Hace pocos días los Mossos detuvieron en Sabadell al entrenador somalí Jama Aden y a uno de sus fisioterapeutas. A mes y medio del inicio de los Juegos Olímpicos de Río, noticias antidopaje van a darse y muchas. La semana anterior, por ejemplo, se confirmó la exclusión de los atletas rusos del encuentro carioca.
Aun no siendo yo mismo deportista de élite, son curiosas la integridad, sinceridad y adecuación de las reglas antidopaje. Para empezar, el lema de Citior, altior, fortior (más rápido, más alto, más fuerte) resulta en sí mismo llamativo y deja en nada el buenista Lo importante es participar. Si fuera así, el nadador guineano Éric Moussambani debería haber sido campeón olímpico.
Desde los antiguos griegos que corrían descalzos sobre tierra a los altamente tecnológicos pisos de los estadios, donde hasta las camisetas tienen protagonismo desatado, pasando por la cohorte de auxiliares médico-deportivos de los atletas, nada parece ser dejado al azar a la hora de correr y ver quién llega primero... o último, pues también tiene su mérito dosificarse. A esta cohorte hay que añadir los mánageres, pues la élite olímpica son personalities, y a esa máquina imparable de hacer negocios al margen de reglas y controles que son las federaciones internacionales y los comités olímpicos.
El deporte de élite, sin dejar de tener un aspecto de pugna entre gladiadores más o menos estilizados, es ante todo un espectáculo multimillonario del que los concurrentes apenas ven las migajas. En este contexto, el deporte oficial -no el más genuino: el dominguero, el escolar, el aficionado...- debe lavar su cara. Para ello acude al dopaje. Las 21 curvas del Alpe d'Huez no se suben con las albóndigas de la tía Luisa, ni se juegan siete partidos de finales en menos de dos semanas con las hamburguesas de los Jackson Hole, excelentes, por cierto.
Ahora bien, si las federaciones deportivas, que son entidades privadas, y su superestructura internacional -UEFA, FIFA, IAAF, FIA, COI...- quieren imponer determinadas reglas para asegurar la ausencia de trampas y no exponer en exceso la seguridad de los atletas, son muy dueñas de hacerlo. Lo que ya es más discutible es que disposiciones privadas, como los reglamentos de la Agencia Mundial Antidopaje, por ejemplo, entidad a la que nadie ha elegido y que ante nadie responde, se acepten como normas punitivas internacionales, que los estados se avienen a cumplir y dejan en manos de los tribunales penales la sanción de sus infracciones. Así es su catálogo de sustancias y medios prohibidos, que el Estado parece haber hecho suyo, desencadenando complejos procesos criminales. Con un agravante: el enorme coste que tiene para los estados perseguir penalmente estos presuntos delitos, que quedan, por lo que sabemos, impunes después de haberse consumido muchísimos recursos humanos y materiales que deberíamos destinar a nuestra seguridad y bienestar.
A ello, seguramente por mala conciencia del legislador, se une una redacción de las leyes penales abstrusa e incoherente. Por un lado, el Código Penal castiga facilitar el dopaje de cualquier atleta, amateur o profesional, con la misma pena, lo que obviamente es un disparate. Por otro lado, con nula claridad -lo que está prescrito para confeccionar leyes penales- son perseguibles esas actuaciones cuando las competiciones se realicen en España, sin discernir el tipo de competencia; así, tanto dan la Liga de fútbol como el torneo de petanca del Casal dels Avis de Torremilana.
Para más inri, este delito de facilitación del dopaje (no del dopaje en sí, que es impune) está incluido entre los delitos contra la salud pública. Sin embargo, los delitos contra la salud pública tradicionales (desde expedición de medicamentos y otras sustancias en mal estado a drogas tóxicas) se castigan agravadamente si se produce un daño en personas concretas, lesiones físicas o psíquicas o, incluso, la muerte. Con el dopaje, si no hay un grave daño en la vida o integridad del deportista no hay delito; y la pena, comparativamente, es muy benigna. Esta desconexión evidencia la pésima calidad de una norma que no debería ni haber nacido, pues las lesiones ya están penadas. Con lo que, en definitiva, el dopaje sería una atenuación.
Y por fin, si fuera cierto que el legislador persigue la salvaguarda de la integridad física de los deportistas prohibiría el toreo, el motorismo, el automovilismo, el alpinismo o la espeleología, por ejemplo. Son actividades no solo de riesgo, sino de daños concretos bien reales, como nos consta a todos. Sin embargo, aquí la libertad personal, como debe ser, prima sobre un paternalismo insufrible por parte del Estado. ¿Por qué no en el deporte de élite? La respuesta no está en el viento, sino en la plata.
Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la UB.