Desde la necesidad de unos y otros de acomodarse al resultado electoral, PSOE y PNV se mueven entre las voluntades y las tentaciones. En Ferraz, las cuentas cantan, pero hay margen para recordar a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos que se puede contar con todos o con parte porque CiU sería suficiente, pero no imprescindible, y otro tanto podría decirse de PNV más BNG. Y en Sabin Etxea es evidente que los resultados han sido peores de lo aceptable y no sirve consolarse en la coyuntura de la bipolarización y el indudable efecto de la imagen construida en torno a Zapatero. Las voluntades parecen claras. Desde el gesto socialista de reconocer al PNV como interlocutor prioritario, a una cierta disposición nacionalista a un acuerdo estable para la legislatura, que hasta la fecha no entraba en sus planes.
En el manifiesto que enmarca el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), que se celebra hoy como cada Domingo de Resurrección, el PNV pone sobre la mesa las cartas boca arriba a la hora de afrontar ese diálogo. La expectativa del nacionalismo democrático pasa por aceptar el guante de una renovación del pacto estatutario en el que se incorpore de manera tangible el reconocimiento y los mecanismos de ejercicio del derecho de decisión. A nadie se les escapa que la primera parte de la formulación será de más fácil encaje que la segunda. Aun a costa de que dentro del propio espectro sociopolítico aberzale, dentro y fuera del PNV, haya quien reproche en tono de renuncia la admisión de un dibujo con horizonte nuevamente estatutista, la evidencia habla de que la formulación política más realista de las aspiraciones aberzales pasa hoy por un pacto de esas características.
Ayer mismo, el presidente del Bizkai Buru Batzar, Andoni Ortúzar reivindicaba la herencia de la división estratégica histórica entre ETA (cuya única dimensión como "agente político" quedó de nuevo manifiesto en Calahorra) y el PNV (más allá de la que ya constituye la violencia) en los primeros años de la transición cuando los primeros optan por un modelo rupturista en las relaciones del pueblo vasco con el Estado español y los segundos por uno reformista que toma cuerpo en el Estatuto de Gernika. Pero es igual de obvia la convicción general, se exprese públicamente o no, si atendemos a la más reciente propuesta de la izquierda radical: un modelo autonómico a cuatro entre los territorios de la CAV y la Comunidad Foral Navarra. Un modelo tal se configura solo desde el fundamento legal de un Estatuto de Autonomía. Y, sin embargo, no faltarán hoy los reproches de ese mundo tratando de desgastar la base social del PNV.
Con la línea de diálogo propuesta por el nacionalismo histórico debería desaparecer el argumento falaz de que sus posiciones no caben en el ordenamiento legal. Un nuevo acuerdo estatutario está plenamente definido, procedimentado y protegido por la normativa. Tanto es así que ya se transitó esa ruta en la propuesta de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento vasco y que recibió un portazo sin diálogo en el Congreso para satisfacción de las mayorías parlamentarias y desgracia del sentido común. Ahora se supone que también en la agenda del PSOE figura la reforma estatutaria que el PSE de Redondo Terreros boicoteó años atrás, lo que debería facilitar las cosas.
Ocurre que pese a tan buenas intenciones por parte de todos no estamos para dar por hecho ningún acuerdo. Si el acuerdo no se define por todos como una prioridad en sí mismo frente al calendario electoral, todo se irá al traste. La tentación de intentar un asalto electoral a Ajuria Enea desde la plataforma de voto obtenida por el PSE el día 9 es real. Cuando Patxi López pide el anatema de la hoja de ruta del lendakari está alimentando unas elecciones anticipadas antes de fin de año. Y, sin embargo, el diálogo que las ejecutivas de uno y otro partido se ofrecen es la primera de las fases de esa hoja de ruta y deja de ser tabú en cuanto se le quita de en medio el eslogan de la consulta.
Los aberzales aspiran a situar ese diálogo en los términos que ya rozaron el consenso en Loiola, durante el proceso a tres bandas del que participó la izquierda radical durante el alto el fuego de ETA. Ahí también estaba sobre la mesa el derecho de decisión, verdadero nudo gordiano del conflicto vasco, en el margen que cada parte estaba dispuesta a asumir como mínimo común denominador. Más allá del debate hueco de tirios y troyanos sobre su cabida o no en una Constitución que ya ha sido reformada sin empacho cada vez que ha sido preciso ceder soberanía a las instituciones europeas en grado obviamente inconstitucional. Quizá eran otras expectativas las que animaron al PSE a ser más receptivo, pero negar ahora la mayor requeriría explicar a los vascos, también a los que le han situado como primera fuerza, por qué los pelos que estaba dispuesto a arrancarse para cerrar ayer un acuerdo con Batasuna no merecen quedarse mañana junto a los que entregue el PNV en un diálogo bilateral. Se buscaría un modelo estatutario que no se vea sometido a tensiones en función de quién ocupe la Moncloa o Ajuria Enea ni se vea vaciado de contenido. Va para 30 años la vigencia del actual Estatuto, pero es aún mayor el número de transferencias retenidas por la Administración central en este tiempo. Los vascos y los españoles merecemos un modelo de relación y reconocimiento bilateral capaz de sustentar una convivencia amable. Por errores, seguramente de todos, el actual no ha satisfecho esa necesidad.
Iñaki González, periodista.