El día después del referéndum

Que no va a haber referéndum el 1-O lo sabemos todos y, por supuesto, también quienes lo han convocado. ¿Pero con qué nos encontraremos el 2-O, que está sólo a 24 horas después de la fecha del referéndum anunciado y, por lo tanto, tan cerca como éste? Y ¿cómo haremos frente a los que nos encontremos? Hay que pensar en ello desde ahora, porque del 1-O todo está dicho ya.

Nos encontraremos, por lo pronto, con una serie de procesos constitucionales y penales ya iniciados, que seguirán su curso, lenta pero inexorablemente, hasta su final. De los procesos constitucionales poco hay que decir porque su mera promoción, una vez admitida por el Tribunal Constitucional, deja en suspenso la medida o la norma impugnada, lo que da tiempo al Tribunal para dictar la sentencia correspondiente, tarea sencilla dada la abundante jurisprudencia existente.

Lo único que merece la pena retener aquí es que, contra lo que cree o dice creer el Sr. Puigdemont, el TC puede en el caso de que sus resoluciones sean incumplidas, total o parcialmente, acordar la suspensión en sus funciones de todas las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal o bien imponer a aquéllas o éstos una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros, susceptible de ser reiterada cuantas veces sea necesario hasta asegurar el cumplimiento íntegro de lo mandado (artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal, modificada por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de Octubre). De los procesos penales tampoco es necesario decir gran cosa. Sólo notar que hasta ahora los aventureros que han impulsado el procés más allá de los límites de la Ley creyendo que todo era gratis y que había barra libre tendrán que empezar a pensar en serio que no era así y que más pronto que tarde les llegará una factura que no tendrán más remedio que pagar, unos en términos de inhabilitación, que no es cosa muy grave, aunque sí les impedirá seguir disfrutando de la “sopa boba”, y otros, en cambio, con pérdida de libertad por un cierto tiempo, si se prueba, lo que no parece difícil, que han utilizado fondos públicos para financiar el festival independentista.

Nada de esto plantea especiales dificultades, ni ha de ser motivo de especial preocupación, como es notorio. Lo que sí va a ser peliagudo es reconducir a la normalidad la situación de una Comunidad Autónoma que lleva varios años en abierta rebeldía contra el Estado, porque en ella no sólo se ha impulsado ese procés aventurero, sino que se han incumplido las Leyes del Estado y se han dejado sin ejecutar sentencias firmes de los Tribunales con absoluto desprecio no ya de éstos, sino también y sobre todo de los derechos de los ciudadanos que las obtuvieron, que siguen siendo desconocidos por quienes no han tenido otro norte que su mera voluntad.

Eso es, en efecto, lo que vamos a encontrarnos el 2-O: un Gobierno autonómico en rebeldía y una Comunidad Autónoma en quiebra.

Esta situación se ha venido tolerando hasta ahora porque el Gobierno del Sr. Rajoy, consciente de que las demás fuerzas políticas iban a medir con cicatería su apoyo, ha extremado la paciencia y la cautela y ha evitado echar más leña al fuego del nacionalismo desatado, ya de por sí muy vivo. En su afán, muy elogiable por cierto, aunque nadie se lo ha agradecido, ni se lo va a agradecer, ni en Cataluña, ni en el resto de España, el Gobierno del Sr. Rajoy no ha dejado de inyectar liquidez en la economía pública de Cataluña, consciente de que allí viven no sólo los aventureros de la independencia, sino también un número por lo menos igual al de éstos que no tienen por qué sufrir las consecuencias de una aventura que no comparten en forma de disminución del nivel de prestación de los servicios públicos, como se hubiera producido inevitablemente en otro caso. ¿Recuerdan la crisis de las farmacias?

Pues bien, pasada ya la fecha del referéndum, hay que hacer lo preciso para encauzar la situación, para restablecer la legalidad hollada, para garantizar la ejecución de las sentencias firmes de los Tribunales que siguen incumplidas, para reconducir la situación económica, para frenar el caos y poner un mínimo de orden.

Cataluña está en quiebra y, como le ha ocurrido a tantas empresas, grandes y pequeñas, tiene que ser declarada en concurso para poder sanearla y asegurar su viabilidad. Y, ya se sabe, para poner fin al concurso hay que llegar a un acuerdo con los acreedores, lo que exige, sin duda, buena voluntad por ambas partes, y por supuesto, mutuas concesiones: los acreedores concediendo una quita y una espera, no el perdón íntegro de la deuda contraída tan irresponsablemente en esta carrera desenfrenada hacia el precipicio, y el deudor reduciendo también sus pretensiones hasta donde éstas puedan ser razonablemente aceptadas por aquéllos.

La sociedad civil catalana, que sabe de esto, sin duda, es la que tiene que dar un paso adelante para que ese convenio imprescindible pueda poner fin al concurso y devolver la solvencia y el crédito a una nueva Generalidad asegurando así la vuelta a la normalidad.

Es posible que para esto sea preciso echar mano en algún momento de medidas extraordinarias, lo que haría entrar en juego el artículo 155 de la Constitución, transcrito del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, precepto que hay que desdramatizar porque no significa en absoluto sacar los tanques a la calle, ni mucho menos, sino simplemente poner temporalmente en manos de las autoridades del Estado un poder de sustitución que les habilite para “dar instrucciones” a los órganos autonómicos en la medida estrictamente necesaria para asegurar la corrección de la situación de incumplimiento que ha motivado la apelación a este precepto extraordinario.

Normalizada la situación y pacificados los espíritus, nunca antes, será el momento de afrontar la solución definitiva del problema que pasa inexcusablemente por una reforma parcial de la Constitución, que, una vez lograda, habrá de someterse a referéndum de la totalidad del pueblo español, única manera de recobrar el consenso pedido.

Reforma, ¿de qué? Del título VIII de la Constitución, que nos sirvió para salir del paso en 1978, pero que ha quedado vacío de contenido porque se limitó a reconocer el derecho a la autonomía de las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, un derecho ya ejercido del que ha salido el Estado de las Autonomías que tenemos, un Estado formado empíricamente al compás de la dinámica política, sin ningún plan previo, ya que la Constitución se abstuvo de diseñar plan alguno, que se resiente por ello a diario de la ausencia de mecanismos que aseguren la correcta relación del Estado stricto sensu y las 17 piezas que lo componen.

A los socialistas les gusta hablar de una España federal, término éste que, al parecer, tiene para ellos el valor de una panacea. A mí no me gusta porque induce al engaño y en este punto hay que ser esta vez muy claros, vista la experiencia. Pero, prescindiendo del nombre, que resulta muy ambiguo en el ámbito del Derecho Comparado, porque el calificativo de federal se da sin ningún rigor a realidades que tienen muy poco en común, no tengo ningún inconveniente para aceptar el contenido de la Ley Fundamental de Bonn, esto es, del esquema de reparto de las competencias entre el Bund y los Länder, es decir, entre el Estado propiamente dicho y las Comunidades Autónomas, las reglas de relación entre aquél y éstas y los principios básicos de la distribución de los gastos y, sobre todo, de los ingresos tributarios.

No creo que nuestros federalistas avant la lettre puedan poner pegas al federalismo alemán, que es el más prestigioso en Europa y el de más fácil importación para nosotros. Yo, desde luego, no tendría inconveniente en firmar algo parecido desde ahora.

De esto es de lo que hay que empezar a hablar, no de pluralismos nacionales, ni vaguedades por el estilo. En 1978 salimos del paso como pudimos porque el futuro distaba entonces de estar claro, tratándose como se trataba de salir de 40 años de dictadura; ahora ya, con otros 40 años de experiencia de descentralización y democracia, estamos obligados a acertar, y para eso es imprescindible afrontar el problema con rigor.

Tomás- Ramón Fernández es catedrático emérito de la Universidad Complutense y Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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