Era previsible que sucediera pero no tan pronto ni con tanta intensidad. El fracaso del Gobierno en el «proceso de paz» -un fracaso que ha incurrido en el patetismo del ridículo- estaba previsto endosárselo al Partido Popular. Así estaba escrito en la hoja de ruta del viaje a ninguna parte que el presidente del Gobierno inició con la frustrada y frustrante iniciativa negociadora con la banda terrorista ETA. Faltaba un elemento detonador que vigorizase las energías deprimidas de la izquierda tras el brutal atentado de Barajas y -sobre todo- después de la penosa gestión de la crisis subsiguiente provocada por la errónea intervención de Rodríguez Zapatero el 30 de diciembre pasado. Las manifestaciones de Bilbao y Madrid de ayer han sido los recursos utilizados por el PSOE y el propio Gobierno para revitalizar los afanes de segregación del PP que bullen en determinados sectores ideológicos y sociales en esta España que ha recuperado una selectiva «memoria histórica» que se dirige como un obús destructor contra la derecha democrática española que agrupa a la nada despreciable cifra de casi diez millones de ciudadanos. La coartada de la izquierda gobernante para obviar su frustración ha sido otra vez la movilización popular encauzada para aplastar la identidad y legitimidad política e ideológica de la oposición.
Desde que el presidente del Gobierno reprendiese -y corrigiese- en público al secretario de organización del PSOE que esbozó una tímida autocrítica en la gestión del «proceso», y se distanciase con desdén de los consejos de su ministro de Interior -Pérez Rubalcaba, por si acaso, se fue hasta The New York Times para aseverar que ninguna tregua de ETA sería ya creíble después del atentado de Barajas-, se adivinaba que la maquinación para compartir con el Partido Popular la responsabilidad del fracaso gubernamental con la banda ETA estaba en marcha. En la maquinación han convergido todas las fuerzas -bien en Madrid, bien en Bilbao, y en ambas ciudades a la vez-que han demostrado no haber interiorizado los valores de convivencia que se fraguaron en una transición democrática que, ya con claridad casi nítida, pretenden superar mediante la ideación de una ruptura política en la que el éxito del «proceso de paz» era un factor capital. Pero el manoseado «proceso» ha fracasado -aunque el presidente del Gobierno se siga resistiendo a declararlo roto por más que así lo considere la extrañamente nerviosa e intemperante Fernández de la Vega- y semejante fiasco no se solventa ni con manifestaciones más o menos vociferantes ni con imputaciones de anacrónico manual de agitación y propaganda. El fracaso del presidente del Gobierno es suyo y enteramente suyo y el Partido Popular se ha limitado a no hacerse corresponsable de una iniciativa política que presentaba graves reparos de carácter ético-político e insuperables obstáculos para su viabilidad. El desentendimiento del PP de la interlocución gubernamental con la banda terrorista ha respondido, además, a un diagnóstico previamente elaborado y experimentado cuya autoría compartió -y lo hizo de manera entusiástica- el PSOE y su secretario general Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura.
En varias ocasiones he expresado la opinión -sustentada en sólidos indicios- de que el presidente del Gobierno lleva mucho tiempo esperando el desplome del suelo electoral del Partido Popular y el desencadenamiento de una crisis interna que haga inverosímil su eventual triunfo en una futura confrontación electoral. Y aunque los populares, en ocasiones, han estado a punto de favorecer las expectativas de Rodríguez Zapatero, la torpeza del presidente -un presunto «buenón» político en expresión de Felipe González- ha podido más que los larvados disensos internos en la formación conservadora a la que, ahora, amalgama todavía más esta burda maniobra de endoso de un fiasco con la banda terrorista ETA que, siendo tan probable como anunciaban los acontecimientos, el Gobierno no ha sabido ni dirigir ni digerir. Rodríguez Zapatero deberá dejar para otra etapa -si llega a ella en mejores condiciones que las actuales- su propósito de desarbolar al PP, después de haber comprobado que el liderazgo de Mariano Rajoy no es arrasador pero sí suficiente para soportar incólume sus entrevistas en Moncloa de las que el presidente popular sólo ha extraído incertidumbres y banalidades.
En política es usual tratar de transferir al adversario -aquí el PP es tratado como enemigo- la responsabilidad de los propios errores, pero es inaudito que se utilice a la propia sociedad como instrumento del endoso del fracaso. Mucho antes de que se convocaran dos manifestaciones -en la de Bilbao, los socialistas insisten en secundar el «diálogo», un concepto noble que los terroristas han desvirtuado hasta dejarlo en mero recurso dialéctico para cubrir sus crímenes- el presidente del Gobierno debería haber explicado las circunstancias en las que se han producido los contactos con la banda terrorista y proporcionado los detalles de la preparación y ejecución del atentado de Barajas. Antes también de que se convocaran las concentraciones, la sociedad a la que se ha reclamado su presencia en la calle tenía -y sigue teniendo- el derecho a conocer por qué el jefe del Gobierno prometió el día 29 de diciembre un futuro mejor, para tener que negarlo veinticuatro horas después; debe aclarar igualmente, por qué sus colaboradores se refieren a la «ruptura» del proceso y él se resiste a utilizar ese término tan definitivo y, especialmente, José Luis Rodríguez Zapatero tendría que hacer entender al común de los mortales por qué razones no fue él, como presidente del Gobierno, el que rompiese -así, rompiese- el «proceso paz» cuando ETA perpetró graves actos de violencia callejera, cuando era público y notorio que persistía en su chantaje a empresarios y profesionales y cuando robó, previo secuestro, trescientas cincuenta armas en Francia y por qué razón no atendió los requerimientos de las autoridades galas que -incluso en una vista pública en París-aseguraron que la banda terrorista no presentaba síntomas de aquietamiento sino de todo lo contrario.
Mañana se celebra un pleno parlamentario de carácter extraordinario en el que -más allá de las manifestaciones a las que tan poca consideración ha mostrado tener el presidente porque a ninguna de las que convocaron las víctimas atendió- Rodríguez Zapatero se enfrenta a muchas preguntas, a un buen puñado de incógnitas y a algunas obligaciones morales. Y si el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha quedado desfasado -según interpretación del Gobierno, del PSOE y de todos sus aliados ocasionales o duraderos en el Congreso- ¿acaso no ha decaído la vigencia de la autorización parlamentaria de mayo de 2005 en la que se amparó para iniciar este ya fracasado «proceso»? ¿no debería ser revocada aquella resolución y adoptada otra con exigencias a ETA que despejasen cualquier duda sobre el propósito inequívoco de derrotar a la banda sin mediar diálogo alguno que no sea el imprescindible para incautar las armas e implementar las medidas de generosidad que el Estado y la sociedad tuvieran a bien concederle?
El éxito, se dice con tino, tiene muchos padres, pero el fracaso suele ser huérfano. Rodríguez Zapatero, el Gobierno, elPSOE y los nacionalistas -et alii- pretenden quebrar este principio inveterado convirtiendo al PP en provocador de un error histórico que al presidente le comienza a pesar demasiado. Suárez, González y Aznar bailaron con los lobos etarras y así les fue. Rodríguez Zapatero -ahora le ha tocado a él por no aprender en cabeza ajena- debe asumir las consecuencias de su equivocada opción. Sin más trampas, o sea, sin rehuir su responsabilidad o -lo que sería aún peor- clausurando de verdad el «proceso». Porque si no lo hace, ya no sería uno de sus frecuentes lapsus linguae, sino, directamente, una indecencia.
José Antonio Zarzalejos, director de ABC.