Andrés Manuel López Obrador, aquella figura emblemática de los movimientos progresistas que representaba la posibilidad de un cambio profundo en México, cuyo movimiento social reunió a un amplio abanico de simpatizantes donde las mujeres tuvieron un papel fundamental, es ahora un jefe de Estado que ha demostrado un desdén por impulsar políticas de género.
Las mujeres —especialmente los grupos de izquierda— fueron el motor principal de Morena, el movimiento surgido del sector lopezobradorista del PRD, a su vez una amalgama de la izquierda tradicional, uno de cuyos brazos del poder del entonces líder opositor estaba constituido por mujeres progresistas.
Imposible olvidar el vital apoyo que las Adelitas —calculadas por algunos en unas 20.000 campesinas, indígenas y feministas en su mayoría—, le ofrecieron para lograr su triunfo electoral. Encabezadas por Claudia Sheinbaum —quien había sido la secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de López Obrador en Ciudad de México—, las Adelitas tomaron la iniciativa del movimiento y formaron un ejército para llevar a cabo marchas y bloqueos en la sede del Senado a favor de quien parecía la única salida contra los feminicidios y la violencia doméstica.
Hoy, a casi dos años de ser jefe de Estado, resulta chocante que López Obrador no le haya dado prioridad a la causa de las mujeres y ya no parezca interesarle la creación del andamiaje para lograr que esa causa florezca en un Gobierno como el suyo, que se vende como una Cuarta Transformación, supuestamente de izquierda.
Hay datos duros que no son parte de “una campaña de la derecha contra el cambio”, como López Obrador insiste en calificar todo aquello que difunda sus errores, sino todo lo contrario. Reflejan una realidad imposible de ignorar.
Desapareció el presupuesto federal para las alertas de género en los Estados donde hay más feminicidios. De hecho, la reducción en un 75% de los fondos de los programas para combatir la brecha de desigualdad y prevenir los delitos contra las mujeres ha provocado que Amnistía Internacional inicie una campaña dirigida al Poder Legislativo.
Desde julio de 2019, la Cancillería tiene pendiente informar a la ONU sobre sus acciones para tipificar el feminicidio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el asesinato de mujeres por razones de género.
El primer semestre de este año el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ha registrado 1.916 asesinatos, de los que 473 son clasificados como feminicidios. Once mujeres mueren de manera violenta cada día. Hay 104.331 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar, 1.800 denuncias de violencia de género y 7.887 por violación.
Una importante rectificación se produjo de manera reciente, cuando el fiscal general, Alejandro Gertz, convino con el Congreso impulsar una reforma legal para que el asesinato de una mujer se persiga en todo el país como feminicidio, a diferencia de la norma actual, cuyos requisitos para clasificar ese delito a menudo pierden el enfoque de género.
Al reanudar actividades económicas en junio pasado tras meses de confinamiento por la pandemia, las agresiones contra las mujeres, las lesiones y homicidios culposos, así como la trata de personas, aumentaron un 30%, de acuerdo con el SNSP. En abril y mayo, se registraron 73 víctimas de feminicidios. En junio, ese número aumentó a 99 mujeres.
El apoyo de López Obrador se reduce a la legislación sobre equidad de género y a financiamiento directo —clientelar, dirían muchos— a las familias, pero sin política de género, ignorando la enorme desigualdad entre ellas y sus parejas, familiares o amigos varones.
Como está clarísimo que el presidente tiene fobia —en algunos casos con razón— a la sociedad civil organizada, cortó de tajo los apoyos a todas las agrupaciones de esa procedencia, incluyendo las estancias infantiles, afectando a las madres trabajadoras, un sector vulnerable y en condiciones de informalidad. Durante los primeros meses de este año, el gasto del programa de subsidios para las madres sin seguridad social, estrategia que reemplazó a las estancias infantiles, se redujo casi la mitad frente al mismo periodo de 2019.
En su versión de la realidad, justifica la reducción presupuestal con la austeridad republicana e insiste que protege a las mujeres (cuya tarea primordial, ha dicho, es el cuidado del hogar y de la familia) más que ningún otro Gobierno anterior. Pero en los hechos, la vida cotidiana de ellas ha cambiado poco: siguen enfrentando la violencia doméstica, la inseguridad en el transporte, el acoso en la calle, el maltrato, la discriminación.
No hay duda de que López Obrador ha perdido la simpatía de muchas mujeres, quienes lamentan que ese cambio por el que ellas apostaron no se vea reflejado en una reducción en la brecha de desigualdad de género. Otras, que apoyaron su proyecto como candidato a la Presidencia con una agenda clara de derechos humanos, siempre tuvieron cierta resistencia hacia él como político porque ya lo conocían desde que fue jefe de Gobierno de la capital (2000-2005) y les había “quedado a deber” en muchos temas de la agenda. Sabían que no era un aliado leal de la causa de las mujeres. Y la realidad de su Gobierno les ha dado la razón.
María Lourdes Pallais