El deterioro del mercado laboral

Los paganos de la crisis. Por Cándido Méndez, secretario general de UGT.

La crisis económica está produciendo una destrucción de empleo tan agresiva que la realidad, con más de 4 millones de parados, sobrepasa ya las peores previsiones del Gobierno español sobre la evolución del mercado de trabajo para 2009, y nos encontramos en una situación más próxima a la prevista por la UE. Hemos llegado a un punto crítico en el que es evidente que las medidas están resultando manifiestamente insuficientes. Nuestro motor económico se ha parado, y nuestra prioridad no puede ser otra que reactivarlo.

Si algo está quedando claro es el consenso generalizado en el papel esencial del Estado para resolverla. Las discrepancias surgen al concretar qué es lo que deben hacer los Estados. El FMI auguraba ayer mismo un largo periodo de dificultades si los Gobiernos no adquirían un mayor compromiso en la eliminación de los agujeros financieros que la mala gestión ha producido en las entidades financieras, y que eufemísticamente se llaman activos tóxicos. El resto de propuestas del FMI se orientan a que los Estados recorten sus gastos en inversión productiva y protección social. Es decir, que se concentren en sanear el sistema financiero y se purgue la crisis en los servicios, el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos.

Este planteamiento es idéntico al que están realizando algunas instancias políticas, económicas y empresariales, y que las organizaciones sindicales consideramos inaceptable. El Estado, esto es, el conjunto de instituciones y estructuras de gobierno españolas, no puede articular una respuesta a la crisis que convierta a los ciudadanos en los paganos de la misma.

No se puede consentir que se esté hablando de reducción de las pensiones, cuando la cuantía de muchas de ellas es de 400 o 500 euros; no se puede hablar de reducciones salariales cuando hay millones de trabajadores con salarios en torno a los 800 euros; no se puede hablar de incentivar la búsqueda de empleo eliminando prestaciones, porque además de ser injusto, es el camino a la pobreza y a la exclusión social. Y no se puede decir que un nuevo modelo de contrato generará empleo porque es falso. Las pretensiones de la patronal española están orientadas a facilitar el despido, no la creación de empleo, y las medidas que proponen nos abocarían a una precarización del mercado de trabajo y de la calidad de vida, anulando además la posibilidad de reactivar la economía a través del consumo.

El Estado no puede apoyar al sistema financiero y dar la espalda a los ciudadanos. Debe darles respuestas, y esas respuestas deben concretarse en una colaboración efectiva entre las diferentes administraciones para aplicar los recursos y capacidades del Estado, la financiación pública y la capacidad de endeudamiento, para poner en marcha el motor económico y acometer prioritariamente las reformas que puedan contribuir a esa reactivación, y ninguna otra. UGT lleva varios meses reclamando la creación, entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, de una Conferencia de Empleo e Industria, que ya es impostergable.

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Pacto por el empleo. Por Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO.

Los datos de la EPA son el mejor exponente de la grave crisis económica y financiera por la que atravesamos. Una tasa de paro del 17,36% y más de cuatro millones de personas en el desempleo lo dicen todo. La destrucción de empleo se sigue produciendo principalmente entre los trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y destacan los jóvenes, que es el grupo que mantiene las tasas de temporalidad más altas.

En España, contrariamente a lo que sostienen determinados sectores empresariales, los despidos se producen por finalización de contrato, más de un 50%; por despido improcedente, prácticamente el 35% y sólo un 5% a través de expedientes de regulación de empleo. Así, de los 16,6 millones de contratos realizados el pasado año, 14,6 millones fueron de carácter temporal, en sus más diversas modalidades, lo que explica el más que probable fraude de ley, tantas veces denunciado por CC OO.

El mercado de trabajo español, por tanto, dispone de un colchón que supone que uno de cada cuatro trabajadores tiene contrato temporal. Ésta, y no otra, es la primera causa del rápido ajuste en el empleo desde los primeros síntomas de recesión, y viene a desautorizar a los ideólogos del "mercado sin reglas", obsesionados en vincular reformas laborales y crisis, o lo que es lo mismo, mayor discrecionalidad empresarial para rescindir contratos, abaratamiento del despido y liquidación de la tutela judicial. No parece que la masiva destrucción de empleo encuentre obstáculos en la supuesta rigidez del mercado de trabajo.

En este escenario es prioritario proteger a las personas en situación de desempleo, también a los sectores más vulnerables a la misma y especialmente a las que carecen de protección social, además de construir el consenso social y político necesario para alcanzar un pacto que ayude decisivamente a cambiar el patrón de crecimiento.

Un pacto de legislatura por el empleo, la protección social y la economía productiva, en el que participen los agentes sociales, el Gobierno de España y, en su ámbito, las comunidades autónomas. Un acuerdo de carácter integral en su concepción, desarrollo y ejecución, capaz de comprometer una base industrial sólida que invierta en I+D+i, mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al modelo productivo.

La convicción de que la economía española atraviesa por un momento extraordinariamente grave, de que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras se encuentran en los márgenes de la exclusión social, de que las respuestas que se han puesto en marcha o se proponen no tienen la capacidad de afrontar con eficacia la situación, y de que no saldremos de ésta sin una implicación activa del conjunto de la sociedad, empezando por sus principales actores, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales, es lo que lleva a CC OO a proponer un pacto de legislatura y a actuar sin más tardanza.