El presente será recordado como el año en el que el Gobierno de una recién inaugurada legislatura tuvo que recurrir a mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico con la esperanza de no ser utilizados nunca por su evidente excepcionalidad, atendiendo su componente limitativo de derechos tan importantes como el de la libre circulación, la libertad de mercado o el de reunión, con la finalidad de proteger la salud pública en el contexto de una pandemia mundial sin precedentes en la Historia contemporánea.
Sin la ayuda de los postulados democráticos sobre los que se sustenta nuestro Estado de Derecho, no habría sido posible encontrar el equilibrio entre la imprescindible lucha contra la Covid-19, que la sociedad en su conjunto debe llevar a cabo, y la ineludible salvaguarda que las instituciones deben procurar de los derechos individuales previstos en la Constitución. Precisamente, es en estos momentos de incertidumbre en los que corresponde aprovechar el Día Internacional de la Democracia, que conmemoramos ayer, para exigir de nuestros gobernantes la práctica constructiva y serena del diálogo como expresión del pluralismo político que debe irradiar la actividad parlamentaria de nuestro país.
Mediante el ejercicio de un liderazgo responsable, los intereses partidistas y los egoísmos excluyentes deben claudicar por el bien común, pues solo así la sociedad puede seguir avanzando por la senda de los principios universales que se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y que hoy se ensalzan como Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de los que se desprende el sentimiento secular de un mundo mejor a través de los valores de la libertad, la igualdad y la justicia.
Para la realización de tales propósitos resulta inaplazable reforzar los contenidos materiales sobre los que se construye el Estado del Bienestar; con la convicción de que determinados servicios esenciales como la educación, la sanidad, la investigación científica o la justicia -con indudables beneficios sobre el conjunto de la sociedad- deben ser tratados, aun a pesar de la repercusión que la contracción de la economía tiene sobre los presupuestos, siempre como una inversión y nunca como un gasto.
En ese sentido, la escucha recíproca y el diálogo entre nuestros representantes deben ser el reflejo de tal compromiso como expresión viva de la democracia, en el que la diversidad ideológica y el libre pensamiento sirvan para la creación de espacios comunes en los que todos y todas puedan sentirse plenamente identificados. La democracia es el único sistema político que ha demostrado, desde el inicio de los tiempos, la capacidad de ofrecer y garantizar un entorno adecuado para que la paz social y la concordia puedan tener lugar.
La democracia nos ha permitido obtener un nivel de progreso económico y social nunca antes alcanzado, sin olvidar los grandes desafíos que aún tenemos por delante, como son la lucha contra la pobreza, la discriminación contra mujeres y niños en todas sus formas, la emergencia climática o la corrupción.
Así, la sociedad en su conjunto debe reclamar de los partidos con representación parlamentaria y de los diferentes poderes del Estado que actúen con rigor, transparencia y seriedad para alejarse de la alargada sombra de la corrupción con la que las formaciones políticas se han visto salpicadas a lo largo de los últimos años, -desluciendo gravemente la actividad de las administraciones públicas- habiendo sido la ciudadanía, como mera espectadora, la que ha resultado ser la última y principal perjudicada.
Precisamente, la democracia debe servirnos para reconducir esa intolerable desviación de poder y recuperar el sentido de las instituciones hacia el legítimo fin para el que fueron dispuestas como refuerzo de su soberanía; pues como dijo Abraham Lincoln con enorme acierto, «la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».
María Eugènia Gay es decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).