El desafío de una generación: la Constitución, al encuentro del futuro

El desafío de una generación: la Constitución, al encuentro del futuro. La Constitución de 1978 es mucho más que un acuerdo de mínimos o un consenso circunstancial con el límite de las posibilidades de su contexto. Es una proyección a futuro del pacto por la concordia y un acto de coraje y renuncia a lo accesorio para proteger lo fundamental: la convivencia; entonces, ahora y mañana. Por eso sostuvo el maestro Juan José Linz que el careo y elección entre reforma y ruptura constituyó durante la Transición un “falso dilema”, pues “la estrategia de una ruptura clara es viable solo en una situación revolucionaria o potencialmente revolucionaria”, escenario rechazado por los partidarios de una u otra modalidad de cambio.

Reforma y ruptura fueron opciones solo retóricamente enfrentadas, ya que el éxito de un propósito requiere de la viabilidad del otro para no neutralizarse entre ellos y compartir los beneficios y rendimientos del acuerdo. No eran alternativas incompatibles ni mutuamente excluyentes. “Paradójicamente, la transición a veces es posible por la formulación simultánea de ambas posiciones como posturas, con propósitos de negociación más bien que como posiciones finales. De hecho, si ambas posiciones tienen recursos de poder comparables aunque de naturaleza diferente, o si ambas son relativamente débiles debido a la apatía de grandes sectores de la población, la transición solo será posible mediante un complejo proceso que implica a la vez reforma y ruptura”, concluía Linz a principios de los 80.

Esto explica que hiciera fortuna la expresión “ruptura pactada” para definir la Transición y resumir sus equilibrios y logros. Algún autor distinguió sus etapas entre continuismo, reforma (Ley de Reforma Política) y ruptura (Constitución), subrayando que las dos últimas fases coinciden y se acoplan: el aperturismo reformista posibilitó las conquistas rupturistas.

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La Constitución fue el resultado pero sobre todo el comienzo. El punto de arranque a partir del cual reformular el Estado y fundar una democracia. La generación constituyente abandonó presupuestos de máximos para facilitar el gobierno de las generaciones que han configurado durante cuatro décadas el poder constituido. A su vez, esas generaciones que siguen a la constituyente desisten de erigirse cada poco en poder constituyente para mantener vivo el espíritu que inspiró el proceso y preservar su naturaleza. Toda Constitución es siempre producto de su tiempo, pero eso no le resta vigencia. Al contrario, le dota del vigor de los valores y principios que la promovieron. El consenso fue consecuencia del compromiso por la concordia de la sociedad española.

En definitiva, la Transición fue una transacción y, si nos ponemos exquisitos, un verdadero ejemplo de deliberación conjunta en la esfera pública en aras de un bien común; o sea, un verdadero paradigma de republicanismo cívico, que pudo materializarse gracias al concurso moderador de la Corona. El Rey, como árbitro, garantizó el entendimiento entre iguales -porque el proceso preconstituyente los había igualado-, rupturistas y reformistas; del mismo modo que hoy representa la clave de bóveda que sostiene el conjunto del sistema.

Reformistas y rupturistas no solo eran conscientes de los topes de su posición y del alcance de sus propuestas; además, y sobre todo, compartían prioridades. Esta es la lección fundamental, porque actualmente el reclamo de la reforma constitucional es un mero recurso narrativo, cuando no cosmético, o a lo peor, una auténtica propuesta destituyente que incluye la impugnación del periodo más próspero e hito más sobresaliente de la Historia de España -junto con el constituyente de Cádiz- y la sustitución de la democracia por un régimen que la usurpa, adjetiva como popular y finalmente la demuele.

El rupturista de hoy no reconoce la legitimidad de sus adversarios políticos para proponer alternativas a su modelo. Por tanto, no aspira a iniciar un proceso constituyente sino, mediante la expulsión de las instituciones de una mitad y apropiación del poder en régimen de monopolio, derogar la concordia. Cualquier voluntad noble y sincera de acuerdo pro reforma ha de partir de una actitud de reconocimiento de los distintos. La reforma constitucional, por principio, debe prosperar a partir de un sentido, ambición y necesidad compartidos. Más aún, todo proceso constituyente ex novo o bien genera un vacío de poder o concentra durante un tiempo todo el poder. De ahí el inmenso valor de nuestra Transición, que evitó ambas tentaciones. En suma, la reforma no es el problema, sino la pretensión de subvertir el modo de hacerlo. La prueba de que la Constitución es un acuerdo de convivencia a futuro es que pauta el procedimiento para su reforma.

Por eso, nuestra Carta Magna es algo más que un manual de reglas de juego. Es un exitoso proyecto inclusivo que de facto ha permitido a cada generación posterior desarrollar y cincelar la democracia y ajustar y actualizar las instituciones. A la vista está que ninguna fuerza política, por muy extravagantes, excéntricos y extemporáneos que sean sus programas, ha sido excluida de las instituciones.

Con todo, una democracia tiene el deber de defenderse, y una Constitución renunciaría a su vocación de permanencia y protección de la nación y sus ciudadanos si no activase sus propios mecanismos de salvaguarda contra los que la desafían. En los últimos tres años, la Carta Magna ha solventado problemas inéditos: el bloqueo político, una investidura frustrada, repetición de elecciones, un periodo dilatado de Gobierno en funciones, una moción de censura consumada y, sobre todo, un intento de sedición ejecutado por los gobernantes de una comunidad autónoma.

Los constituyentes fiaron buena parte del éxito del modelo autonómico a la lealtad de los actores. Con todo, se reservaron fundamentalmente tres dispositivos de seguridad: la Corona, el Tribunal Constitucional -que ha frenado reformas de la Constitución por la puerta de atrás- y el artículo 155, que permite al Gobierno recuperar la autonomía y obligar al cumplimiento de las leyes, incluido el Estatuto correspondiente.

Depositaron ese instrumento en el Senado. Precisamente, la concepción del Senado revela el acuerdo, y no sin tensiones, entre conservadores y progresistas. Nuestra Cámara Alta no obedece a ninguno de los dos tipos ideales: el ideal conservador es el modelo británico; el ideal progresista, una cámara de representación territorial. A medio camino, ejerce como cámara de enfriamiento legislativo con escasas competencias federales.

Hubo muchas más tiranteces y discrepancias ideológicas entre los ponentes. Por ejemplo, en materia de Educación. El punto de encuentro exigió inconcreciones, elusiones o ambigüedades. De ahí que uno de sus padres, Miquel Roca, haya reconocido recientemente que “los problemas, o tienen solución dentro de la Constitución o es que no tienen solución”. La afirmación no debe provocar frustración. Al contrario. Los constituyentes ni pudieron ni quisieron resolver todos los problemas. Haberlo intentado hubiera provocado melancolía y derivado en fracaso. De modo que nos entregaron una Constitución viva y viable en cada tiempo y con cada mayoría.

Una democracia no requiere hacer de la Constitución objeto de culto, simplemente exige su cumplimiento para garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; lo que exige, a su vez, que se aplique el principio de solidaridad interterritorial. España llegó tres décadas tarde al consenso de posguerra mundial, cuando convergieron en la moderación liberales, conservadores y socialdemócratas, que encontraron confortable acomodo en el artículo 1.

Sobre él, dice Santiago Muñoz Machado en Homenaje a la Constitución (edición de Fernando Palmero): “Quiere reforzar, dentro del Estado de Derecho, la inclinación y la preocupación que deben tener los poderes públicos por la cuestión social, por los derechos no sólo políticos, sino (…) sociales”. Después concluye que, a diferencia de las constituciones liberales del siglo XIX, “la propiedad es un derecho que no está muy garantizado en nuestra Constitución”. Quién lo diría. Pues quien no la conoce, ni valora, ni la quiere. Como sugiere en el mismo libro Nicolás Redondo Terreros, muchos de los problemas que se plantean para modificarla se podrían abordar “aguas abajo de la Constitución”. Y concluye que es un rasgo muy español: “Somos capaces de empezar, pero no de reformar lo que hemos empezado, pareciera como si termináramos aburridos de lo que hemos iniciado y quisiéramos volver” al inicio del camino.

Los padres abordaron el desafío de convencernos de no desandar. Hoy, lo heroico y revolucionario es avanzar, o sea, no desandar.

Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.

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