacionales es en todas partes una enfermedad mental peligrosa, capaz de desfigurar y afear los rasgos de una Nación, igual que la vanidad y el egoísmo desfiguran y afean los rasgos de una persona. Y tal nacionalismo excluyente también es antidemocrático: Los nacionalistas no creen en la democracia auténtica, la usan, utilizan una democracia sin reglas y sin sujeción al Derecho (radicalidad democrática, le llaman), y eso es tanto como admitir un poder no limitado por la ley. Es un atentado contra la democracia, contra el Estado democrático de Derecho y sus reglas, que protegen la libertad de todos. Quien desafía las leyes democráticas está en contra de la democracia, la destruye. Hay aquí una manipulación del principio de democracia, una tiranía supuestamente democrática, practican exactamente lo que dijo Guizot: «Un caos por el culto idólatra de la democracia», esto es lo que ha tenido lugar el 9 de noviembre de 2014.
No nos dejemos engañar, las llamadas «vías jurídicas» del proceso hacia la independencia de Cataluña son un fraude constitucional, pues se quiere modificar España sin seguir el cauce del Título X de la Constitución española. Y las llamadas «vías alternativas» a la independencia de Cataluña, entre las que destaca la declaración unilateral de independencia, son pura y mera fuerza y violencia, una fuerza que se ejerce sin Derecho, aunque se haga por un poder con apariencia de legalidad.
Ante ello España debe reaccionar ya sin esperar nada de los nacionalistas. Los poderes públicos pueden y deben actuar con decisión. Son urgentes y muy necesarias actuaciones políticas, jurídicas, sociales y culturales. Se debe afirmar y reforzar la existencia y unidad de la Nación española como realidad metaconstitucional. Es necesaria una obra cultural centrada en la educación de los jóvenes. También es preciso un proyecto coherente para la vida futura de España, mediante una reforma constitucional que refuerce las fuerzas centrípetas que cohesionan frente a las fuerzas centrífugas que disgregan, consultando para ello a todos los españoles si fuere preciso y conveniente. Y, en fin, hay que cumplir y hacer cumplir las leyes, incluido el Código Penal, para combatir el separatismo.
El Estado debe reaccionar cuando el mal está dentro de él, y ahora lo está, ya que quienes quieren destruir el Estado español lo están utilizando, manejando dinero público además, y lo están usando para destruirlo. Es preciso afrontar el problema de ese caballo de Troya, de ese cáncer de España, enfermo grave que a causa de un supuesto derecho a decidir que algunos se atribuyen puede morir. España tiene derecho a decidir su futuro, y para que los españoles podamos ejercerlo es preciso pedir a quienes nos representan y manejan el Estado que no negocien ni se rindan. Les recordamos simplemente que para defender España tienen derecho a actuar y obligación de hacerlo.
Hispania Nova es el nombre colectivo del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.