El diálogo imposible

Llevamos tres años asistiendo a un diálogo imposible: el de Mariano Rajoy (Gobierno de España) y Artur Mas (Generalitat de Cataluña). Imposible porque los términos en que se plantea por ambas partes no tienen ninguna coincidencia y cada uno, envuelto en su bandera, no se mueve ni un milímetro.

El señor Mas, desde octubre de 2012, pide algo que ningún gobierno podrá nunca reconocer porque supone un atentado a la soberanía nacional y a la unidad de España. Este y no otro es el significado de un referéndum, consulta, o como se le quiera llamar, en el que a una determinada población asentada en una parte del territorio español desde hace más de quinientos años se le pregunta si quiere seguir en España o quiere irse de ella. Es indiferente cuál sea el resultado de la consulta y si este es o no vinculante. El solo planteamiento de la pregunta supone ya el reconocimiento de soberanía antes de usarla y el otorgamiento a esa comunidad del derecho de autodeterminación, haga o no uso de él en este momento. Ahora bien, esto significa un atentado flagrante a la Constitución española, en el corazón mismo de esta (artículos 1 y 2). Pues bien, esto es lo único de lo que el señor Mas quiere hablar. En épocas anteriores, tanto él como sus correligionarios y aun los fundadores mismos del nacionalismo catalán (generación de Prat de la Riba y Francesc Cambo), así como sus continuadores (generación de Jordi Pujol), fueron integradores y nunca plantearon el catalanismo como un movimiento independentista. Pero el señor Mas, ignorando a sus antepasados, se ha erigido en un nuevo Moisés, dispuesto a «liberar» a su pueblo de no se sabe qué faraones que lo mantienen sojuzgado; y se ha comprometido a conducirlo a la tierra prometida. Ha abandonado cualquier otro proyecto y cualquier otra política que no sea la independencia. Y no quiere hablar de nada más.

Por su parte, el señor Rajoy se ha revestido de la Constitución de 1978 y le ha replicado, una y otra vez, que el diálogo no se puede centrar en lo imposible, como es cualquier acuerdo que viole la Constitución y suponga un atentado a la soberanía nacional. Esto es muy de alabar. Ahora bien, el señor presidente del Gobierno no debería limitarse a ello. Debería esforzarse en hacer comprender, no sólo a los nacionalistas, sino sobre todo al pueblo de Cataluña, que su pretensión carece de fundamento racional, que va contra la historia de más de cinco siglos y también contra el bienestar y el futuro de los catalanes (y del resto de los españoles); que el abandono de España supondría un gran empobrecimiento para Cataluña y la ruptura de esa sociedad; que no se quebraría sólo la unidad de España, sino también la unidad de Cataluña, con graves conflictos de convivencia en el futuro; y en fin, que ello supondría su aislamiento, con salida de la Unión Europea y del sistema monetario europeo.

Un sinfín de consideraciones más han sido formuladas en estos últimos años por numerosos analistas, historiadores, economistas y distinguidos juristas. Reflexiones que deberían hacer también los líderes políticos españoles, del Gobierno y de la oposición, tratando de encauzar las reivindicaciones catalanas hacia un terreno en el que el diálogo, la corrección de errores –si es que los hay– y el pacto fuesen posibles. Pero el señor Rajoy no ha formulado tampoco ninguna oferta o propuesta alternativa a la demanda imposible del nuevo nacionalismo secesionista de los señores Mas y Junqueras. Algunos analistas recientes del conflicto catalán están llegando a la conclusión de que este no tiene solución, que Ortega tenía razón cuando dijo aquello de que lo único que se puede hacer es «conllevarlo». Pero yo creo que esto es un error. El problema tiene solución si se le trata no con nacionalistas, sino ante el pueblo de Cataluña que ha sido siempre más sensato y razonable que sus líderes políticos. No tendrá efectivamente solución si no se hace nada por buscarla y el Gobierno se limita a esperar a que escampe. Porque no va a escampar. Hay que sentarse y escuchar las reivindicaciones posibles de Cataluña (algunas fundadas, que las hay), y tratar de demostrar a tirios y troyanos que hay remedios para estas mejores que la secesión.

Hay que hacer frente a los problemas. He leído que el pasado mes de julio la Generalitat planteó al Gobierno 23 peticiones que no conozco en detalle, pero supongo que no se referían todas a la independencia. Pues bien, hay que hacerlas públicas y contestarlas, dar razón de ellas a la gente. Para encontrar vías de salida al conflicto constitucional y estatutario de Cataluña no es bueno el inmovilismo total. Numerosos profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, catedráticos de Estructura y Análisis Económicos, de Historia de las Ideas e Historia Económica y de otras disciplinas han publicado en los últimos años libros y artículos en los que ofrecen soluciones constructivas. Hay que estudiarlas, porque conozco algunas y creo que hay en ellas elementos que podrían alimentar con diálogo sereno entre los equipos del señor Mas y el señor Rajoy.

Creo también que la sociedad civil, catalana y española, debería participar oficialmente en este debate. El mundo empresarial, tan importante en Cataluña, sufriría graves perturbaciones como consecuencia de la independencia. Un gran empresario catalán, Josep Lluís Bonet, que es además hoy presidente de la Cámara de Comercio de España, decía hace unos días que la eventual secesión de Cataluña «sería un verdadero desastre para esta y para España». Algún otro ha dicho que, en tal caso, su empresa se tendría que ir de Cataluña ( José Manuel Lara, Grupo Plantea y Atresmedia Corporación). Otros muchos han hecho continuas llamadas al diálogo. Pero no basta con esas llamadas genéricas. Ha llegado la hora de los pronunciamientos, que hagan llegar a la gente información fiable sobre las consecuencias de la separación, pues son ellos los que las van a sufrir (o a disfrutar). Y que cada uno saque sus conclusiones. Hay que hacer posible el diálogo imposible. Y para ello la sociedad tiene que sustituir a los políticos. Porque los que tenemos delante, en Cataluña y en España, no dan más de sí.

Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo.

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