El dilema de Grecia

En los últimos meses los mercados han sido zarandeados por las idas y venidas de las negociaciones con Grecia en la zona euro. Grecia es un país pequeño (10,99 millones de habitantes), de economía poco avanzada respecto a la de sus socios europeos (24.200 dólares por habitante de PIB en paridad de poder de compra, frente a los 30.700 dólares de España en iguales condiciones) y fuertemente endeudado, pues su deuda pública es del 172,7% de su PIB según datos del FMI (España, 99,4%). Hasta hace poco estaba aplicando un programa de ajuste para lograr un superávit primario en sus presupuestos -es decir, sin computar los intereses de la deuda- que le permitiese hacer frente a sus compromisos exteriores en un plazo largo y con buenas condiciones.

El dilema de GreciaEse programa implicaba sacrificios que su población no estaba dispuesta a soportar, habituada desde mucho atrás a pocos impuestos, servicios públicos casi gratuitos y elevadas prestaciones sociales, por encima de las habituales en Europa, financiadas durante la Guerra Fría con ingresos derivados de su insustituible cooperación con la OTAN y, en el presente, con préstamos sucesivos de los organismos internacionales y de los países del euro (26.000 millones aportados por España). Con ese programa de ajuste, Grecia había logrado alcanzar un apreciable crecimiento de su producción (0,8% real en 2014 y 2,5 previsto en 2015) y un mayor equilibrio en sus cuentas públicas (superávit primario de un 1,5% del PIB en 2014 y 3,0% previsto en 2015), todo según el FMI. Sin embargo, muchos griegos creyeron que mayores impuestos y menores gastos públicos constituían una ofensa a su país difícilmente perdonable. Ha sido esa creencia, avivada durante mucho por el rencor y la demagogia, la que hizo perder las elecciones al anterior Gobierno en beneficio de un partido (Syriza) que prometía volver al viejo paraíso de los bienes y servicios públicos casi gratuitos y de las pensiones por encima de la media europea. El nuevo Primer Ministro (Alexis Tsipras) aprobó de inmediato lo prometido y los griegos creyeron, al menos por unos días, que sus problemas respecto a la austeridad se habían solucionado.

Pero como dentro de la zona euro no es posible que los Estados miembros emitan moneda, pues sólo puede emitirla el BCE, o bien los euros se reciben de otros países por nuevos préstamos y por exportaciones y ventas de activos reales -inmuebles, empresas, islas u otros bienes- o no habrá dinero para atender las importaciones y el gasto de la deuda externa. Pero tampoco lo habrá para pagar los restantes gastos que superen los ingresos presupuestarios, porque esos gastos tendrán que satisfacerse con euros que nadie proporcionará gratuitamente. Los Gobiernos del euro no pueden gastar cuanto desean sino ajustar sus gastos a sus ingresos o solicitar más préstamos que sirvan para financiar sus déficits a costa de primas de riesgo cada vez más elevadas. Bien lo sabemos los españoles, aunque algunos parece que lo han olvidado.La bronca entre Atenas, Bruselas, Francfort (BCE) y Washington (FMI) está siendo épica y las tensiones se notan en los mercados. El dilema que se plantea es muy simple: o conceder nuevos préstamos a Grecia para que atienda a sus deudas y pueda seguir en el euro sin comprometerse a ajustar sus gastos e ingresos públicos o, por el contrario, exigirle un serio programa de ajuste fiscal como condición indispensable para recibir nuevos préstamos que eviten su default. Las negociaciones han sido largas y Europa, con tal de mantener a Grecia en el euro, ha puesto grandes dosis de benevolencia en ese proceso. Quizá más de las deseables. Ahora queda por ver si los griegos aceptan seriamente las propuestas europeas; las rechazan de plano, con lo que irían directamente al default, o las aceptan sólo para salir del atolladero e ir tirando otra temporada. Por lo pronto -y eso proporciona una buena pista sobre lo que realmente pretenden- han decidido someter a referéndum popular tales propuestas, lo que no es más que un intento de chantaje a la UE, al enfrentarla a una opinión expresa del pueblo griego. Respecto a tan sorprendente treta, no se olvide que el ministro Varoufakis es un economista altamente especializado en juegos de estrategia.

El coste de nuevos préstamos sin compromiso firme de ajuste fiscal (primera disyuntiva del dilema) puede ser muy considerable para la Unión Económica y Monetaria Europea, no sólo por el mal ejemplo que daría a otros países, mitigado porque pocos Gobiernos querrían enfrentarse a un conflicto como el griego, sino porque los incumplimientos actuales y futuros podrían afectar gravemente a las metas del euro e, incluso, arriesgar su propia existencia. En el otro extremo del dilema, rechazar el acuerdo y sacar a Grecia del euro si no acepta el ajuste fiscal quizá permitiese a este país disponer de una política monetaria propia lo que, unido a una política fiscal más suave pero coherente -pues no se puede vivir permanentemente en el déficit- podría facilitar a la larga el ajuste adecuado de su economía. Otros países que no pertenecen a la zona euro pero sí a la UE lo vienen haciendo sin mayores dificultades. Europa, libre ya del obstáculo para sus fines que representa el comportamiento griego, podría ayudar generosamente al crecimiento de este país impulsando su modernización con subvenciones e inversiones directas.

Esos fines están ya definidos. La Unión Económica y Monetaria Europea (EMU) pretende caminar hacia una unión política y económica, porque la crisis ha demostrado lo difícil que resulta superarla sólo con instrumentos monetarios. Los presidentes de la UE, del Consejo Europeo, del BCE, del Eurogrupo y de la Eurocámara han preparado un importante documento hecho público en estos días en el que proponen la unión política y económica de la EMU para finales de 2025. Los progresos para alcanzarla deberán concretarse en cuatro áreas. La primera incluye las medidas para que la economía de cada país participante tenga las capacidades estructurales necesarias para prosperar dentro de la Unión Monetaria. La segunda se refiere a las medidas que llevarán a una Unión Financiera que garantice la integridad del euro en toda la Unión Monetaria y aumente los riesgos compartidos con el sector privado, completando la Unión Bancaria y acelerando la Unión de los Mercados de Capitales. La tercera pretende caminar hacia una Unión Fiscal que proporcione sostenibilidad y estabilidad presupuestaria y, finalmente, la cuarta busca una Unión Política que proporcione una fundamentación suficiente de los anteriores objetivos mediante procedimientos democráticos que garanticen la legitimidad de las decisiones y refuercen las instituciones comunitarias. Todo eso en tres etapas que comienzan a primeros de julio de este año y que deberán cerrarse a finales de 2025.

El importante conjunto de medidas necesarias para alcanzar esos nuevos objetivos de la EMU permite mantener que una Grecia dentro del euro sin el ajuste y la disciplina fiscal necesarias no sería capaz de aplicar las medidas referidas, constituyendo una fuerte rémora para alcanzar tales objetivos. Ese sería el auténtico coste del dilema griego si se cediera ahora ante Grecia. El caso del Reino Unido, con su referéndum para salir de la UE, no tiene nada que ver con el caso comentado porque, aparte de que su situación económica no admite parangón con la griega, el Reino Unido no forma parte de la EMU, con lo que su posible abandono de la Unión, sin duda muy lamentable, no resultaría decisivo para las nuevas metas propuestas para la zona euro.

Sólo queda volver la vista a España. Constituiría un auténtico desastre que algunos grupos políticos alcanzasen el poder con programas similares a los de Syriza, es decir, fomentando un rencor bien orquestado contra los sacrificios que hemos soportado para salir de los abismos a los que nos llevó la política económica del anterior Gobierno. Estamos ahora en el buen camino y sus resultados se perciben claramente, por más que se intenten ocultar con reiteradas y falaces argumentaciones. Una política económica contraria a la actual nos enfrentaría a parecidos problemas que los de Grecia y a sus riesgos, impidiéndonos alcanzar las grandes oportunidades que se abren a los países del euro.

Manuel Lagares es Catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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