El dilema

Ante el nuevo comunicado de ETA, se les plantea un dilema al Estado y a la sociedad española. Por un lado, el país puede enrocarse y hacer oídos sordos a las noticias que proceden de ETA y su mundo, con el argumento de que el Estado solo debería reaccionar ante un anuncio de disolución con entrega de armas. Algunos piensan que el anuncio tendría que venir acompañado de un reconocimiento explícito de la derrota y de una muestra de arrepentimiento. La actitud coherente con esta tesis es sentarse a esperar a que llegue el momento ansiado mientras actúan las fuerzas de seguridad y los jueces.

Este planteamiento tiene a su favor la satisfacción moral que da tener una posición intransigente ante unos criminales que han asesinado a casi 850 personas. Lo que más puede reconfortar a alguien es no tener nada que ver con los terroristas, dejando que el Estado actúe y llegando al final con la conciencia clara de haber combatido el mal, tarde lo que tarde en llegar ese final.

Así llevamos más de 40 años, con breves paréntesis en los que se ha ensayado una estrategia diferente, consistente en sentarse con los terroristas y tratar de encontrar una salida. En el pasado, esos intentos de negociación (en las conversaciones de Argel en 1989, en el Pacto de Lizarra en 1998, en el proceso de paz en 2006) no han servido para acabar con el problema. Por eso se insiste en que esa vía ha fracasado, lo cual es una verdad innegable. Ahora bien, por la misma razón por la que decimos que esos intentos no han tenido éxito, no queda más remedio que concluir que la solución basada únicamente en la actuación de policías y jueces, seguida durante décadas, ha sido igualmente un fracaso, pues ETA no ha dejado de existir.

De hecho, no hay ningún país occidental que haya sufrido durante tanto tiempo una amenaza terrorista interna: ETA es la organización terrorista que más años lleva en activo en todo el mundo desarrollado. Otros países, como Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Grecia o Estados Unidos, fueron capaces en su momento de acabar con los grupos armados que se formaron en el interior de sus fronteras.

Todo lo relativo a ETA tiene una duración desmedida, incluida su fase terminal. ETA lleva agonizando desde que fracasó su última ofensiva seria, la que lanzó en 2000 tras la ruptura del Pacto de Lizarra (46 víctimas mortales). En mayo de 2003 dejó de matar y no volvió a hacerlo hasta diciembre de 2006, con el atentado de la T-4. Tras el final del último alto el fuego, ETA ha conseguido realizar algunos atentados mortales, pero han sido pocos (12 víctimas mortales) y la policía ha desarticulado la cúpula de ETA en varias ocasiones.

Por otro lado, dada la debilidad de ETA, cabe plantear una postura distinta: intentar acortar los tiempos, buscar activamente el final del terrorismo. Las cosas han cambiado crucialmente tras el proceso de paz y el atentado de la T-4. La izquierda abertzale ha comprendido que ETA es un lastre y no un activo, pues fue entera responsabilidad de ETA la ruptura del Acuerdo de Loyola, que abría razonables expectativas para Batasuna. Durante el último año, Batasuna ha manifestado en multitud de actos y documentos su apuesta por vías pacíficas. ETA no ha tenido más remedio que escuchar al movimiento abertzale y, por primera vez, ha declarado unilateralmente un alto el fuego, con la posibilidad de verificación.

A todos nos hubiera gustado que ETA se hubiese disuelto. Pero no lo ha hecho. También nos hubiera gustado que abandonase el tono amenazante cuando reclama la territorialidad y el derecho de autodeterminación. Pero estos comunicados los escriben los terroristas y no el Ministerio de Interior. Desde luego, el comunicado podría haber sido más claro. Su deliberada ambigüedad va destinada a crear tensiones entre los partidos y a mostrar cierta autoridad ante las exigencias de Batasuna. En cualquier caso, el comunicado real es este, el deseado no se ha materializado.

El Estado puede aprovechar el estrecho margen de acción de que dispone para reforzar a los partidarios del fin de la violencia frente a quienes todavía creen en el uso del terrorismo, de manera que la decisión de ETA se vuelva irreversible. Si el Estado no da ningún paso, ETA se cargará de razones ante sus bases para romper el alto el fuego. Si, por el contrario, el Estado se decide a explorar vías para que la izquierda abertzale haga política desde las instituciones, el coste para ETA de volver a los atentados será mucho más alto: supondrá la quiebra del movimiento social en el que se ha apoyado todos estos años.

Por supuesto, el Estado tiene que ser cauto y desconfiado, pero no puede dejar de reconocer el cambio cualitativo que supone el nuevo comunicado de ETA. A mi juicio, el Estado debe arriesgar y explorar formas de incorporación de Batasuna a la política institucional. El objetivo del Estado debería ser elevar los costes para ETA de regresar a la violencia, con el fin de hacer irreversible el final del terrorismo.

Por Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Sociología en la Universidad Complutense.

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