El doble engaño del Uno de Octubre

Medio año después del torbellino, con el nomenclátor de la ciudad ya modificado (la Plaça de la Constitució hoy es la Plaça de l’1 d’Octubre), la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona organizó un debate para imaginar cómo en 2050 el Uno de Octubre se explicaría en las aulas. Allí estaban dos historiadores de prestigio y en la mesa me colé como un intruso. Lo significativo de aquella tarde no fue lo que se dijo desde la tribuna, sino la intensidad sentimental expresada por el poco público que se acercó a escucharnos. Dos señoras recordaron conmocionadas su vivencia de las cargas policiales en el Col·legi Verd. A media sesión un hombre se levantó y se marchó tras llamar fachas a dos representantes del PSC entre el público. El responsable de megafonía se quedó el micrófono para manifestar la rabia acumulada desde ese día. El 1 de octubre parecía ayer. El moderador tuvo que parar tanta acritud. Las heridas seguían abiertas y parecía imposible un análisis crítico sobre lo ocurrido. ¿Puede hacerse ya?

Desde que a través de las redes y los móviles empezaron a rebotar las imágenes de los policías golpeando a la gente que resistía para votar (24 policías están siendo investigados por un juzgado barcelonés), quedó claro que la violencia represiva convertiría esa movilización en “lugar de memoria” para el amplísimo movimiento social que sustenta al independentismo. Lo de menos sería aceptar que el referéndum no había cumplido los estándares internacionales, como señalaron los observadores en su informe del día 3. Lo sustancial sería la construcción del mito para apuntalar el eslogan falaz del mandato democrático.

Material para construirlo lo había de sobra. A los pocos días se emitió el documental 1-O, dirigido por Lluís Arcarazo, que fijó una primera memoria épica de lo vivido. De inmediato la industria editorial detectó el afán de revivir lo experimentado y el interés por determinar qué había ocurrido. El reportaje Operació urnes de los periodistas Vicens y Tedó, donde se desvelaba la logística que hizo posible que las urnas chinas llegasen clandestinamente a colegios electorales de toda Cataluña, se convirtió en uno de los libros más vendidos de la historia de la no ficción catalana (y no deja de ser sintomático de la incomunicación de nuestros campos culturales que, tras miles de ejemplares vendidos, no se haya traducido al castellano). En el título de otro éxito de ventas, el del fotoperiodista Jordi Borràs —agredido este verano por un miembro de la Brigada de Información de la Policía Nacional en plena calle y a plena luz del día—, se conceptualizaba el origen del mito en construcción: Dies que duraran anys.

A medida que transcurrían los meses y se hacían virales nuevos vídeos de las cargas, el mito se consolidaba con su lenguaje: defendimos las urnas con nuestros cuerpos, las heridas siguen abiertas porque nunca olvidaremos. Dicho credo es performativo, su pretensión es fundar un nosotros nuevo: “El dia que vam ser un poble“. Así lo proclama, positivizando su esencia populista, la convocatoria de uno de los actos de conmemoración que ahora van a celebrarse. Más mesas redondas. Más reportajes televisivos. Más plazas rebautizadas. Así, amasando el lugar de memoria, ha acabado por compactarse la mutación del catalanismo mayoritario: la afirmación democrática de un demos independentista formado por dos millones de ciudadanos, nutrido en la abulia del Estado, el activismo desarrollado por un movimiento social de enormes dimensiones y la caja de resonancia de un poderoso entramado comunicativo.

Hoy la densidad de este mito, redoblada por la causa judicial abierta contra los líderes del procés (tan extralimitada por tantos aspectos, empezando por la prisión preventiva y acabando por la acusación por rebelión), sigue dificultando la descripción realista del significado de ese día.

Formalmente el 1 de octubre se celebró en virtud de la Llei del Referèndum aprobada el 6 de septiembre. Un ejercicio de desobediencia institucional en toda regla. Por el espíritu autoritario de la ley, por lo endeble de su fundamentación jurídica e histórica y por la sesión esperpéntica durante la que se aprobó socavando el respeto de la mayoría por las minorías y la propia institución de un Parlament que hoy sigue medio paralizado. Según esa ley, la participación no importaba. Si la Sindicatura Electoral —que ante la amenaza se disolvió por prudencia— proclamaba que el sí había ganado por un solo voto, al cabo de dos días el Parlament debía proclamar la independencia e iniciar un proceso constituyente. Pero cuando la ley se aprobó y luego se siguió adelante con el proceso electoral a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, altos cargos del Govern sabían que no existían los organismos que debían sustentar la creación del nuevo Estado (como han revelado conversaciones telefónicas filtradas a diversos medios). Tampoco se contaba con garantía diplomática alguna de que, declarada unilateralmente la independencia, algún Estado reconocería la república catalana.

En consecuencia, visto lo visto, hoy puede afirmarse que la acción primordial desarrollada por la Generalitat durante al menos una legislatura (por no decir dos) fue un engaño. Y no digamos la multiplicación masiva del engaño durante el fervor de la campaña electoral previa al 1 de octubre. Un engaño dirigido no a la parte de la población que no había sido convocada a participar en el referéndum de autodeterminación (como si el futuro de su país no fuera con los partidos que los representan) sino precisamente a la ciudadanía que había elegido ese Govern. Esa parte de la ciudadanía que, confiada, arriesgó implicándose en un proceso ilegalizado porque creía que sí, que era un referéndum; y que sí, llegada la hora grave, ejerció de veras la desobediencia civil: se plantó pacíficamente ante las porras y las bolas de goma para defender la dignidad política de nuestra comunidad nacional que estaba siendo usurpada por sus líderes.

Pero lo paradójico es que ese engaño, que sirvió para movilizar a una parte de la ciudadanía (movilizada aún), debía operar como un engaño paralelo. El destinatario era el Gobierno Rajoy —incapacitado para enfrentarse al desafío, atrapado en la telaraña con la que la aznaridad cosificó la mecánica constitucional—. Este segundo engaño era el farol, en palabras de la consellera Ponsatí. En ese momento de caos la apuesta del farol ganaba si conseguía forzar una negociación sobre la soberanía nacional. Apostó el autogobierno, llevó el procés más allá de sus posibilidades y se perdió.

Una de las eminencias grises del procés sabía de lo que hablaba al definirlo, ya hace años, como una mentira fértil. Y yo mentiría si no reconociese que durante los días del torbellino me la tragué. Como angustiados la creyeron tantos. Como tantos de sus impulsores, cautivos de su propio engaño. Hasta que la fría razón de Estado, simbolizada no por un Gobierno desarbolado sino a través del discurso sin perdón ni empatía de Felipe VI, sentenció que iba a terminar aquella “revolución frustrada”, para decirlo con la expresión dolida del malogrado Josep Fontana. El precio de su liquidación está por determinar. Porque no solo colapsó el consenso catalanista y el Estado de las autonomías pactado durante la Transición. A falta de normalización institucional el sistema democrático español sigue corroyéndose, solapándose a la precarización del proyecto de la Unión Europea. Atrapados como estamos ante un espejo que refleja un degradado laberinto decadentista, hoy lo único cierto son las consecuencias de ese doble engaño.

Jordi Amat es periodista y escritor. Su último libro es La conjura de los irresponsables (Anagrama).

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