El derecho penal, fuera del proceso

Ya hace tiempo que asistimos a la utilización del derecho penal en el llamado ‘proceso’. El último episodio, la detención de la alcaldesa de Berga por no declarar en un procedimiento penal por mantener la estelada del ayuntamiento durante las dos últimas convocatorias electorales. Antes, un concejal del ayuntamiento de Vic también se negaba a declarar como imputado en otro proceso penal en el que se le acusaba de sedición por unas declaraciones en las que afirmaba que en el proceso hacia la independencia se debería desobedecer. Con anterioridad la imputación del presidente de la Generalitat y algunos ‘consellers’ por la consulta del 9-N. Pero el recurso al derecho penal, aunque mayoritariamente, no ha sido solo instrumentalizado por los contrarios al proceso de independencia. También lo han hecho los partidarios del soberanismo. Recuérdese la querella presentada por el Partit Demòcrata Català contra Jorge Fernández Díaz, en el ‘caso Fernandezgate’.

El recurso al derecho penal es utilizado con fines ajenos al mismo, como vía para estigmatizar al oponente y tratar de obtener réditos políticos a muy corto plazo. La presentación de la querella permite, en primer lugar, señalar al contrario en un titular de prensa como ‘presunto’ delincuente. En segundo lugar, la necesaria comparecencia del denunciado para poder defenderse obliga a que sea citado por los tribunales como ‘investigado’. Así se obtiene un segundo titular, a modo de un segundo capítulo mediático, en el que se refuerzan los pretendidos objetivos.

Activado el proceso, los tiempos de la justicia provocarán que el pronunciamiento del juez penal llegue meses más tarde. Y a largo plazo, sin embargo, la estrategia fracasa y se nos vuelve en contra. Los jueces penales, ya sea en fase de instrucción o en el juicio oral, acabaran cerrando la mayoría de esas causas. En unos casos por ser necesaria en la rebelión el uso de la violencia, en otros por no haber quedado probado alguno de los requisitos exigidos en el delito. En otras ocasiones, probablemente, acabaran en condena penal. Y cuando cualquiera de esas hipótesis suceda no lo será porque -como unos pretendan- los jueces penales sean instrumentos en manos del Gobierno central o porque -como lo pretendan los otros- la justicia no funcione.

En el fondo, no nos engañemos, ya contaban con ello. La razón será que esto del derecho penal es una cosa muy seria y sensible, en la que están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos y que, en consecuencia, debe ser activada con prudencia, oportunidad, responsabilidad y como último recurso. La razón será que no debía haberse utilizado nunca para fines políticos.

El principal problema es que acaba generando efectos destructivos para el propio derecho penal, la democracia y Estado de derecho. De un lado, la absolución penal transmite el mensaje simbólico que los denunciados no son responsables por los hechos y faltaría recordar que cuando no existe responsabilidad penal, puede seguir subsistiendo la política. Esto sucederá en el caso del exministro del Interior quien absuelto por los jueces penales, ya nadie ha asumido ninguna responsabilidad política. O al revés, una eventual condena penal puede llegar a reforzar los argumentos de los que piensen que el desafío independentista era una cuestión -«lo ven», dirán- a resolver por la vía penal. Y con ello se reforzará el argumento de no afrontarlo con política. «No se puede hablar con delincuentes».

Es más, la eventual condena no evitará que otro sujeto venga a sustituir al inhabilitado al frente de un ayuntamiento o de la mesa de un Parlamento. Y no hay nada peor para los partidarios del cumplimiento de la legalidad que conseguir que el derecho penal se desobedezca sistemáticamente. Además, puede acabar sucediendo lo que ya hemos visto en otras ocasiones: reformas punitivistas exprés y expresas reclamando más dureza, el uso de la cárcel.

Lo más grave es que esta utilización no solo se hace por acusaciones populares que representan intereses más o menos legítimos, sino que se hace por gobiernos y partidos políticos que, como garantes del derecho y la democracia, deberían ser conscientes de estos peligros.

El desafío soberanista debe alejarse de los tribunales. De todos los tribunales, sobre todo los penales, y ser afrontado políticamente. Es tiempo para la política. Dejemos al derecho penal fuera del proceso.

Joan Baucells Lladós, profesor de Derecho Penal de la UAB.

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