El desafío del crecimiento en Brasil

“Brasil debe aumentar su crecimiento” ha pasado a ser prácticamente el lema de la presidenta brasileña, Dilma Rouseff. Con una economía casi estancada durante 2011 y la primera mitad de 2012, las palabras de Rouseff no sólo constituyen una necesidad política para ella, sino que también reflejan una preocupación nacional más amplia con el poderío económico, como corresponde a un gran país cuyas aspiraciones son de nivel continental. Esto diferencia a Brasil del resto de la región –donde, de Argentina a Chile, de Ecuador a Venezuela– los políticos prefieren repartir la riqueza natural de cada nación que crear nuevas fuentes de prosperidad.

Durante los últimos diez años, el crecimiento económico de Brasil se ha debido en buena medida al boom de las materias primas, que ha beneficiado también a sus vecinos sudamericanos. Durante 2010, la economía brasileña creció al 7,5%, con políticas fiscales y monetarias muy expansivas que permitieron que el país superara rápidamente la crisis financiera mundial.

Por estos días, políticas de la misma índole de nuevo están logrando su objetivo: el crecimiento ha aumentado en los últimos meses del 2012 y se espera que llegue a más del 4% en el 2013. Sin embargo, al margen de estos altibajos de corto plazo ¿es posible que Brasil alcance un crecimiento sostenido? Y, de ser así, ¿qué o quién impulsará dicho crecimiento?

Un obstáculo evidente para ello es la falta de inversión en capital físico, como lo puede constatar quienquiera que haya pasado por los exasperantes aeropuertos y caminos de Brasil. Este país quiere competir con gigantes asiáticos como China e India, pero su tasa de inversión del 19% del producto interno bruto (PIB) dista mucho de la asiática. E incluso a esa tasa baja, actualmente Brasil tiene un déficit de cuenta corriente mayor al 2% de su PIB, lo cual revela una alarmante falta de ahorro nacional.

En vista de que la nueva clase media brasileña está dedicada a adquirir los artículos de consumo que se condicen con su nuevo estatus, el indispensable aumento del ahorro tendrá que provenir del sector público. En el pasado, aumentar el ahorro del Estado resultó una tarea inmanejable para los políticos brasileños, pero hoy la mejoría en el panorama macro está creando nuevos espacios.

El Banco Central de Brasil ha bajado a un nivel récord las tasas de interés –tradicionalmente muy altas– y ha prometido mantenerlas a ese reducido nivel por largo tiempo. Esto es precisamente lo que un gobierno endeudado necesita. Según los cálculos de Ilan Goldfajn, economista jefe del Banco Itaú, una reducción permanente de 1% en las tasas de interés de corto plazo redunda en un ahorro del 0,5% del PIB para el gobierno.

El desafío político que enfrenta el gobierno de Rouseff consiste en dedicar dichos ahorros a nuevas inversiones públicas o a incentivos tributarios para la inversión privada, evitando incrementar el gasto corriente. Por eso la presidenta tomó una postura muy dura en el prolongado conflicto salarial con los empleados del sector público, en el que ella prevaleció a pesar de la oposición que enfrentó dentro de su propio partido.

Aún cuando Brasil obtenga financiamiento para las inversiones, no queda claro qué sector liderará el crecimiento económico del país. Los brasileños han creado unas pocas empresas de nivel mundial como Embraer, pero casi todos los sectores industriales se concentran en el mercado interno y carecen de competitividad internacional.

Una de las cuestiones principales radica en los altos costos de producción, en especial con respecto a la energía. Recientemente el gobierno ha recurrido a su poder de regulación con el fin de rebajar las tarifas eléctricas tanto para los hogares como para las empresas, pero a largo plazo Brasil tendrá que invertir más en generación. Y como bien lo sabe todo gobierno latinoamericano, este tipo de inversión es cada vez más polémico por motivos políticos y ambientales.

Otro asunto clave es el tipo cambio. Durante los últimos diez años, Brasil ha permitido que su moneda flote, pero dicha política se ha ido dejando de lado calladamente, a favor de una tasa semifija, la que permite que la moneda se mueva dentro de una estrecha franja que apenas supera dos reales por dólar estadounidense. En el pasado, los costos financieros de intervenir en el mercado cambiario resultaron muy altos, de modo que los episodios de fijación rara vez fueron prolongados. Esta vez, el costo de la intervenciones se ha visto limitado por la combinación de la incertidumbre en Europa, los controles de capital y las tasas de interés bajas en Brasil. No obstante, este delicado equilibrio podría verse amenazado por otra ola de liquidez global, tal vez impulsada por las políticas de “relajamiento cuantitativo” de la Reserva Federal de EEUU.

El gobierno de Rouseff también está aplicando incentivos, tales como subsidios, créditos directos y hasta nuevos aranceles, para ayudar a desarrollar ciertos sectores. Quienes favorecen estas prácticas las describen como un nuevo tipo de moderna política industrial capaz de impulsar a Brasil a superar su tradicional papel de exportador de materias primas. Pero sus detractores sostienen que sólo se trata de un intento mal orientado que meramente creará mayores distorsiones y retardará el crecimiento.

A mi juicio, los argumentos a favor de las políticas activistas de desarrollo productivo, planteado por ejemplo por Dani Rodrik y Ricardo Hausmann de Harvard, tienen mucha validez. Los mercados para la innovación y las nuevas ideas no funcionan bien, y los gobiernos pueden contribuir a mejorar sus falencias. No obstante, esos mismos autores demuestran que los requisitos para que dichas políticas tengan éxito, son muy exigentes. Es preciso que los países creen instituciones que proporcionen apoyo – y lo retiren –solamente siguiendo criterios de productividad, en lugar de hacerlo como premio a amistades o a aliados políticos. Si Brasil llega a gestionar correctamente una política de desarrollo productivo, esto será un orgullo comparable a ganar el Campeonato Mundial de Fútbol de 2014.

Andrés Velasco, a former finance minister of Chile, is a visiting professor at Columbia University’s School of International and Public Affairs.

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