Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 11/05/04).
La discusión en torno a la tarea que debería afrontar la investigación parlamentaria de los atentados del 11 de marzo corre el riesgo de conducir al despropósito de convertir una comisión que todos los grupos han considerado necesaria en una comisión inútil. Sin duda el resquemor por los resultados electorales del 14-M sigue estando presente en el ánimo de los populares. Pero su empeño en sacarse la espina insistiendo en que el gobierno Aznar fue víctima del engaño o de la maledicencia a cuenta de la masacre de Madrid no puede aportarles nada bueno. Y sobre todo nada bueno podría aportar a la obligación fundamental que compromete al Congreso de los Diputados: reflexionar sobre las circunstancias que rodearon a los atentados para extraer conclusiones con miras al futuro inmediato.
Cuando se produce un atentado, es habitual que se eche la mirada atrás para descubrir aquellos indicios que lo hacían verosímil e incluso probable. De esa forma, podríamos llegar a la conclusión de que no ha existido en la historia ningún atentado terrorista que resultara del todo imprevisible. Pero esa sería una conclusión rayana en lo absurdo, y desde luego poco operativa. La convicción de que Al Qaeda podía atentar en cualquier parte del mundo estaba tan extendida como que permitía a todos los servicios de información y policiales curarse en salud advirtiendo sobre la eventualidad de que atacara en sus respectivos países. En este sentido, las indicaciones que al parecer habían hecho el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional al gobierno Aznar no serían muy distintas de las notas e informes elevados por los demás servicios europeos a sus responsables políticos. Si los atentados de Madrid hubiesen tenido lugar en cualquier otra capital del continente, ahora se estaría hablando igualmente de imprevisión.
Es cierto que España aparecía en los informes públicos que comenzaron a proliferar tras el 11-S sobre la red Al Qaeda, sobre todo en los fechados a partir de 1999. Pero aparecía como lugar de estancia y paso, de planificación, de aprovisionamiento logístico o de financiación. La importancia que tenía España dentro de la galaxia Al Qaeda parecía indudable mucho antes del 11-M. La dificultad para seguir los pasos de una red tan compleja y transnacional resultaba igual de evidente. Incluso es posible que la no asignación de mayores recursos a la prevención y persecución de semejante amenaza se debiera a una convicción común en el tratamiento del terrorismo: la creencia –en buena parte fundada– de que los terroristas no atentan allí donde mantienen sus fuerzas de reserva, por donde transitan o hacia donde se repliegan.
Pero es igualmente cierto que la implicación del gobierno Aznar en la guerra de Iraq, los atentados de Casablanca del 16 de mayo del 2003 y la explícita amenaza dirigida por Bin Laden el 19 de octubre de ese mismo año permitían advertir de que España había cambiado de ubicación dentro del atlas de Al Qaeda. Que podía haber pasado de ser un lugar estratégico a convertirse en un objetivo estratégico. Resulta vano negar que el cambio se produjo a consecuencia de la ocupación de Iraq. Y es ahí donde cabe formular un reproche político al voluntarismo con el que el gobierno Aznar quiso preservar la idea de que su alianza con Bush era necesaria para el mundo, conveniente para los intereses españoles y en todo caso inocua desde el punto de vista de sus efectos sobre nuestra seguridad. El otro reproche también fue expresado con contundencia el 14 de marzo: la obstinación del gobierno Aznar por continuar vinculando su política a la existencia de un enemigo preferente –ETA– resultó patente en las jornadas posteriores a los atentados de Madrid.
Por prudente que sea la actuación de los miembros de la comisión de investigación que se constituya, toda encuesta dirigida a desentrañar las posibles inconsecuencias entre los datos disponibles y las medidas adoptadas antes del 11-M implicará un juicio más o menos severo respecto a la actuación del anterior gobierno. Pero buena parte de esas inconsecuencias responden a un clima del que era partícipe el conjunto de fuerzas políticas, no sólo el PP. Las discrepancias que manifestó la oposición frente al seguidismo de Aznar respecto a la Administración Bush no apelaban a una mayor atención política a la amenaza que podía representar Al Qaeda para España, o a una mayor dedicación de esfuerzos humanos y materiales en esa dirección. Más bien criticaban la ilegal e irresponsable utilización de la guerra convencional para combatir el terrorismo y demandaban una acción concertada de la comunidad internacional para superar las causas que pudieran explicar su existencia.
Baste este ejemplo. En sus intervenciones en el debate de investidura el presidente Rodríguez Zapatero hizo mención repetidas veces del "terrorismo internacional" y evitó en todo momento el calificativo de "islamista". ¿Fue ello una muestra de tolerante prudencia o de un voluntarismo estéril? La naturaleza del terrorismo ejecutado, coordinado o auspiciado por la red Al Qaeda está suficientemente identificada para que sea posible e incluso conveniente la utilización del término islamista. Entre otras razones porque la alienación de los fundamentos de una religión o de una doctrina política para cometer atrocidades implica a quienes, formando parte de una misma comunidad de creencia o de ideología, han de comprometerse a que nada malo se haga en su nombre. Si la mayoría que sintoniza con el nuevo Gobierno no se atiene a todas las evidencias –no sólo a las que puedan dejar en entredicho al ejecutivo anterior–, el dictamen final que la comisión institucional eleve al pleno del Congreso adolecerá también de ese mal tan común en política que es el diseño a voluntad del enemigo preferente.