El dilema de nuestra regeneración

Aunque la cuestión catalana ha desviado la conversación pública del problema que la venía ocupando durante los últimos años, o sea, el debate sobre cómo arreglar la sociedad española, escándalos como el de las tarjetas negras de Caja Madrid lo reviven sin dificultad, devolviéndonos a la casilla de salida: ¿por qué estamos donde estamos y cómo podemos convertirnos en otra cosa?

Sin duda, es esa aspiración a ser todo aquello que no somos -honestos, meritocráticos, productivos- lo que alimenta propuestas políticas radicales como la de Podemos, beneficiada por la tabla rasa que exhibe la formación: como no estaban allí, pueden ocupar un espacio emocional demandado por un número creciente de ciudadanos. De ahí que Izquierda Unida, hermana en los contenidos, se vea impotente ante la fagocitación de su electorado: ellos sí estaban y sus siglas están gastadas. Ambos, en todo caso, coinciden en poner en cuestión la democracia representativa y prometer una aventura política sin rumbo conocido, o acaso demasiado conocido: los caudillismos populistas que en el mundo son.

El dilema de nuestra regeneraciónFrente a una promesa emancipatoria sostenida sobre el vacío, se alza la alternativa de un reformismo inteligente que aspira a continuar la modernización de nuestras estructuras políticas y económicas, encarnando una suerte de neorregeneracionismo reconocible ya como una de las voces autorizadas de nuestro debate público. Si el regeneracionismo de primera hora abogaba por la célebre «escuela y despensa» convertida en divisa por Joaquín Costa, sus herederos contemporáneos vienen a demandar «más escuela y mejores instituciones», convencidos como están de que el nuestro es, ante todo, un problema de diseño: diseño de las instituciones y de las normas, diseño, en fin, de las reglas del juego social. Y de ahí que, ante la necesidad del cambio, el economista Luis Garicano haya advertido de que nos encontramos ante un jardín arrasado de senderos que se bifurcan: uno nos acerca a Dinamarca y el otro a Venezuela. Pero, ¿hacia dónde queremos dirigirnos?

Es interesante que, en su reseña sobre el último libro de Francis Fukuyama, el heterodoxo pensador liberal John Gray aludiera precisamente a Dinamarca, por haberla empleado Fukuyama como emblema del tipo de sociedad democrática y bienestarista hacia la que todas las demás sociedades habrían de converger. Para Gray, ese razonamiento es demasiado optimista al presuponer que todos los ciudadanos compran el mismo billete, con destino a Copenhague, cuando la realidad social sugiere que no es necesariamente el caso: muchos de ellos dan prioridad a la expresión de mitos e identidades nacionales, a la protección de ciertos estilos de vida o a la perpetuación de enemistades étnicas. No tenemos que irnos muy lejos para encontrar ejemplos al respecto.

Pero supongamos que una mayoría suficiente de ciudadanos comparte ese propósito y desea construir una sociedad española a la vez más próspera y justa, más parecida a Dinamarca que a Venezuela. Dejemos a un lado la habitual incoherencia de esos mismos ciudadanos, que proclaman la necesidad de cambios, pero, como vemos en Francia, se comportan como speed-daters con sus gobiernos, a los que saludan con un entusiasmo rápidamente convertido en decepción. Y es que la capacidad aglutinadora de los grandes fines se ve enseguida reemplazada por la decepcionante división que produce la concreción de los medios necesarios para alcanzarlos. ¡Que se reformen los demás!

En todo caso, ¿reformar qué? Ya se ha dicho que, para nuestros neorregeneracionistas, es necesario cambiar tanto las instituciones como los incentivos que empujan suavemente a los ciudadanos en una u otra dirección. Se subraya así, por ejemplo, que la desgravación fiscal a la propiedad hinchó la burbuja inmobiliaria en detrimento del alquiler: un incentivo equivocado. Más o menos explícitamente, autores como Luis Garicano, Andrés Ortega, o César Molinas ponen el foco en las instituciones, descartando así las explicaciones culturalistas que atribuyen a determinadas poblaciones la incapacidad para abrazar plenamente los mecanismos de la sociedad liberal: católicos, griegos, musulmanes. En la misma línea se sitúan los autores de La urna rota, agrupados en el colectivo Politikon, quienes subrayan en su libro que la materia prima de los hombres es la misma en todas partes y lo que varía son las instituciones. ¿No paga un griego en Nueva York los impuestos que deja de pagar en Atenas?

Sin embargo, hay algo insatisfactorio en esta explicación. Mediante la construcción de un hombre de paja, a saber, la idea de que la genética condiciona la conducta nacional, se deja sibilinamente a un lado una premisa mucho más plausible: la influencia de la cultura sobre las instituciones y sobre la recepción social de las normas. Porque, aunque no hay significativas diferencias genéticas entre los ciudadanos de distintos países, sí hay diferentes culturas o mentalidades, que condicionan la validez y eficacia de normas e instituciones. ¡No digamos el debate político! La atmósfera social en que se desenvuelven esos ciudadanos es diferente y tiene un peso que acaso el neorregeneracionismo haya minusvalorado.

Sucede que factores como la cultura política o la mentalidad son más difíciles de medir y, por ello, más difíciles de integrar en un análisis institucionalista; lo mismo sucede con los aspectos más normativos del sistema social. Si bien se mira, no obstante, también permiten explicar el desenvolvimiento del griego en Nueva York: su inmersión en una cultura respetuosa de las leyes modifica su conducta, que será diferente a la que adopte en un país donde esas leyes se perciben socialmente como un mandato relativo, susceptible de negociación o incumplimiento. De donde se deduce que las instituciones están culturalmente mediadas; lo que, valga el matiz, no significa que esa misma cultura determine las instituciones. Institucionalismo y culturalismo no tienen por qué excluirse mutuamente, sino que pueden -deben- complementarse.

Digo esto porque me resulta difícil aceptar la idea de que España haya venido careciendo de instituciones y normas homologables a las de su entorno. ¿No hemos tenido, por ejemplo, Tribunales de Cuentas encargados de velar por el uso riguroso del dinero público? Naturalmente que sí: autonómicos, estatales. Pero ninguno de ellos ha cumplido su función, e incluso -ironía de ironías- el Tribunal de Cuentas del Estado se ha convertido en una empresa de contratación familiar. Igualmente, ¿no influyeron ciertos códigos culturales en la producción de la burbuja inmobiliaria? ¿No existían mecanismos de vigilancia en las Cajas de Ahorros? ¿No sabe el ciudadano que recibe una protección por desempleo que debe buscar empleo, en lugar de tomarse unas vacaciones? ¿No recibe ese desempleado el aplauso de su entorno, en vez de una sanción moral? Y así sucesivamente.

Entonces, ¿instituciones o cultura? En realidad, se trata de un falso dilema. La enmienda culturalista al institucionalismo no pretende reemplazarlo, sino mejorarlo. Porque subrayar la importancia de la mentalidad y la cultura sólo sirve para entender mejor las causas de nuestro fracaso social y vacunarnos contra la insuficiencia de futuras iniciativas reformistas o radicales, pero no para combatirlo. En eso, el neorregeneracionismo tiene toda la razón: sólo cabe rediseñar nuestras instituciones y crear mecanismos que atenúen el impacto de la cultura sobre ellas. Normas e incentivos: no tenemos otra cosa. Porque ni el cambio cultural ni la mentalidad pueden legislarse. Pero cuentan; y conviene recordarlo.

Manuel Arias Maldonado es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga.

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