Las controversias políticas no son novedad en la India. Siempre podemos encontrar al menos media docena de ellas en su rebelde vida política, pero tal vez la más indecorosa entre las disputas recientes sea la de los datos de mortalidad por COVID-19 en el país.
La pandemia golpeó duramente a la India, en especial durante la segunda ola, entre abril y junio de 2021, cuando había gente que moría de COVID-19 en las salas de espera y los estacionamientos de los hospitales, y otros sucumbían por falta de oxígeno medicinal. Innumerables piras funerarias brillaban en la oscuridad a lo largo de la ribera del Ganges, aun cuando había familias pobres que, incapaces de pagar un funeral, amortajaban a sus seres queridos y los dejaban flotar río abajo.
Pero, a pesar de las amplias evidencias anecdóticas de la catastrófica cantidad de muertos por la pandemia, los datos oficiales indios daban cuenta de una historia diferente, aunque de todos modos alarmante. El gobierno del primer ministro Narendra Modi estimó que entre el inicio de la pandemia, en enero de 2020, y marzo de 2022 hubo poco más de medio millón de muertes por COVID-19. Muchos periodistas indios se mostraron escépticos y señalaron que el dato oficial estaba muy por debajo incluso de la cantidad de pagos de compensación de los gobiernos estatales a las familias de las víctimas de la COVID-19. La respetada revista médica británica The Lancet publicó un estudio que sugería que los datos de la India estaban fuertemente subestimados, pero el gobierno mantuvo su postura.
Fue necesario un explosivo informe publicado a principios de este mes por la Organización Mundial de la Salud para destapar la olla de las afirmaciones del gobierno. Según el indicador de «exceso de defunciones» —basado en la tasa de mortalidad anterior a la pandemia en la misma región— la OMS estimó que la cantidad de muertes por COVID-19 en la India fue de 4,7 millones. Ese número era casi 10 veces mayor al que el gobierno estaba dispuesto a admitir y significa casi un tercio de las 15 millones de muertes estimadas en el mundo a causa de la pandemia.
El gobierno, que inicialmente intentó sin éxito dilatar la aprobación del informe, lo denunció esgrimiendo dudas sobre la metodología de la OMS. Pero, dado que una baja cantidad de muertes por la COVID-19 es parte fundamental del mensaje del gobierno, el rechazo se entendió como un intento por contrarrestar la publicidad desfavorable sobre su gestión de la pandemia.
La India es un miembro importante de la OMS y su ministro de Salud presidió el Comité Ejecutivo del organismo durante el primer año de la pandemia. Podemos suponer que, como entidad de las Naciones Unidas, la OMS no busca ventajas políticas atacando al gobierno de uno de sus principales estados miembros. Pero la necesidad de contar con cifras precisas sobre la mortalidad por COVID-19 para que el mundo puede prepararse mejor para la próxima pandemia obligó a la organización a ignorar las sensibilidades de los gobiernos nacionales y publicar su informe. (Muchos otros cálculos y relevamientos llegaron a conclusiones similares sobre la escala de la mortalidad por COVID-19 en la India. Las estimaciones indican entre 3 y 5 millones de víctimas).
Irónicamente, las cifras de la OMS confirman de todos modos que el desempeño de la India frente al de otros países para hacer frente a la pandemia no fue tan malo. Aunque su tasa de mortalidad por COVID-19, del 1,2 % de los casos confirmados, es la séptima más alta en el mundo, el país no figura entre los 100 primeros puestos en términos de muertes por millón de habitantes. Además, es posible que mucha más gente de la diagnosticada se haya contagiado en la India y que la verdadera tasa de mortalidad sea, por lo tanto, menor (aun cuando la cantidad absoluta sea elevada debido a la gran cantidad de habitantes del país).
Hubiera sido entonces mejor para el gobierno aceptar los datos de la OMS y presentarlos como una noticia relativamente favorable en vez de iniciar una controversia que lo dejó en una posición internacional poco halagüeña. Al desafiar una metodología bien establecida y utilizada por los epidemiólogos en todo el mundo, el gobierno generó una discusión mucho mayor sobre las deficiencias del sistema de registro civil de la India, los informes sobre contagios y muertes, y la credibilidad de sus estadísticas oficiales en términos más generales.
La India debió haber admitido que el draconiano confinamiento, al estilo chino, que impuso el gobierno cuando comenzó la pandemia en 2020 paralizó gran parte de la actividad administrativa, incluidos los informes y registros de muertes (no solo por COVID-19). No se realizaron relevamientos en campo y las muestras estadísticas se basaron en datos inadecuados. Aunque esas cuestiones mejoraron en 2021, el cambio en los patrones de los confinamientos y la gravedad de la segunda ola también interfirieron con la obtención de registros precisos. El gobierno sencillamente podría haber pedido a la OMS que incluyera una nota al pie en el informe para explicar que, por esos motivos, sus estimaciones de la cantidad de muertes por COVID-19 en la India se basaban en un modelo.
En lugar de eso, los funcionarios de la India afirmaron la ridiculez de que el 99,9 % de las muertes por COVID-19 hasta la fecha se registraron en 2020, y que el aumento del «exceso de defunciones» en realidad refleja mejoras en los registros. Esto es tan palpablemente falso que arroja dudas sobre la confiabilidad del gobierno en general.
Un país cuyas estadísticas alguna vez fueron tomadas como modelo para los países en vías de desarrollo sufre la vergüenza de que se lo señale como un sitio donde se ajustan las cifras oficiales para adecuarlas la narrativa preferida por el gobierno. En medio de un amplio escepticismo internacional sobre la integridad de los datos de mortalidad oficiales de la India, la OMS la relegó a la categoría de países en los que las cifras de COVID-19 se deben estimar a través de modelos estadísticos.
La vida y la muerte no pueden ser una cuestión de opiniones. Los datos precisos sobre la mortalidad permiten a los países entender la escala de las tragedias, honrar a los muertos, compensar a los vivos y evaluar mejor las medidas necesarias para prepararse para las futuras crisis de salud pública. La India no debe ser tratada de forma injusta nuevamente debido a los vergonzosamente torpes intentos del gobierno de Modi por controlar su imagen.
Shashi Tharoor, a former UN under-secretary-general and former Indian Minister of State for External Affairs and Minister of State for Human Resource Development, is an MP for the Indian National Congress. He is the author, most recently, of Pride, Prejudice and Punditry: The Essential Shashi Tharoor (Aleph Book Company, 2021). Traducción al español por Ant-Translation.