Si la Justicia es lenta, las resoluciones disciplinares del Ejército funcionan con una flema llamativa. El brigada Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, vio el jueves cómo su expediente (por unas declaraciones del pasado mes de marzo) culminaba con su arresto. La pachorra administrativa, por llamarla de algún modo, hace que su internamiento en el Establecimiento Disciplinar de Colmenar Viejo coincida en el tiempo con las protestas de la asociación que el brigada preside por la política salarial del Ejército. Y estas protestas coexisten con el malestar en la Guardia Civil y con la sorprendente manifestación de miles de miembros de la Benemérita, muchos de ellos uniformados, el pasado día 20. El secretario general y el portavoz de la asociación convocante fueron suspendidos el viernes por tres meses. Veremos qué hace ahora el Sindicato Unificado de Policía, que amenazó con otra manifestación si se aplicaban sanciones contra los guardias civiles.
Esta protesta callejera, ruidosa y llamativa (se calcula que se manifestaron más de 12.000 de los 75.000 integrantes de la Guardia Civil, lo que ya es significativo), pone en un brete al Gobierno, no hay duda. Y por diferentes motivos.
En primer término, por las reivindicaciones salariales y de organización del Instituto, sobre todo en lo que afecta a sus deberes y derechos. En segundo lugar, por la petición, que se escuchó profusamente durante la marcha, de «desmilitarización» del Cuerpo. Y, además, porque la manifestación misma supone un pulso al Ejecutivo de dimensiones que van más allá del llamativo color verde de los uniformes ocupando las calles. Es la segunda de estas protestas en un año. En la anterior, el entonces ministro de Defensa, José Bono, se mostró contrario a su autorización y en la de este mes el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido -autor, por cierto, de un trabajo académico sobre la Guardia Civil como elemento de centralización en el siglo XIX-, señaló que el Ministerio de Interior debería analizarla para estudiar si había alguna conducta contraria al ordenamiento jurídico, investigación que por el momento se ha saldado con las suspensiones citadas.
Improvisación
Asunto espinoso, como digo, porque la protesta -que sin duda daña gravemente la imagen del Gobierno- podría chocar con las restricciones impuestas por la propia condición de los guardias civiles, aunque es difícil la solución para un Ejecutivo que apeló al derecho individual de reunión para no oponerse a la anunciada asamblea de una organización ilegalizada como Batasuna. Además, el Gobierno está enredado en la ambigüedad y la improvisación con las que responde, a falta de otras reflexiones, a algunas cuestiones de la actualidad. En 2004, el entonces portavoz socialista Jesús Caldera, aunque no tuviera en su haber un libro sobre la Guardia Civil, respondió a las críticas y abucheos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a cuyo congreso había sido invitado, diciendo que la Benemérita no tendría, con el PSOE, carácter militar. Los aplausos que logró entonces para salir del paso se han convertido ahora en demandas, a pesar de que la promesa de Caldera se redujo en el programa electoral de su partido a una breve referencia a la regulación del derecho de asociación profesional de los efectivos del Instituto Armado. La desmilitarización sí estaba, por cierto, en el programa con el que el PSOE consiguió el poder en 1982, aunque después el ministro Barrionuevo, que dijo haber «descubierto» la Guardia Civil, se desdijo de la promesa electoral.
Lo cierto es que, tanto en el PSOE como en el Gobierno, hay posiciones encontradas sobre la desmilitarización de la Guardia Civil y, por las declaraciones de unos y otros sobre la cuestión, podría deducirse que el punto de vista del actual ministro de Trabajo es mayoritario, al menos en el Grupo parlamentario. Aunque todo ha quedado, por el momento, en la unificación del mando de la Guardia Civil y la Policía Nacional y en un texto legal, que podría presentarse el próximo mes, sobre los derechos y libertades de los guardias civiles. Pero la unificación del mando se interpretó, aunque fuese negado, como un paso previo de la desmilitarización «gradual» prometida por Jesús Caldera y, de hecho, sirvió para calmar a algunas asociaciones que ahora vuelven a la carga, mezclando la reivindicación con la reforma del régimen disciplinario, cuestión que ha quedado paralizada tras los olvidados proyectos del anterior gobierno del PP.
Las propuestas de desmilitarización encajan, además, con una cierta concepción de las Fuerzas Armadas como organizaciones dedicadas a actividades útiles pero alejadas del carácter militar de la defensa. Está en el imaginario de un amplio sector del PSOE e, incluso las misiones internacionales en lugares de alto riesgo, son presentadas como operaciones aparentemente civiles: construcción de puentes, atención de hospitales, ayuda a las poblaciones desasistidas del lugar de destino, etc.
Sanciones frente a talante
A criterio similar responde la gran iniciativa «militar» del presidente Zapatero: la Unidad Militar de Emergencias que debe actuar, cuando lo decida el presidente o el ministro en quien delegue, en catástrofes y «calamidades» de alto riesgo. Esta Unidad, que llevaría a cabo en el interior lo que se vende como misiones del Ejército en el exterior, disimula el carácter militar hasta en el uniforme y se viene llevando en los últimos tiempos las mejores vacantes aparecidas en el Boletín Oficial de Defensa con los «complementos específicos» superiores a otros destinos.
Estas favorables condiciones de la privilegiada unidad chocan, en el tiempo y en el propósito, con las cartas de militares que, a instancia de la AUME que preside el brigada Bravo, se han remitido a los mandos quejándose de falta de información sobre la nueva política salarial.
Poco antes de la unificación del mando de Policía y Guardia Civil, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, volvió a mostrarse partidario de una desmilitarización del Cuerpo que todavía no estaba, según sus palabras, «madura».
Coincidiendo con la primera manifestación de guardias civiles, otros dirigentes socialistas se refirieron a las dificultades de abrir en aquellas circunstancias un nuevo frente de debate. Pero la ambigüedad y la traumática distancia entre los deseos y la realidad, vuelven a ponerlo sobre el tapete. Y coincidiendo con otras quejas que no dejan de responder a viejos problemas pendientes a los que no se ofrecen soluciones eficaces. Y, por último, la paradoja: en el paraíso del talante y del diálogo también caben las medidas disciplinares, suspensiones y arrestos incluidos.
Germán Yanque