El día después

El resultado de las elecciones autonómicas catalanas celebradas ayer refleja cosas ya en gran parte sabidas: en el marco de una comunidad profundamente dividida, no hay mayoría social separatista, el sistema electoral distorsiona la equivalencia entre voto y escaño y las opciones constitucionalistas, en consecuencia, ven reducidas sus expectativas parlamentarias. Y la consolidación de Ciudadanos como partido mayoritario en Cataluña es, que duda cabe, una excelente noticia.

Apresurado resulta predecir quién y cómo podrá formar gobierno, aunque por mi parte no quiero ocultar mi ferviente deseo de que una mayoría constitucionalista suficiente pudiera hacerlo. Tampoco mi convicción de que, si así fuera, al partido que resultara fuerza mayoritaria le correspondería la presidencia regional. Pero aunque así no fuera y la mayoría resultara ser la integrada por los retales del separatismo burgués/izquierdisto/anticapitalista, la conclusión sería la misma y la situación la bien conocida: España sigue siendo un Estado de Derecho regido por una Constitución y las leyes consiguientes que consagran una comunidad de ciudadanos libres e iguales convocados en el carácter indivisible de la patria común. Mantener, soportar o admitir otra cosa es tanto como dar pábulo de nuevo a las pretensiones golpistas e ilegales que finalmente encontraron su tope en la aplicación del artículo 155 de la Constitución de 1978. Y cuyo preámbulo vino marcado por la contundente, impecable y emotiva intervención de S. M. el Rey Felipe VI el 3 de Octubre del año que ahora acaba.

Es cierto que la provocación separatista del nacionalismo catalán desarrollada con artera y criminal alevosía durante los últimos meses, culminando con ello un plan secesionista que llevaba gestándose tres décadas, ha puesto al país en la crisis más grave que los españoles han conocido desde que en 1936 comenzara la guerra civil. Es cierto también que en estos pocos y breves tiempos hemos aprendido, y es de esperar que definitivamente, cosas de cuyo alcance solo cabe extraer una profunda vergüenza: la doblez sistemática de la clase política del separatismo catalán, la culpable timidez de los sectores económicos y sociales que durante años han alimentado pecaminosamente a la bestia, el carácter abiertamente racista –el adjetivo supremacista se queda corto– de las propuestas pseudopolíticas de los que han querido mantener el envenenamiento sectario de la población catalana, la naturaleza profundamente reaccionaria de todo el «proceso», y, por decirlo casi todo, la lamentable actitud de parte de la Iglesia católica catalana, acompañada en ello por la pacata timidez de sus pastores, regionales y nacionales, al sumarse a un intento irracional, ilegal y, si bien se mira, profundamente antievangélico, que ha traído consigo enfrentamientos personales, familiares y civiles de difícil reparación. El conjunto de tal despropósito, que aunque tardía no menos eficazmente ha acabado con sus perpetradores y cómplices en la cárcel, ha empobrecido psicológica y económicamente a Cataluña, ha golpeado gravemente la consideración del territorio y de sus habitantes en el resto del país, ha inducido un inmenso desasosiego en toda España y nos ha colocado en el peor nivel de reputación internacional conocido desde que consiguiéramos transitar pacíficamente de la dictadura a la democracia hace cuarenta años.

Hemos aprendido también otras cosas: que una buena y seguramente mayoritaria parte de la población catalana no está en la órbita del que se quería obligatorio credo separatista, que la ciudadanía española sigue adhiriéndose mayoritariamente al credo constitucional, que la roja y gualda no es la bandera de nadie sino la de todos, que la aspiración masiva de esta sociedad es la vivir en el pleno reconocimiento de sus derechos individuales, por encima de las variedades locales y que la reclamación más extendida es la de una España tolerante, liberal, unida y diversa, nacional y europea, capaz de integrar los claroscuros de su pasado en una esperanzadora visión de su futuro.

Reconozcamos, con todo, que los daños son múltiples y de no fácil reparación. Los separatistas no van a cejar en su enloquecido empeño y los que no lo son, empezando por los representantes de la institucionalidad española, deberían tomar de ello buena nota: no caben componendas, ni diálogos, ni cesiones, ni mediaciones cuando lo que se halla en juego es la misma sustancia de la libertad ciudadana. No caben vacilaciones ni medias tintas. No debe haber lugar para una educación que educa en el odio y evita el aprendizaje del español. No debe haber lugar para el sistemático robo de una Generalitat separatista dedicada con profusión a malbaratar los impuestos de todos los españoles en proyectos que tienen como último propósito la ruptura de la patria común. No debe haber lugar para una «policía integral» que incumple sus tareas de protección ciudadana para desempeñar otras dictadas por el sectarismo partidista. No debe haber lugar para medios de comunicación financiados con fondos públicos y puestos al servicio exclusivo de la mentira y de la manipulación del separatismo rampante. Y puestos a ello, y para aviso de navegantes, no cabe tolerar que al amparo de la catalanidad los dirigentes políticos del País Valenciano y de las Islas Baleares pretendan imitar, a la chita callando, los mismos desvaríos de sus congéneres separatistas catalanes.

Porque no está únicamente en juego la unidad constitucional. Está con ella, además, y también en juego la misma noción de nuestra convivencia. Los nacionalistas de variada especie querrían configurar el espacio nacional en una confederación de tribus, cada cual dominada por los correspondientes sectores estamentales que, a la medieval usanza, permanecen en las manos de sus correspondientes y eternas clases extractivas. Y los separatistas catalanes, en ello maestros de la infundada arrogancia, tan dados a presumir de lo que nunca han tenido, que es decencia, y siempre proclives a la tarea del pillo que consiste en dar gato por liebre, han conseguido al menos, y a su pesar, recordarnos que no hay atajos para mantener la libertad, que no hay pretextos para ensuciar las mentes de los ciudadanos, que el futuro colectivo en España, en Europa, en el mundo está marcado por la práctica de la democracia liberal, globalizante e integradora de la que ellos reniegan. Y ya no caben excusas: o colectivamente aprendemos la lección o también colectivamente nos condenamos al caos. Exclusivamente en nuestras manos está la respuesta.

Javier Rupérez es académico correspondiente a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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