El dolor también es negocio

El padre de Diana Quer pide ante la Audiencia Provincial de La Coruña que una cadena de televisión no emita un vídeo con la reconstrucción de los hechos que provocaron la muerte de su hija en agosto de 2016. Afirma, en este mismo diario, que las pruebas deben valorarse sólo por el juez y los miembros del jurado; añade varios argumentos más en favor de que los hechos no se conviertan en un espectáculo.

La violencia machista y también la violencia hacia menores pasan, en estos tiempos, a convertirse en programas de medios de comunicación que luchan por una audiencia a la que es difícil atraer por otros procedimientos sencillamente de carácter informativo, de entretenimiento, de cultura o de ciencia, que no entran en el ámbito de la intimidad de las personas. Sucede lo mismo con un acto de violación, con resistencia de la víctima o sin vocación de heroína, o con un homicidio premeditado o una muerte en circunstancias no reveladas. Lo interesante, parece, es que todos los hechos tienen que ser narrados y desvelados hasta el final con el objetivo de despertar la curiosidad de un público, sin límite alguno en sus deseos de saber con todo detalle cómo han sucedido.

Es perfectamente comprensible que la madre y el padre del pequeño Gabriel, asesinado en febrero de 2018, hayan solicitado declarar a puerta cerrada en el juicio que se celebra estos días. Nada de su declaración debería trascender.

El derecho a la información, al igual que todos los derechos, tiene sus limitaciones, y quienes emiten información deben medir cuándo aquella puede entrar en el ámbito del derecho a la privacidad, del derecho a la imagen de una persona, es decir del derecho a que no se muestre lo que las personas más allegadas o familia, de manera bien justificada, consideran que son hechos y circunstancias que les conciernen muy directa y especialmente a ellos, y no están afectados por el derecho a la información como a los actos de la vida pública. La Constitución española considera el derecho a la intimidad familiar y a la propia imagen como un derecho fundamental, y la Declaración Universal de Derechos Humanos también lo proclama de la misma manera.

Quienes han sufrido mucho por causa de los delitos cometidos con ellas o con personas próximas no tienen por qué revivir los hechos, ni escuchar cómo los detalles que describen lo sucedido se exponen y relatan a los oídos y ante la vista de todos. Sólo los jueces, jurados, abogados autorizados y quienes intervienen en averiguar lo sucedido tienen derecho a conocer todos los detalles y la obligación de respetar los derechos ajenos. No es aceptable que haya filtraciones de información por personas que por su profesión están obligadas a conocer lo que ha sucedido, los pormenores y los datos de lo que analizan, y si las hubiera se comprendería que fueran denunciadas, que se investigara el origen de la filtración y que la sociedad se indignara y perdiera la confianza en ellas depositada.

Las nuevas tecnologías actualmente permiten conocer toda clase de detalles sobre nuestras vidas y actividades; permiten conocer dónde y con quién hemos hablado y en qué lugares; permiten escuchar nuestras conversaciones y nuestros propósitos. Pero por eso mismo, a medida que esas tecnologías avanzan y tienen acceso a nuestras vidas, se hace más importante y urgente defender el ámbito de la privacidad y defender lo que nos pertenece: el derecho a la vida privada, sólo desvelada por un mandato judicial que justifique su conocimiento.

En la sociedad hiperconectada es cada vez más difícil poner límites a informaciones o narración de hechos que vuelan por las redes y baten marcas por los lectores conseguidos. Esto justifica que reaccionemos para evitar que todo puede pasar a ser de dominio público porque los negocios así lo requieren. Y si la venta o el consumo del producto que además incita a la curiosidad extrema continúa, habremos de denunciar que ese negocio no respeta los más mínimos derechos humanos, para que no prosiga en sus acciones y a todos atropelle.

Hay bienes no tangibles que una sociedad avanzada debe saber defender; no todo es la economía, como decía aquel. Por el contrario, cuanto más completa y garantista es la democracia, más exigente se debe ser con principios que corresponden al libre albedrío de cada uno y que no son de todos. Si todo a todos perteneciera, como dicen dictadores y populistas, la arbitrariedad de quienes ejercen el poder, que son quienes también tienen los medios, la capacidad y la fuerza, no tendría límites. Es el Estado de Derecho lo que nos protege y defiende; es nuestro derecho a preservar lo que nos pertenece, que no son sólo bienes tangibles y cuantificables, sino que son los más transcendentales para la condición humana.

Soledad Becerril fue Defensora del Pueblo.

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