Un acuerdo de última hora entre los Estados Unidos y China puede brindar al abogado y activista en pro de los derechos humanos Chen Guangcheng la oportunidad de matricularse en una facultad de Derecho en Nueva York, pero, aun cuando esté a punto de conseguirse una solución para el fracaso diplomático, ese caso sigue siendo en gran medida inquietante. En particular, pese a los más de tres decenios de reforma jurídica en China, Chen dispuso de poquísimos recursos para defenderse contra el acoso y la detención domiciliaría a manos de las autoridades chinas.
De hecho, veintitrés años después de que el disidente Fang Lizhi se refugiara en la embajada de los Estados Unidos, a raíz de la violenta represión aplicada en la plaza de Tiananmen, la única opción de Cheng fue la de saltar a la desesperada a los brazos de diplomáticos americanos. El caso de Cheng revela deficiencias en el régimen jurídico de China y debería dar un impulso con miras a trabar vínculos más fuertes entre los activistas en pro de los derechos humanos y los juristas en sentido más amplio de China.
Chen adquirió relevancia como activista jurídico autodidacta después de que impugnara la aplicación forzosa de las políticas de planificación familiar del Gobierno. Su actitud reflejaba una tendencia más amplia de resistencia basada en los derechos en China que comenzó a finales del decenio de 1990; Chen formaba parte un grupo de abogados y activistas, algunos muy conocidos y muchos otros no, deseosos de que el Gobierno fuera coherente en la aplicación de sus propias normas.
El activismo fue interpretado como una señal de que estaba surgiendo en China una cultura basada en el imperio de la ley, pero la carrera de Chen como activista jurídico sufrió un final abrupto al ser condenado judicialmente por alteración del orden público y la mayoría de los expertos de dentro y de fuera de China consideraron ilegal su posterior reclusión.
El caso de Chen, como tantos otros en China, nos recuerda lo incompleta que ha sido la reforma jurídica china. Pese a las muchas leyes promulgadas, los muchos abogados formados, las muchas salas de audiencia construidas y los muchos millones de dólares gastados en asistencia técnica, las instituciones jurídicas de China siguen siendo déficientes, en particular cuando las causas que se les presentan tienen –o adquieren– connotaciones políticas.
El activismo jurídico en China no carece de precedentes. En 1923, más de cien jueces, fiscales y secretarios judiciales chinos dimitieron en masa para protestar por acusaciones de corrupción amañadas contra el entonces ministro de Hacienda. Su preocupación primordial fue la de que Gobierno se inmiscuyera en el procedimiento jurídico en su prosecución de la causa. “Nos hemos esforzado diligente y cuidadosamente… [para procurar] dotar a nuestro sistema judicial de fundamentos sólidos”, escribieron en su carta de demisión. A consecuencia de la amenaza del Gobierno a la independencia del poder judicial, concluían, “la substancia de los resultados de nuestro largo y arduo esfuerzo se pierde como agua entre las manos”.
Los abogados sostienen posiciones impopulares. Desafían al poder establecido. Chen ha pagado un precio terrible por poner en práctica los ideales de su profesión. En un momento en que el mundo académico jurídico y los profesionales del Derecho son víctimas de ataques en los Estados Unidos, el caso de Chen nos recuerda lo que unos abogados y unas instituciones jurídicas sólidos aportan a la sociedad.
El pasado mes de junio, encabezamos una delegación de nueve decanos de facultades de Derecho de los EE.UU. en una cumbre de dos días con diez colegas de las más importantes facultades de Derecho de China, que concluyó con la declaración conjunta de que las dos partes apoyaban el imperio de la ley y convenían en la importancia de fomentar la integridad de la abogacía. El caso de Chen nos recuerda también que la integridad de la profesión está sometida a presiones.
Los abogados activistas de China desempeñan su labor con poco apoyo explicito de los juristas académicos o de la abogacía. No pueden hablar en las facultades de Derecho y menos aún enseñar o reclutar estudiantes para que trabajen con ellos. Muchos abogados y juristas académicos chinos desean que el imperio de la ley en China sea más sólido y algunos de ellos, como, por ejemplo, Jiang Ping, han advertido sobre el peligro de un retroceso, pero, en casos como el de Chen, incluso los colegas simpatizantes sienten con frecuencia temor de alzar la voz y más aún de actuar.
Ahora los más importantes decanos y catedráticos de Derecho de China tienen una oportunidad de convertir la retórica en realidad. Las facultades de Derecho deben ser lugares en los que estudiantes y profesores aborden plenamente el Derecho y la actividad judicial de China. Eso significa estudiar cómo se está desarrollando y desplegando el Derecho chino en la protección de los derechos y brindando oportunidades para trabar relaciones y comunicarse con quienes están en la vanguardia de esos movimientos en todas las esferas del Derecho.
Poco después de que Chen abandonara la embajada de los EE.UU. en Beijing para ingresar en el hospital Chaoyang, el Gobierno de China hizo pública su habitual denuncia de la injerencia de los EE.UU. en sus asuntos internos, pero los dirigentes chinos no deben extrañarse de ello, mientras mantengan un sistema en el que los abogados afrontan el peligro de ser perseguidos cuando defienden los derechos de los grupos más débiles de su sociedad.
Chen tuvo que recurrir a diplomáticos americanos para que fueran sus defensores, pero sería un mejor augurio para el futuro de China que la profesión jurídica del país se uniera para instar a las autoridades a respetar el imperio de la ley incluso en los casos más delicados, lo que contribuiría a garantizar que tres decenios de reforma jurídica sean más substanciales que agua que se escapa entre las manos.
Michael A. Fitts is Dean at the University of Pennsylvania Law School. Amy Gadsden is Associate Dean for International Affairs at the University of Pennsylvania Law School.Traducido del inglés por Carlos Manzano.