El derecho a no decidir

Sospecho que en Cataluña no se está entendiendo lo que pasa en Cataluña. En pocas palabras: que, a conciencia de que la secesión es impracticable, los nacionalistas llevan meses y meses ejerciendo su derecho a no decidir. El pasado 9 de noviembre, a las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “¿Quiere que este estado sea independiente?” respondieron Sí y Sí (pero no mayoritariamente) 1.861.753 votantes. Es de presumir que en el mismo sentido y en una proporción análoga respecto al total de posibles electores se expresen a su vez los llamados a las urnas el 27 de septiembre.

Los términos genéricos y abstractos del 9 de noviembre, como las propuestas separatistas del próximo 27, escondían que la verdadera cuestión sometida a los ciudadanos era la que se contiene en la frase de Francesc Pujols popularizada en una versión no literal: “¿Llegará un día en que los catalanes, por el simple hecho de serlo, iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado”?

La independencia es un anhelo universal, pero no alego sino casos cercanos a mí. Durante decenios, yo no he salido de casa en coche sin pasar inmediatamente por una de dos EEMMDD (Entidad Municipal Descentralizada): por un lado Bellaterra, sede de mi universidad; por el otro, Valldoreix, camino obligado al aeropuerto o, ahora, al AVE. Ambas son zonas residenciales, de pomposas torres (‘chalés’); ambas aspiran a salir de los ayuntamientos de Sant Cugat o Cerdanyola y alcanzar la plenitud de uno propio, y para ello hasta han celebrado ya algún “procés participatiu”. La Moraleja, la más lujosa de las urbanizaciones en el entorno de mi ciudad, Madrid, lleva años pretendiendo separarse de Alcobendas. En Italia, mi segundo país, los casos similares van desde Ostia contra Roma a la fantasmagórica Padania.

Raimon Obiols, repetido candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad, afirmaba en 1988 que si para lograr la independencia de Cataluña bastara con apretar un botón, sin ninguna contrapartida negativa, la mayor parte de los catalanes lo apretaría. No percibo cambios sustanciales desde 1988 (ni desde bastante atrás) en el actual panorama del Principado. Si acaso, se me viene a la memoria la pintada que hacia 1980 vi más de una vez en el antiguo reino de León: “Palencia, autonomía ahora, mañana independencia”. Decía Jaime Gil de Biedma en el 68 que donde se leía un rotundo “Exigimos…” había que reconocer un modesto “Nos gustaría…”

La independencia de Cataluña es una apetencia etérea, una vaga aspiración delicuescente, que puede defenderse y mantenerse justamente por su condición de tal. Sin una multitud de concreciones y detalles imprescindibles para formar juicio, votar la independencia es votar únicamente una idea platónica, una figura poética. Porque todos, salvo un número de iluminados y simples (¿ximples?) que por fuerza ha de ser reducido, todos saben que la independencia es imposible. Lo es por un arsenal de motivos, pero máximamente por uno: ningún estado renunciaría al 20% del PIB teniendo a su favor las leyes nacionales e internacionales y la fuerza democrática para aplicarlas.

Por ende, los secesionistas confesos o reprimidos pueden apoyar su ensueño con la tranquilidad de que no es más que eso: ilusión y wishful thinking (en castellano: el pintar como el querer). Otro gallo cantaría si se tratara de optar de veras por las medidas precisas que la independencia supone.

El Llibre blanc de la Transició Nacional repasa algunas de ellas, con los problemas que conllevan: nacionalidad, sucesión de administraciones y contratos, comunicaciones y transportes, gas y electricidad, financiación, seguridad social, etc., etc. Para todas contrapone el eximio Viver i Pi-Sunyer las salidas accesibles según se pacten o no con el gobierno de España. Pero estamos en las mismas: ningún gobierno pactaría unos acuerdos favorables a la independencia de una región teniendo a mano los instrumentos para dificultarla e impedirla. Quimérico pensar en diálogo y negociaciones: la independencia sólo podría debatirla con el estado una Cataluña que previamente la hubiera conseguido. Idénticas razones explican que los no independentistas se hayan implicado tan parcamente en el asunto: ¿para qué discutir y aun votar cuando la independencia carece de toda viabilidad?

Así las cosas, 9 de noviembre, 27 de septiembre y quién sabe cuántas otras fechas han sido y seguirán siendo estupendas oportunidades para que los nacionalistas ejerzan su inalienable derecho a no decidir.

Francisco Rico es filólogo y escritor.

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