En los peores días de la pandemia, cuando en España morían un millar de personas al día y el país permanecía confinado, soldados de la Unidad Militar de Emergencia instalaron hospitales de campaña en las zonas más afectadas, trasladaron cadáveres a morgues improvisadas, rescataron a enfermos de sus casas y desinfectaron residencias donde se encontraron ancianos “absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”. Los españoles aplaudimos desde los balcones la meritoria labor de sanitarios, policías, repartidores de comida… Y olvidamos, una vez más, a los militares.
Prejuicios heredados de la dictadura del general Francisco Franco y el desconocimiento e inquietudes sobre el papel actual de las fuerzas armadas españolas invisibilizan su labor. La institución no merece ese recelo: hoy es fuente de estabilidad y cumple su compromiso democrático con eficaz discreción. Es un logro meritorio respecto a su pasado, pero también reversible.
El 25 de noviembre, mandos retirados del Ejército de Tierra escribieron una carta al rey, Felipe VI, en la que reafirman su lealtad a la monarquía pero critican duramente al gobierno de Pedro Sánchez, al que describen como una amenaza “social-comunista” para la “cohesión nacional”. La carta se suma a otra similar secundada por jefes jubilados del Ejército del Aire. Aunque los militares retirados tienen derecho a ejercer su libertad de expresión, sus críticas son un error. Lo último que necesita España es que sus fuerzas armadas entren en el juego de la polarización política que vive el país.
Los militares se hacen eco en sus escritos de las posturas del partido de extrema derecha Vox y entran de lleno en el debate sobre los pactos entre partidos. “Amparándose en una carrera militar en la que ya no sirven […], pretenden implicar al jefe del Estado, su majestad, el rey, vulnerando la […] neutralidad política”, se quejó la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Los españoles tienen buenas razones para estar preocupados por las intenciones de los socios de gobierno. Los nacionalistas vascos de Bildu y los catalanes de Esquerra Republicana, que han apoyado los presupuestos para 2021, sitúan su objetivo independentista por encima del interés general de la mayoría de los ciudadanos. En el caso de Bildu, su pasado como brazo político de la organización terrorista ETA y su ambigüedad al condenar sus asesinatos hace aún más difícil digerir su acercamiento al gobierno de Sánchez.
Pero ambos son partidos legales con representación en el parlamento nacional. El gobierno, una coalición formada por partidos de izquierda, es igualmente legítimo, condición que un sector de la derecha le niega de manera irresponsable. La obligación de las fuerzas armadas de cualquier país es defender la democracia, incluso cuando ofrece resultados que no son de su agrado.
La intromisión política de los mandos retirados —los que están activos están obligados por ley a mantener neutralidad— da munición a quienes sostienen visiones desfasadas sobre las fuerzas armadas y empaña la imagen de una institución que durante la pandemia ha demostrado su utilidad en tiempos de paz, compensando la falta de previsión e incompetencia de nuestros políticos. Los militares españoles alertaron en un informe de que debíamos prepararnos para la segunda ola, sin que se les hiciera caso; han formado a miles de rastreadores que el sistema sanitario no pudo ofrecer; y mostraron una capacidad operativa y de coordinación que los gobiernos civiles no tenían. Incomprensiblemente, el sectarismo de la política ha limitado la efectividad de su respuesta.
Nada simboliza mejor el estigma que todavía rodea al ejército que la orden del gobierno catalán de desmantelar un hospital de campaña el pasado mes de marzo. La razón: a los dirigentes regionales no les gustaba la estética castrense. Las autoridades de Cataluña, una de las regiones más castigadas por el virus, rechazaron y obstaculizaron la ayuda militar a la vez que se mostraban incapaces de hacer frente a la crisis y más de 4000 ancianos morían en residencias, algunas de ellas bajo su supervisión.
La imagen del ejército carga con el lastre de la historia. Los militares dieron un golpe de Estado en 1936 que llevó al país a la Guerra Civil, sosteniendo después la dictadura del general Franco durante cuatro décadas. Tras la muerte del dictador, los sectores favorables a la democratización se impusieron a los defensores del viejo régimen. El intento de frenar la Transición con un nuevo golpe, en 1981, fracasó al ser secundado por una minoría y tras la intervención del entonces rey Juan Carlos I.
Las reformas de estas últimas cuatro décadas han modernizado las fuerzas armadas, en un proceso que ha supuesto despojar a los militares de muchos de los beneficios de la etapa franquista. Los soldados españoles están hoy entre los peor pagados en los países desarrollados, muy por debajo de Francia, Alemania o Irlanda. Urge acercar su salario al de otras naciones europeas.
Los militares llevan décadas sometidos a la autoridad civil de gobiernos escogidos por los españoles, tanto de izquierdas como de derechas. Participan en misiones internacionales en una decena de países, a menudo para apoyar otras transiciones democráticas. Ayudan en situaciones de emergencia. Es hora de despojarse de complejos caducos que impiden a una parte de la sociedad reconocer su aportación.
La normalización completa solo llegará cuando sectores de la izquierda y de los nacionalismos regionales abandonen una desconfianza injustificada sobre la institución y esta logre marginar a los últimos nostálgicos que no aceptan su nuevo rol en democracia. Los mensajes difundidos este miércoles, en los que mandos retirados del Ejército del Aire alaban al dictador Franco y banalizan sobre hipotéticos golpes militares, deben ser censurados, pero no son un reflejo del estado actual de las fuerzas armadas.
El rey Felipe VI, quien como capitán de los ejércitos ha mantenido su neutralidad política, debería responder con contundencia a quienes tratan de enfrentarlo al gobierno, recordándoles que si de verdad quieren hacer un servicio a la patria deben dejar la política a los políticos. En países con más tradición democrática, esa imparcialidad de los militares tiene un premio: el respeto, también sin distinción ideológica, de los ciudadanos.
David Jiménez es escritor y periodista. Su libro más reciente es El director.