El deseado inicio de un nuevo camino

Estamos sin duda ante una semana clave para cerrar un ciclo bastante inédito y preocupante de la vida política española. La incertidumbre institucional abierta el pasado 20 de diciembre debe concluir cuanto antes y de la manera más sensata y responsable posible. Cada cual tiene pues que cumplir con su responsabilidad.

El acuerdo suscrito por el PP y Ciudadanos el domingo 28 es, en líneas generales, una buena noticia, a pesar de tener importantes lagunas que también apuntaremos. Respecto del mismo se pueden señalar las siguientes ideas: 1) Es pragmático, algo esencial en política. Viene pues a desatascar una situación complicada en la vida político-institucional española. España necesita un Gobierno y el presente acuerdo allana el camino para ello. 2) El acuerdo puede ser suficiente para lograr superar la sesión de investidura en la segunda votación, esto es, que el candidato Rajoy tenga más votos a favor que en contra. Se me antoja difícil que Rajoy logre los 176 diputados -mayoría absoluta- que requiere la primera votación. Es obvio que no estamos ante un Gobierno fuerte, sino ante un Gobierno de consenso, que necesita apoyos expresos, como el de Ciudadanos, y apoyos indirectos, como la parcial abstención de algunos diputados del PSOE. 3) Todas las fuerzas políticas coinciden en lo enormemente perjudicial de unas terceras elecciones, parece coherente que cada cual realice lo que está dentro de sus competencias para lograr tal fin. PP y Ciudadanos ya lo han hecho, con sus luces y sombras, como veremos, pero avanzamos hacia el objetivo real y posible deseado, a la luz de los resultados electorales del 26 de junio. El PSOE debe hacer lo propio, ya que un candidato alternativo a Rajoy parece inviable, no veo otra actuación responsable y coherente que la abstención en segunda votación de los diputados precisos del PSOE -11, concretamente. 4) Por lo demás, el acuerdo también ha demostrado algunas actitudes políticas interesantes. De un lado la capacidad de Ciudadanos para lograr acuerdos tanto con el PSOE como con el PP, lo cual habla de sus cualidades positivas para la esencia de la política: el diálogo y el acuerdo. Eso le convierte en un actor decisivo en el actual panorama político. Lo contrario que le pasa a Podemos, tanto en el escenario posterior al 20 de diciembre, como en el del 26 de junio, ha mostrado su incapacidad para llegar a acuerdos, salvo con IU, que, por cierto, no logró el apoyo popular esperado. Esto implica que en el presente escenario político, Podemos aparece como una fuerza poco relevante o con poco poder de influencia, a pesar de tener más del doble de diputados que Ciudadanos.

el-deseado-inicio-de-un-nuevo-caminoLo indicado hasta el momento se basa en lograr por fin un Gobierno para España y terminar con una situación de interinidad no deseable en democracia. Esto, que en sí mismo es bueno, nos lleva a un segundo escenario que tenemos que analizar como consecuencia inmediata de esa sesión de investidura no frustrada. Rajoy y el PP no se deben llevar a engaño a pesar de seguir pilotando el Gobierno de la nación. El continuismo respecto de lo realizado por el PP hasta ahora sería inaceptable para España. Hay cuestiones vitales que cambiar y ahí es clave el papel de Ciudadanos y también del PSOE. Creo que se puede y se debe abrir un nuevo tiempo político para España y, además, bueno, pero es vital marcar las prioridades y obligar al nuevo Gobierno a irlas realizando.

En este sentido comentaremos algunos puntos importantes del acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos. Dentro del Bloque III, regeneración democrática: 1) Me parece muy positivo y un verdadero logro que el CGPJ vuelva al sistema de elección de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Gobierno de Suárez de 1980 (12 de los 20 vocales elegidos por los propios jueces), ahora sólo falta que se cumpla, se precisa mayoría absoluta para reformar la actual LOPJ de 1985. 2) Abordar la reforma del Senado, como también se propone, es cuestión complicada y necesaria, pero que implica una reforma de calado de la Constitución y que afecta a la mayor parte del entramado institucional del Estado. 3) No he entendido, sin embargo, la vaguedad e indefinición de una cuestión clave como la reforma del sistema electoral. La propuesta 97 indica simplemente una «mejora de la proporcionalidad». Sinceramente creo que en este punto Ciudadanos ha sido muy poco ambicioso y debiera de haber firmado medidas concretas de peso -tal y como ha hecho en la propuesta 102 del CGPJ- que realmente mejoren esa proporcionalidad, sabiendo que por encima de reducir o suprimir la representación mínima inicial de diputados por provincia o cambiar la fórmula electoral D’Hondt por la Hare (más proporcional), la clave está en cambiar y aumentar el tamaño de la circunscripción, esto es, pasar de la provincia a la Comunidad Autónoma.

Por último, quería incidir en lo importante que es forzar y obligar políticamente al PP, principalmente, y también al PSOE, a cambiar las viejas formas de hacer política, y en esto Ciudadanos se juega su futuro, pues para eso ha nacido, para cambiar las cosas y ahora tiene una coyuntura política favorable para ello. En este sentido creo que el acuerdo no ha abordado con la suficiente decisión el principal problema económico-político que tiene España. Me refiero a la contratación pública en sus diferentes niveles competenciales. Se aborda este tema en el punto 109 con especial referencia a incorporar las tres Directivas de la UE sobre la materia del año 2014. Para apreciar la dimensión del problema debemos recordar el Informe de la CNMC de febrero de 2015 en el que cifraba en 48.000 millones de euros al año el sobrecoste de la contratación pública en España. ¡¡¡¡Una auténtica barbaridad!!!! Es más del 4,5% del PIB. Ayer, en su discurso de investidura, Rajoy apuntaba la necesidad de un sector público eficiente y de no malgastar los recursos. Bien, habrá que recordar al candidato Rajoy esto, junto con la noticia que hace pocas semanas dio Transparencia Internacional España de que las instituciones públicas siguen incumpliendo -ya en febrero les dio un buen tirón de orejas en un informe similar realizado con el Observatorio de Contratación Pública- muy mayoritariamente la Ley 20/2013 que les obliga a publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público -nos referimos a nuestros ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones y universidades. Resulta evidente que tenemos un problema muy serio de verdad, que exige cambios profundos.

Tarea pues no falta para mejorar, como dice el acuerdo, España. Todos los caminos empiezan con un paso. Esperemos que prime la responsabilidad y el sentido de Estado y ese primer paso se dé teniendo por fin un Gobierno en España.

David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

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