Tener una buena reputación de integridad y decencia es de importancia tanto en las relaciones internacionales como en la vida personal y profesional. Los Estados que son considerados como íntegros y decentes de manera consistente se desempeñan mejor de lo esperado – los Estados escandinavos son prueba patente de ello. Por el contrario, los que nunca ganan dicha reputación – o la dilapidan – pueden poner en serio peligro sus propios intereses, arriesgando el comercio internacional, el turismo, la inversión extranjera, el apoyo político en foros y negociaciones internacionales, y la seguridad de sus propios ciudadanos en el extranjero.
Tres de los Estados más importantes del sudeste de Asia – Malasia, Tailandia, y más recientemente Indonesia – se han metido en problemas, por su propia cuenta, durante los últimos meses. De distintas maneras estos tres países hicieron que surjan dudas en cuanto a su compromiso con el estado de derecho, la integridad de sus sistemas judiciales, y la aplicación de clemencia en la administración de justicia.
En Malasia, el máximo tribunal del país el mes pasado rechazó la apelación del líder de la oposición Anwar Ibrahim contra una sentencia de cinco años de prisión y la prohibición de ser candidato para optar por cargos públicos durante cinco años adicionales – un fallo judicial sorprendente e injustificable. El gobierno del primer ministro Najib Razak actuó en clara venganza al procesar acusaciones de sodomía (un crimen que raramente se procesa en Malasia) contra Anwar. Las pruebas presentadas contra él claramente no tenían calidad probatoria; y, la aceptación de las mismas por parte del tribunal fue un acto ostensiblemente cobarde.
Si se mantiene la ficción de que el tribunal estaba haciendo simplemente su deber judicial en la manera en la que percibió dicho deber, aún podría prevalecer la decencia: se podría conceder a Anwar clemencia ejecutiva. Sin embargo, no hay ninguna señal de que el gobierno de Najib recomendará dicha acción. El verdadero crimen que Anwar cometió fue el hecho que su coalición de partidos conservadores musulmanes, laicos y chinos desafió seriamente la supremacía de seis décadas de duración del Partido Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO) de Najib; dicha coalición perdió los comicios del año 2013 solamente debido a una transparente manipulación en la composición de las circunscripciones electorales.
En Tailandia, el mayor crimen del ex primer ministro Thaksin Shinawatra y de sus partidarios fue continuar ganando comicios nacionales con campañas populistas que amenazaban los intereses de la élite del país establecida en Bangkok desde hace ya larga data. Sin lugar a duda en el camino se cometieron infracciones graves, que involucraron sobornos y corrupción institucional; sin embargo, la escala de esos delitos no podría de ninguna forma justificar el golpe militar del año pasado y la posterior represión.
Algunas de las personas que forman parte del Consejo Nacional de Reforma y del Comité de Redacción de la Constitución, instituciones que fueron establecidas por el ejército, tienen un verdadero interés en cuanto a garantizar que la próxima constitución de Tailandia – la veinteava desde el año 1932 – vaya a ser verdaderamente democrática. Muchos realmente quieren poner fin, de una vez por todas, a la cultura corrupta de la compra de votos que ha afectado por mucho tiempo a la política tailandesa en ambos lados.
Pero la verdadera reforma sólo puede lograrse con un espíritu de reconciliación; sin embargo, el crudo proceso de censura que el régimen militar inició a la depuesta primera ministra Yingluck Shinawatra (hermana de Thaksin) en enero – basándose en acusaciones falsas que parecían endebles incluso a muchos de sus rivales más acérrimos – ha hecho que dicho espíritu de reconciliación sea imposible de alcanzar. La ley, una vez más, ha sido utilizada abiertamente para fines políticos.
El caso de Indonesia es diferente de los otros dos, y menos extremo; sin embargo, es también preocupante para la reputación del país. La victoria del presidente Joko “Jokowi” Widodo el año pasado consolidó el triunfo de la transición democrática del país, y elevó enormemente las expectativas de quienes realizan campañas a favor de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a nivel nacional, la confianza en la capacidad y la voluntad de luchar contra la corrupción de Jokowi se ha visto menoscabada por su nominación – retirada muy tardíamente – al puesto de Jefe de la Policía Nacional de un candidato sospechosamente rico pero bien conectado políticamente.
A nivel internacional, hay creciente preocupación sobre la decisión manifiesta de Jokowi sobre permitir que – después de una larga suspensión – se proceda a ejecutar a una cantidad de narcotraficantes convictos. Su postura no refleja la consideración sobre si los casos individuales de dichos convictos podrían ser merecedores de indulto, y también muestra su aparente indiferencia ante la creciente evidencia que indica que la condena en casos de pena capital podría haber sido motivada más por la presencia o ausencia de soborno y menos por los méritos del caso.
Se ha programado para este mes la ejecución de dos narcotraficantes australianos. Aunque nadie duda de que fueran condenados correctamente hace diez años, su comportamiento desde aquel entonces – además de las interrogantes sobre la integridad del proceso judicial que los condenó a morir, pero permitió que otros vivan – presenta un caso convincente a favor de concederles misericordia, a ellos y a los demás.
Parece que Jokowi aún no comprende, ni tampoco lo hacen una cantidad suficiente de sus conciudadanos, la incongruencia que emerge al negarse incluso a solamente considerar el indulto para los condenados a muerte en Indonesia, mientras se cabildea apasionadamente a favor de obtener el indulto para más de 200 indonesios condenados a morir en otros lugares, sobre todo en el Golfo. Se puede exigir decencia de otros de manera convincente solamente cuando uno mismo practica dicha decencia.
Parece sólo una cuestión de tiempo antes de que los indonesios empiecen a sentir el dolor de esta inconsistencia. Malasia ha ganado la condena mundial por su manejo del asunto Anwar, y Tailandia ha perdido a muchos amigos internacionales desde su último golpe de Estado, que se refleja en una humillante derrota en su reciente candidatura por lograr un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los diplomáticos tailandeses temen otra derrota similar en el intento actual de su país por ganar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Hay algunas consecuencias regionales más grandes en todo esto. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se ha esforzado tenazmente por establecerse como una bisagra geopolítica entre el Este y el Sur de Asia, y por ser un jugador importante en la diplomacia económica y de seguridad de Asia y el Pacífico. En esta cometido ha tenido que lidiar repetitivamente con sutil diplomacia con asuntos como ser el liderazgo autoritario en Camboya, los esfuerzos de Myanmar con respecto a su transición democrática, el tercamente anacrónico Estado unipartidista de Vietnam, y aún con el mal uso consuetudinario de las leyes de difamación para neutralizar a los opositores políticos por parte del impecablemente incorruptible Singapur.
La pregunta que los líderes de la ASEAN ahora deben formularse es cuánto deterioro – e infligido por cuántos de sus miembros de manera simultánea – puede soportar la marca Sudeste Asiático, y aún lograr plenamente sus aspiraciones de crecimiento económico e influencia política. Siempre es tentador afirmar que lo que sucede detrás de las fronteras soberanas no debiese incumbir a nadie más. Sin embargo, esto ya no es una verdad en el mundo interconectado de hoy. Algunos Estados pueden ser grandes y lo suficientemente poderosos como para salirse con la suya en cuanto a su mal comportamiento; sin embargo, ganar el respeto por su buen comportamiento es una base mucho más sólida para el éxito económico y político.
Gareth Evans, former Foreign Minister of Australia (1988-1996) and President of the International Crisis Group (2000-2009), is currently Chancellor of the Australian National University. He co-chairs the New York-based Global Center for the Responsibility to Protect and the Canberra-based Center for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.