El embrollo de la deuda de la Argentina

La Argentina se encuentra ante un dilema. Antes de su canje de deuda soberana, su Asamblea Legislativa promulgó una “Ley Cerrojo”, que impedía cualesquiera ofertas futuras a los titulares de bonos de los que la Argentina había declarado suspensión de pagos en 2002. Si bien la Ley Cerrojo contribuyó a aumentar la participación en el canje de 2005, siguen existiendo acreedores que se negaron a participar en él y han presentado demandas para exigir el pago.

A finales de noviembre, Thomas Griesa, juez federal de un juzgado de Nueva York (Estados Unidos), ordenó a la Argentina que depositara 1.330 millones de dólares adeudados a los acreedores en una cuenta de garantía el 15 de diciembre, a más tardar. Griesa levantó la suspensión de su orden cautelar a partir de febrero de 2012, tras recibir las indicaciones del Gobierno de la Argentina de que se proponía incumplir el fallo, incluidas declaraciones públicas en las que denominaba “fondos buitres” a los titulares de bonos que no habían participado en el canje y la promesa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirshner de que nunca pagaría. La sentencia, pendiente de apelación, deja a la Argentina con tres opciones: violar su propia legislación, violar la legislación de los EE.UU. o volver a suspender pagos.

En su fallo, basado en la cláusula pari passu (“en condiciones de igualdad”) incluida en los bonos, Griesa incluyó el Banco de Nueva York Mellon (el fideicomisario de los titulares de bonos) entre las entidades que actúan “en concertación y participación activas” con la Argentina y le advirtió que no transfiriera los fondos, si este país incumplía la orden. A consecuencia de ello, si la Argentina opta por pagar a los titulares de los bonos canjeados como de costumbre, el Banco de Nueva York Mellon puede negarse a hacer la transferencia de los fondos, con lo que desencadenaría una suspensión de pagos técnica.

Pero no hay demasiado tiempo para buscar resquicios legales. Si bien la Sala Segunda del Tribunal Federal de Apelaciones ha concedido a la Argentina una medida cautelar urgente, con lo que levantaba temporalmente la amenaza de suspensión de pagos, los funcionarios de la Argentina tendrán que exponer sus argumentos ante el tribunal en febrero.

Esa resolución garantiza los pagos normales de la deuda por la Argentina en diciembre, pero, a partir de ese momento, el Gobierno de este país puede encontrarse ante un dilema: si sigue haciendo los pagos, se comprometerá a cumplir un fallo considerado de forma generalizada excesivo e injusto, pero, si se niega a pagar, socavará el proceso de apelaciones, al revelar su renuencia a acatar una sentencia adversa. De hecho, la áspera retórica del Gobierno lo ha dejado sin apenas margen de maniobra. Como en el póker, tendrá que pagar para ver la siguiente carta.

Pero la Argentina no carece de opciones. Si bien el depósito de garantía requerido no es un pago efectivo de los bonos que no participaron en el canje, en vista de que, si el tribunal de apelaciones fallara en última instancia a favor de la Argentina, ésta recuperaría la garantía, se podría considerar un pago condicional que violaría la Ley Cerrojo. El Gobierno podría evitarlo fácilmente obteniendo un acuerdo parlamentario para suspender la ley temporalmente, como hizo en 2010, cuando se llevó a cabo un segundo canje de deuda soberana. De hecho, la reanudación del canje, opción que ya se está examinando, sigue siendo una substitución natural de la interpretación maximalista de pari passu de Griesa, si bien puede ser demasiado tarde para seguir esa vía.

En cambio, la negativa a cumplir la sentencia permitiría probablemente que el Banco de Nueva York Mellon no ejecutara los pagos, con lo que resultaría prácticamente imposible pagar a tiempo la garantía a los titulares de bonos del canje, pero, aun en ese caso, se podría evitar una suspensión de pagos técnica, que reduciría aún más el ya limitado acceso de la Argentina a los fondos internacionales, desviando los pagos de los bonos del intercambio al Reino Unido, a algún otro país de Europa o a la Argentina (la opción más probable). Conforme a la cláusula de acción colectiva (CAC) de los bonos, no equivaldría a una suspensión de pagos, si el 75 por ciento de los titulares de los bonos aceptaran el cambio de jurisdicción.

Desde luego, los titulares de los bonos podrían negarse, en vista de que, si declararan individualmente que los bonos de canje están en suspensión de pagos, podrían solicitar en los tribunales el pago total e inmediato de la deuda pendiente, pero, no podrían hacerlo, si eso significara que la Argentina, al no poder sufragar los pagos acelerados, se vería obligada a repudiar la deuda, con lo que los titulares de los bonos no recibirían nada.

A falta de un procedimiento de quiebra soberana, una solución coordinada, que los canjes de deuda y las CAC facilitan, es la mejor opción, pero el fallo de Griesa socava las perspectivas de cooperación. Al fin y al cabo, lo más probable es que los inversores rechacen un período más largo de pagos menores de los bonos de canje, si pueden obtener una retribución inmediata y total de la deuda original.

De hecho, ni siquiera el riesgo de no recibir nada garantiza que los titulares de los bonos no se acogerán a los bonos antiguos y, aparte del muy debatido –y, a mi juicio, exagerado– problema de la agregación, la reducción del costo por no haber participado en el canje, como ordena el fallo de Griesa, impediría el éxito de las CAC.

A no ser que la Argentina presente una propuesta de pago substitutiva, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. (y, posiblemente el Tribunal Supremo de los EE.UU) tendrán que optar entre el “todo” de los acreedores y la “nada” de la Argentina. Suspender la Ley Cerrojo y reanudar el canje podría brindar una base para la revisión de la causa y propiciar un fallo que empiece a colmar las lagunas de la estructura financiera internacional. En un momento en el que nuevas reestructuraciones de deuda soberana son claramente posibles, esa medida resulta decisiva.

Eduardo Levy Yeyati is Professor of Economics at Universidad Torcuato Di Tella and Senior Fellow at the Brookings Institution. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *