El desguace de la nación española

Ningún español con dos dedos de frente ha dudado nunca sobre los últimos deseos de las minorías nacionalistas, fundamentalmente vascas y catalanas, que con más ruido que número pueblan nuestro panorama social y político: no quieren otra cosa que no sea la independencia. Es decir, la ruptura de la unidad nacional española, la secesión de sus respectivos territorios y la negación radical de la noción de España recogida en la Constitución de 1978: la «patria común e indivisible de todos los españoles». Ahora que la insidia toma también características verbales y pretende marear la perdiz con el viscoso término del «soberanismo», conviene saber a lo que realmente nos atenemos, para no confundirnos inútilmente sobre el propósito terminal del empeño. Los independentistas, sean cuales sean sus métodos, y en ello coinciden «pacíficos» y «violentos», quieren la independencia, la secesión, la ruptura territorial, política y constitucional. Lo del «soberanismo» es otra manera de evitar llamar a las cosas por su nombre y de paso confundir al personal. Aunque en esta hora veinticinco de las verdades del barquero pocos son los que todavía de buena fe puedan llamarse a engaño.

Esto de acabar con la existencia de un país que con toda razón histórica puede alardear de al menos quinientos años de vivencia común no es tarea fácil y los nacionalistas, cuya existencia, se pongan como se pongan, no alcanza en el mejor de los casos a una pequeña fracción de ese prolongado tiempo, y ello haciendo gracia de las volteretas y manipulaciones narrativas a las que han tenido que proceder para intentar justificar sus pretensiones, han debido practicar el arriscado arte del lanzador de honda que pretendía llegar a la luna con alguno de sus cantazos: nunca lo consiguió pero en el camino se convirtió en el mejor hondero de la comarca. En el imaginario nacionalista siempre hay una parábola rústica a mano. Y así, entre fingimientos varios, han ido consiguiendo pasar de matute lo que no estaba en la intención de la inmensa mayoría de los españoles: que la Constitución fuera solo un manto temporal, algo así como un breve cubre vergüenzas, para ocultar la táctica de pasos hacia otros horizontes; que en consecuencia los principios constitucionales no merecieran otra cosa que no fueran insinceras e interesadas adhesiones circunstanciales; que al final del proceso, alegando malos tratos y ofensas solo existentes en el relicario nacionalista —siempre excelso en el manejo del victimismo— hubiera que conformarse con la inevitable realidad de la desaparición de España.

La terquedad mostrada por los nacionalistas en la consecución de sus propósitos no ha tenido paradójicamente respuesta paralela en el denostado nacionalismo españolista y carpetovetónico que desmintiendo a sus críticos ha mostrado grados de paciencia, mansedumbre y flexibilidad tan dignos de loa como lejanos de los perfiles belicosos que con tanto entusiasmo como falta de verdad le atribuyen sus detractores. Por lo menos en este reciente vericueto de nuestra singladura, el que comenzó en 1978, nadie podrá acusar a los que se confiesan constitucionalistas de no haber intentado por todos los medios, incluso algunos que bordeaban por fuera el mismo territorio constitucional, el que los más renuentes pudieran tener a la nación española, sino como madre amantísima, al menos como refugio de calamidades y hogar en el que convivir pacíficamente las noches de invierno. Esfuerzo en gran parte inútil, como acontecimientos recientes ponen de manifiesto. El considerado como nacionalismo «moderado» de la coalición catalana Convergencia y Unión ha confesado ya sin ambages ni tapujos su independentismo en el último congreso de la componente mayoritaria del grupo, sin que la minoritaria haya proclamado convicciones diferentes y sin que el gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por un distinguido convergente, haya hecho otra cosa que confirmar lo que ahora se conoce por la «deriva» secesionista en la que tanta relevancia cobra el clan Pujol. Basta con leer las respuestas que el Arturo Mas dedicó a la valiente y fundamentada intervención de Alicia Sánchez Camacho en la correspondiente sesión parlamentaria para comprobar hasta dónde han llegado las cosas. Y no muy diferente resulta la situación en el País Vasco, donde se expande la especie que la desaparición de la violencia de ETA —ya que no de ella misma— habrá de favorecer una masivo movimiento que en las elecciones regionales de 2013 llevaría a la presidencia del Gobierno vasco, con el apoyo de todos los nacionalismos y sus matices, a un personaje del que no se conoce otro «curriculum vitae» que no sea el de su historial delictivo y que responde al nombre de Arnaldo Otegi. En ambos casos, con alcances diferentes pero idénticas tácticas, se anuncian ya provocaciones para conducir a situaciones de hecho que, desde referendos ilegales hasta desobediencias cívicas, pudieran desembocar en una grave situación de colapso público, parálisis institucional y desmantelamientos de las estructuras básicas de funcionamiento de la España contemporánea. No hace falta añadir que tales planteamientos se hacen coincidir con una grave situación de fragilidad económica y social en nuestro país, con unos poderes públicos desbordados ante la urgencia de las demandas sociales y seguramente con poco margen de acción o de aguante para hacer frente a retos esencialistas.

Difícilmente se podrá recuperar en horas veinticuatro lo perdido en años por bondad o por desidia y seguramente más de una generación será necesaria para recuperar el sentido noble, libre, generoso y participativo de la nación española tal como lo entiende la Constitución del 78. Que el momento es grave lo revelan nerviosismos varios, unos relacionados con incidencias electorales —¿se imaginan al País Vasco presidido por una nacionalista radical procedente de ETA, como ya ocurre en San Sebastián y en Guipúzcoa?— y otros con ciertas medidas de excepción. Por ejemplo, la reclamación de que la Unión Europea se comprometa a no reconocer escisiones de los países que forman parte de ella. Reclamación esta tan bien intencionada como ingenua: la Constitución europea concede a los ordenamientos internos de los estados miembros plena capacidad para su organización y poco cabe esperar de una organización tan proclive a admitir en su seno estados divididos —Chipre— como a alentar en el exterior rupturas de la integridad territorial de otros estados —Kosovo y Montenegro—. Sin olvidar el poco entusiasmo con que sus más caracterizados miembros —Francia e Inglaterra—mostraron en su momento por la reunificación alemana. Lo que sea de España será cosa a decidir por los españoles, sin esperar que otros vengan a sacarnos del fuego las castañas que nosotros mismos dejamos allí consumir.

Claro que cabe recurrir sin timideces a la ley, para cuyo vigor la Constitución sigue contando con el beneplácito de la inmensa mayoría de los españoles. Como también habrá que recurrir sin engaños ni rebozos a la profesión de fe en la España constitucional, no como «tótem» para oponer a los de otros nacionalismos sino como manifestación racional y adecuada para el respeto a la libertad y el fomento de la prosperidad de todos los que vivimos en el solar patrio. Como también, con la máxima celeridad posible, será necesario recobrar los instrumentos que la Constitución pone al alcance de los representantes de la nación española para inculcar su vigencia en las nuevas generaciones: una educación transversal, que apunte tanto la unidad como la diversidad; un conocimiento adecuado de la lengua común y de las específicas de las comunidades que las tengan; una sentido unitario del propósito y de la existencia de una realidad denominada España.

Como bien escribiera James Madison en el número 10 de los «Papeles del Federalista», mucho cabe esperar de la unión y poco o nada de la desunión. Apenas a tiempo estamos de tomar las medidas oportunas, antes de que los que el americano llamaba «fraccionalistas» desguacen lo mejor de nuestra historia. No tenemos otra.

Javier Rupérez, embajador de España.

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