El Ministerio de Trabajo acaba de hacer público un plan por el que pretende ahorrar de aquí al final de año 33 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal. Dicho plan para reducir el gasto de las bajas médicas consiste en destinar más de 300.000 euros a pagar horas extras a los inspectores médicos.
No parece que dicho plan sea realmente ambicioso ni vaya a aportar nada novedoso a la gestión de las bajas médicas. Así se desprende del limitadísimo ahorro que se pretende conseguir con dicha medida. Porque pretender ahorrar 33 millones de euros en las bajas médicas cuando el coste para la Seguridad Social de dicha prestación se prevé que ascienda en 2018 a más de 7.200 millones de euros, no se antoja muy impactante. Un plan anunciado a bombo y platillo que aspira a reducir el gasto en un 0,45% es más bien una auténtica tomadura de pelo ¡qué quieren que les diga!
El problema del descontrol de las bajas médicas no se soluciona pagando horas extras a los inspectores médicos. El problema es mucho más profundo, de mucho mayor calado. El gran problema de la gestión de la incapacidad temporal es que quien reconoce el derecho a cobrar la baja médica (los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas) no acarrea con las consecuencias económicas derivadas de ello, ya que quien asume el coste económico de las bajas médicas es –según el caso– el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Es decir, es un sistema por el que quien expide las bajas y las altas médicas carece de incentivos para disciplinar el gasto. Es como si el camarero de un bar tuviera que ocuparse sólo de servir las bebidas que piden los clientes sin preocuparse de tener que cobrar las consumiciones porque éstas son facilitadas gratuitamente por los proveedores. Toda una invitación a los excesos.
El gasto en incapacidad temporal está desbocado: desde 2013 se ha incrementado en un 10% anual, pasando de los 5.000 millones a los más de 7.200 millones con los que se prevé cerrar en 2018, un incremento de 2.200 millones de euros. Ante este verdadero tsunami, todo lo que el Gobierno está dispuesto a desplegar es un plan que –en el mejor de los casos– aspira a reducir el gasto en 33 millones.
El descontrol de las bajas médicas está llevando a una descapitalización acelerada de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales se estima que pierdan 739 millones de euros este año a consecuencia del comportamiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Ante esta dramática situación, el Gobierno se limita a pagar horas extras a los inspectores médicos con la esperanza de ahorrar 33 millones; de risa.
La situación requiere de valentía y de medidas realmente efectivas, las cuales necesariamente pasan por otorgar más capacidad de gestión a quien paga la fiesta, que son básicamente las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Para ello las Asociación de Mutuas (AMAT) ha elaborado en los últimos años distintos informes con propuestas que hablan de ahorros de 2.160 millones de euros al año, eso sí son ahorros y no los 33 millones que ahora vende el Gobierno de Pedro Sánchez.
Esas reformas pivotan alrededor de dar más capacidad de gestión a las mutuas, permitiéndoles adelantar pruebas diagnósticas y tratamientos y expedir altas médicas o al menos poder hacerlo en los diagnósticos de la familia de traumatología, que es el campo de la medicina sobre el que más experiencia atesoran; no en vano las mutuas son las entidades que se ocupan de la asistencia sanitaria del accidente de trabajo. Prescindir del conocimiento y de los medios sanitarios de las mutuas es un lujo que no nos podemos permitir.
En definitiva, es importante tomar conciencia de que si queremos preservar un Estado del Bienestar generoso, éste ha de ser riguroso. Seguir por este camino de descontrol en los subsidios que concede el Estado sólo nos llevará a poner en peligro la propia pervivencia del sistema y que acaben pagando justos por pecadores, que haya que recortar prestaciones para atender a quienes abusan de la generosidad del sistema.
Javier Jové Sandoval es abogado.