Dar un golpe a la democracia, subvirtiendo la legalidad, cuesta dinero, mucho dinero. Además, en caso de fracaso, sus promotores no suelen querer afrontar las consecuencias de sus actos. Esto resulta particularmente claro en el golpe de septiembre y octubre en Cataluña. Por una parte, el procés fue generosamente financiado con dinero público, con el dinero de los impuestos de todos los españoles. Por otra parte, todo el procés no es más que la búsqueda cada vez más desesperada de la impunidad de una parte de los dirigente políticos independentistas para no responder ante la Justicia por las ilegalidades cometidas.
Por esas razones, todos los anuncios realizados por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia están yendo simplemente en dirección contraria al sentido común. Por ejemplo, si en Cataluña hay un grave problema de incumplimiento de las Leyes, la Constitución y las sentencias judiciales, proponer recuperar los artículos declarados inconstitucionales del Estatut es, a mi juicio, un simple disparate: la idea de la ministra Batet es algo así como dar de comer al hambriento haciéndole tomar bicarbonato. Otra idea simplemente genial es trasladar a prisiones controladas por la Generalitat de Torra y Puigdemont a los políticos catalanes presos: aquí no sólo es una cuestión de concesión de permisos o de riesgo de fuga, es, además, evitar el riesgo de que una prisión se pueda convertir en un plató de TV3.
Pero todos estos anuncios, brillantes ideas o no, no se han materializado de momento. Lo que sí se ha materializado son las reacciones del Govern de Torra y Puigdemont, que ni han renunciado a la separación por cualquier medio de Cataluña, ni se muestran precisamente partidarios de cumplir las leyes, y que restituyen en sus puestos a detenidos e imputados por su participación en el golpe a la Democracia de septiembre y octubre de 2017.
Con este panorama, la primera medida que anunció hace unos días el nuevo Gobierno de Sánchez fue levantar las medidas de control financiero en Cataluña. A partir de aquí, todo ha sido confusión. Por una parte, la ministra de Hacienda ha señalado que el Gobierno no había tomado ninguna decisión, limitándose a seguir la hoja de ruta trazada por Montoro, pero al mismo tiempo, el Gobierno aseguraba que esta medida era un gesto con la Generalitat...
Tanta es la confusión, que mis primeras preguntas parlamentarias al nuevo Gobierno han sido que tratase de aclarar su primera decisión. No espero que las eventuales respuestas de Pedro Sánchez aclaren gran cosa, pero está claro que los españoles merecen una explicación de lo que está ocurriendo.
Estas medidas se adoptaron, por primera vez, en septiembre de 2017, cuando el ex vicepresidente Oriol Junqueras y la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planelles, se negaron -so pretexto de la aprobación de las leyes de Referéndum y transitoriedad jurídica- a seguir enviando certificados al Ministerio de Hacienda de que el dinero público no se estaba destinando a financiar actividades ilegales. Estas medidas se adoptaron varios meses antes de la aplicación del artículo 155.
Lo que no todo el mundo sabe es que Rosa Vidal ha sido todo este tiempo la interventora general en Cataluña, porque el Gobierno del PP amenazó con enviarla a la Fiscalía, pero la siguió manteniendo en el puesto: un misterio que el anterior Ejecutivo se ha negado sistemáticamente a aclarar, pese a que desde Ciudadanos hemos presentado una docena de preguntas al respecto.
La parte más relevante de estas medidas hacía referencia al control y la información de las cuentas de la Generalitat en los bancos. Esencialmente, la Generalitat no podía mover fondos de sus cuentas bancarias si no lo firmaba un interventor del Estado, o adjuntaba una declaración responsable de un cargo de la Administración catalana (que se comunicaba al Ministerio de Hacienda). Esto hacía que, o bien los pagos estuviesen controlados por un interventor del Estado que garantizase su legalidad, o bien, hubiese un responsable de la Generalitat que lo hiciese bajo su responsabilidad personal. Este control e información estuvo también vigente bajo el artículo 155, y se mantuvo en vigor hasta el pasado viernes 8 de junio.
Ese día, como informaban Ferrer Molina y Arturo Criado en estas páginas, los bancos recibieron un informe del Ministerio de Hacienda autorizando la realización de operaciones sobre las cuentas de la Generalitat, sin necesidad de firma del interventor del Estado, ni declaración responsable de un cargo de la Generalitat, es decir sin control previo, ni información.
Esto se anunció como una decisión política, la primera del Gobierno Sánchez, porque fue una decisión política, y además profundamente equivocada. No sé si equivalía a seguir o no la hoja de ruta de Montoro, simplemente porque no sé cuál era la hoja de ruta del PP y Montoro en este tema. Así, Montoro garantizó que no iba a haber referéndum porque tenía controlado el dinero, y hubo referéndum. Luego aseguró que no se había gastado ni un solo euro público en el referéndum ilegal -manifestación irresponsable de la que se beneficiaron Puigdemont y el resto de presuntos delincuentes fugados- pero la Guardia Civil y los juzgados lo desmintieron.
Finalmente, el pasado 27 de diciembre, Montoro y el resto de miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos decidieron que los controles financieros quedasen bajo el marco del artículo 155. Esto significaba que cuando decayese el artículo 155, salvo que se adoptasen nuevas medidas, decaería el control financiero. Montoro manifestó públicamente que iba a tomar medidas adicionales de control cuando concluyese la vigencia del artículo 155, pero luego, obviamente no lo hizo.
Desde Ciudadanos fuimos los primeros que exigimos que se aplicase el artículo 155 para frenar el golpe a la Democracia en Cataluña. También fuimos los primeros, en agosto, en advertir a Hacienda que los certificados no eran suficientes. En la última intervención en el Congreso en la que me dirigí a Montoro como ministro, durante la tramitación presupuestaria, le reclamé que, si no estaban dispuestos a mantener el artículo 155, que por lo menos mantuviesen el control financiero porque no se podía abandonar una parte de España, ni se podía abandonar a los catalanes que querían y quieren seguir siendo españoles. Esto es lo que ha hecho el nuevo Gobierno de Sánchez, no sólo con sus anuncios, sino lo que es más grave, con su primera medida: no tomar un acuerdo que mantuviese un mínimo de control e información sobre las cuentas de la Generalitat de Torra y Puigdemont.
Se podían y se debían haber adoptado medidas de control financiero: se adoptaron sin el artículo 155 y el Tribunal Supremo, por unanimidad, rechazó suspenderlas ante los recursos de la Generalitat y de Podemos. Además, estas medidas hubiesen tenido el apoyo parlamentario del Congreso, y desde luego el de Ciudadanos.
Pero no solo era posible y viable adoptar medidas, era, sobre todo, necesario e inteligente. Cuando el nuevo Govern de Torra manifiesta su voluntad de seguir “construyendo la república”, ignorar las leyes, y vuelve a reponer en sus cargos a detenidos e imputados por malversar presuntamente caudales públicos… la reacción y el premio no pueden ser el levantamiento de las medidas de control financiero.
Muchos nos preguntamos si esto sólo es un error, o es, también, una parte del precio de los votos que llevaron a Sánchez a la Moncloa. En cualquier caso, desde Ciudadanos creemos que el Gobierno Sánchez no podía haber comenzado peor su gestión del problema más grave que tiene España en este momento, por sus anuncios y por sus medidas. Los españoles no se merecen que el bipartidismo siga cometiendo los mismos errores, y sobre todo, se merecen poder elegir un Gobierno en las urnas que haga una política distinta.
Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos