El desguace del Estado mexicano

A comienzos de septiembre, Hillary Clinton indignó de tal manera al presidente Felipe Calderón y a muchos mexicanos, al comparar la Colombia de los años ochenta con el México de hoy, que al día siguiente el presidente Obama tuvo que rectificar a la secretaria de Estado.

La anécdota no debe servir para subestimar la gravísima situación en la que México se encuentra, ni tampoco para librarse de culpas, subrayando las que obviamente recaen en Estados Unidos, de donde vienen las armas y donde se consumen las drogas. México está condenado a seguir viviendo “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” y en el horizonte previsible el poderoso vecino no va a cancelar el mercado libre de armas, ni a disminuir el consumo de drogas, ni a levantar la prohibición.

De modo que México tiene que salir del pozo con una buena dosis de realismo, partiendo de unas condiciones geopolíticas, socioeconómicas y culturales que en buena parte podrían interpretarse como causas del mal que se combate, pero que a mediano plazo son inmodificables.

No hay atajos ni cabe esperar milagros. De ahí que haya que empezar describiendo correctamente la situación, sin exagerar los males -el catastrofismo de nada sirve- pero sin ocultar tampoco aquellos más conflictivos, por chocar los posibles remedios con intereses básicos de algunos sectores.

Cierto que lo que más llama la atención son los miles de víctimas que han originado las luchas sin cuartel de las mafias entre sí, pero por haberse hecho visibles -en tiempos del PRI ya existían, aunque en mucha menor cuantía, pero controladas por el Estado no saltaban a la superficie- no puede decirse que sean la causa de la profunda crisis que vive el país, más bien parecen síntoma de algo mucho más grave que habría que detectar.

Si así fuere, sería un trágico error que el presidente Calderón haya declarado la “guerra” a las mafias, siendo el Ejército el instrumento menos idóneo para doblegarlas. Al fin y al cabo, no son un enemigo externo al que habría que combatir a sangre y fuego, sino una parte, todo lo gangrenada que se quiera, pero parte al fin de la sociedad misma, con amplias ramificaciones en el aparato del Estado.

Cualquier política exitosa ha de combatir los mecanismos que han llevado a las mafias a ir ganando terreno, un proceso, de ello caben pocas dudas, que se corresponde con el vaciamiento y ulterior declive del Estado. La causa última de la crisis profunda que vive México es el progresivo debilitamiento del Estado, cada vez más cuarteado en miles de taifas. La sociedad ha quedado desprotegida ante las más diversas fuerzas sociales, económicas, empresariales, sindicales. El vacío que ha dejado el Estado lo llenan grupos, grandes ypequeños, legítimos e ilegítimos, entre ellos, las mafias que se disputan el poder a su manera, es decir, extorsionando y matando.

Puede fijarse con bastante precisión el comienzo del desplome del Estado en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Al abrir la economía al exterior y privatizar una parte del sector público, Salinas puso en entredicho el Estado corporativo del PRI en un momento en el que se pensaba que para promocionar el desarrollo era imprescindible abrir las puertas de par en par al capital internacional y facilitar el libre desenvolvimiento de las empresas, aunque luego haya quedado patente que el precio a pagar podría ser dejar al Estado inerme ante los poderes empresariales y sindicales, o ante cualquier grupo de presión organizado.

Las reformas económicas de Salinas facilitaron el fin del monopolio político del PRI, de lo que todos nos congratulamos en su día, pero 16 años más tarde los mexicanos se preguntan angustiados cómo ha sido posible que la liberalización de la economía y la instalación de una democracia de partidos haya traído consigo el derrumbe progresivo del Estado.

No espere el lector una respuesta cabal en unas pocas líneas, pero el hecho que importa recalcar es que México pagó muy pronto con una crisis, conocida como la crisis del tequila, la amplia desregulación de la economía y la apertura al exterior con una fuerte bajada de los aranceles, propiciada por el Tratado de Libre Comercio, así como la privatización de más de 1.000 empresas públicas, que si bien tuvieron la virtud de desmontar el Estado corporativo del PRI, al no haber sido implementada con una política fiscal y social que fuera corrigiendo las enormes desigualdades, la sociedad quedó a merced de los grupos y grupúsculos capaces de imponerse por la corrupción o la fuerza.

La crisis que estamos viviendo en nuestros días permite al fin criticar una liberalización desregulada, que en los años ochenta y noventa parecía incuestionable, algo que únicamente una izquierda que se reputaba tan residual como sectaria ponía en cuestión.

Ausente el Estado como garante del orden social, las mafias luchan abiertamente por el control de sus actividades y territorios, las empresas privadas recurren a métodos mafiosos o colaboran con las mafias en un tejido en que ya apenas se distingue lo legal de lo ilegal. Se independizaron los partidos políticos que antes giraban en torno al PRI, pero, sin apenas base social, necesitan de la financiación externa, reforzando el poder de los intermediarios y dejando desprotegidos a amplios sectores sociales.

El PRD es una escisión del PRI que se alimenta de la misma clase política, acogiendo a los rebeldes o a los que no tienen posibilidades en el partido madre. Pese a afirmarse de izquierda, no ha tenido inconveniente en coaligarse con el PAN, el viejo partido de la derecha. El único partido que realmente existe es el PRI, pero con una panideología universalista, que cobija todas las tendencias, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, y con una propensión a confundirse con el Estado que lo hace mucho más que un partido. Es lo que tal vez explique que la eliminación del Estado corporativo, en vez de una democracia más o menos imperfecta, haya traído consigo el desguace del Estado.

Campean a su aire las más variadas fuerzas sociales, desde los sindicatos hasta las empresas y las mafias, con una enorme profusión de grupos de interés que hace ya muy difícil gobernar, máxime cuando los partidos dependen de que los sufraguen los grupos dominantes. Con el pretexto de combatir el autoritarismo del periodo anterior, muchos entienden la democracia como el derecho de cada cual a hacer lo que le venga en gana. Las leyes son objeto de negociación, no solo en su tramitación, que sería lo normal, sino también en su aplicación, lo que en la práctica supone ya la cancelación del Estado de derecho.

Una última observación. Aunque el hundimiento del Estado no tenga en otros países, por ejemplo en España, la gravedad que ha alcanzado en México, se trata de un fenómeno cada vez más extendido que impelen, tanto la globalización desde arriba, como la regionalización desde abajo, que debe preocuparnos. Nada hoy importa tanto como tomar conciencia de todo lo que puede arrastrar consigo el desmoronamiento del Estado.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología. Su último libro es El Estado social.

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