Por Ferran Gallego, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona (EL PERIÓDICO, 24/11/05):
Walter Benjamin escribió que la historia no es lo que realmente sucedió, sino aquello que "relumbra en un instante de peligro". El ensayista alemán deseaba medir la estatura didáctica de las circunstancias excepcionales, que nos permiten comprender la historia como una sucesión de pérdidas que no supimos advertir cuando se producían. Señalar la gravedad de algunos acontecimientos no significa inculcar a nuestro paisaje político la exageración, sino dotarlo de cautela. Contra lo que podría parecer, señalar hasta qué punto nos jugamos elementos radicales de nuestro modo de vida, delatar ese "instante de peligro", es un ejercicio de prudencia y una petición de seguridad. Implica tomar conciencia de la línea que podemos estar a punto de cruzar y que significa la normalización de un estado de escepticismo ante las instituciones, de una desconfianza ante su legitimidad, de una quiebra que agrietará no sólo al Gobierno y a la oposición, sino el mismo concepto de ciudadanía.
Quizá el problema sea de diagnóstico, de medición del alcance de una erosión que vivimos con pasmosa tranquilidad, viviéndose como una querella estimulante entre Gobierno y oposición. Yo creo que nos encontramos en uno de esos momentos en que un cambio de ciclo histórico da lugar a sucesos que no son simples interrupciones de la normalidad, meros instantes de turbulencia a los que aguarda una nueva etapa de tranquilidad atmosférica.
Todo el mundo coincide en señalar que el proceso de violencia suburbial que se está experimentando en Francia no es breve dialéctica entre algarada y represión, sino el síntoma febril de una serie de dolencias que han ido incubándose durante largo tiempo, y que incluyeron los seis millones de votos de Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales hace sólo tres años. A nadie parece haberle importado demasiado que cinco millones de alemanes hayan votado contra el sistema. Y ya parecemos habernos acostumbrado a normalizar el complejo fenómeno berlusconiano, que tantos interpretaron como una mera fase de narcolepsia democrática cuya brevedad se ha hecho interminable.
Una concentración de masas en contra de un proyecto de ley orgánica como la que afecta a la enseñanza es el ejercicio de un derecho. Como lo fueron las que se han hecho en otros momentos y bajo otro gobierno. Pero nunca puede verse a sí misma ni presentarse ante la opinión como si se tratara del nuevo recinto de la voluntad popular. El referente institucional como ámbito de decisión política no puede ser matizado ni, mucho menos, impugnado convirtiendo a esos sujetos sociales en una sociedad real que convierte en ficticia a una mayoría parlamentaria. Y el problema no es que haya manifestantes, sino que éstos adquieran el rango de la representación de todos, fracturando automáticamente la autoridad de los elegidos y los electores.
EL PROBLEMA es que lo que puede exaltarse como confirmación de la democracia puede ser su devaluación, cuando no se desea una puesta a prueba de las instituciones que señale su firmeza, sino un tanteo que mida su resistencia. Ese es un camino que no lleva a un Gobierno a tener dificultades, sino que arrastra a todos al abismo de la quiebra de la política. Y, por donde pasa el populismo, no vuelve a crecer la democracia. El sostenimiento del respeto a las mayorías y minorías parlamentarias no es un privilegio de los representantes: es un derecho de los representados.
Es ese carácter sustitutivo el que debe ser afrontado por todos los partidos, sin permitir algo que supone la desnaturalización de cada una de las fuerzas políticas, segando la base de su representatividad. Este país precisa de algo que, sin que parezcamos darnos cuenta, está perdiendo el rigor de su perfil plural, en favor de la elasticidad unánime de quienes se reúnen en la calle para indicar que ahí se encuentra la verdadera ciudadanía. Una movilización que, como está sucediendo, se presente como el origen de una soberanía, irrumpe como un despilfarro plebiscitario conscientemente orientado a promover el déficit de las instituciones. No pretende incrementar su consistencia, sino devaluarla mediante una inflación movilizadora que, sólo en apariencia, aumenta el poder adquisitivo de la democracia. No estamos ante una sociedad que presiona a las instituciones, ante un sector que presenta una demanda cuya expresión siempre es legítima y aleccionadora.
NOS HALLAMOS ante la erección de un mito que ha devastado culturas democráticas más arraigadas que la nuestra. Y tal mito es el de una sociedad que convierte la custodia de sus derechos en recelo ante sus instituciones; la defensa de sus libertades en un permanente estado de impugnación de quienes gobiernan; que no desea expresar su contrariedad contra una medida con la que muchos o pocos están en desacuerdo, sino que desea convertir esa protesta en un acto de afirmación del único poder que merece ser convocado y ostentarse; que acaba contemplándose y pretendiéndose como la realidad problemática y dolorosa de la gente "de verdad" frente a los paraísos artificiales de quienes nada representan.
El desafío populista no es el control del Gobierno, sino una alternativa a cualquier Gobierno. Y esa dinámica tiene todos los rasgos de un peligro que debería preocupar a quienes apuestan por una democracia parlamentaria. Quiero creer que a todos los que se sientan en un Parlamento de España. A todos los ciudadanos para los que este imperfecto sistema era el menos malo de los que hemos sido capaces de experimentar.