Reducir la brecha de géneros puede traer enormes beneficios económicos. Según el McKinsey Global Institute (MGI), si cada gobierno ayudara a sus ciudadanos a alcanzar el nivel de igualdad de género del país de su región que más avanzó en ese tema, el incremento total del PIB en un año podría llegar a 12 billones de dólares en 2025.
La igualdad de género también es un imperativo moral, reconocido como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, adoptados por 193 países en 2015. Además del beneficio económico adicional, invertir en las mujeres y las niñas puede transformar para mejor millones de vidas.
Así que la pregunta es cómo hacer realidad estos inmensos beneficios. Lograr la igualdad de género económica no es posible sin mejorar también la igualdad de género social. Ambas deben encararse juntas. Pues bien: una parte importante de la respuesta está en mejorar el acceso a servicios esenciales como la educación y la planificación familiar.
El MGI estima que la inversión anual adicional necesaria en 2025 para entregar los servicios esenciales a quienes los necesitan sería entre 1,5 y 2 billones de dólares (se calcula que en 2014 la inversión en esos servicios fue 6,3 billones de dólares). Es decir, la mejora económica potencial en 2025 sería entre 6 y 8 veces la inversión necesaria.
Hay seis áreas (educación, planificación familiar, salud materna, inclusión financiera, inclusión digital y asistencia para la atención familiar no remunerada) donde una mejora del acceso a servicios esenciales puede liberar el potencial económico de las mujeres y ayudar a cumplir las metas de igualdad de género de los ODS. La asistencia para la atención familiar no remunerada es una de las áreas con mayor potencial mundial, pero también hay amplio margen para hacer mejoras en inclusión financiera y digital en el sur de Asia, y el África subsahariana tiene necesidad imperiosa de hacer avances en salud materna.
Para no apartarse de la senda prevista por los ODS, hay que aumentar en 58 millones de niñas y 60 millones de niños las cifras de inscripción escolar; dar acceso a servicios financieros formales a unos 224 millones de mujeres que hoy no lo tienen, para terminar de eliminar la disparidad entre géneros; y mejorar el acceso a agua potable de unos 445 millones de personas (lo que ayudará a cumplir el objetivo de reducir el trabajo de atención familiar no remunerado que realizan las mujeres en los países en desarrollo).
El cumplimiento efectivo de esta ambiciosa agenda no será posible sin una acción concertada de los gobiernos con el sector privado y las ONG. Se necesitarán más inversiones, la creación de oportunidades de empleo para las mujeres y la introducción de medidas que las ayuden a pasarse a trabajos más productivos.
El MGI identificó en diversas partes del mundo varias intervenciones que sería muy fácil extender a un área mayor. Algunas medidas con capacidad demostrada de mejorar el acceso a la educación incluyen construir más escuelas secundarias, garantizar la provisión de instalaciones sanitarias para las niñas en los lugares de estudio y crear incentivos financieros (incluidas transferencias de efectivo) que fomenten la inscripción y permanencia de las niñas en las escuelas.
En cuanto a la planificación familiar y la salud materna, las prioridades principales son aumentar la cantidad de trabajadores sanitarios y desarrollar servicios de emergencia y salud materna en áreas rurales. También es importante mejorar las cadenas de suministro de anticonceptivos y ampliar la educación sexual en las escuelas.
Uno de los modos más efectivos de reducir el tiempo que dedican las mujeres a trabajos de atención familiar no remunerados es aumentar la provisión de guarderías, sea con subsidio estatal, con ayuda de los empleadores o pagadas por las beneficiarias. Las tecnologías digitales pueden ayudar a más mujeres a obtener acceso a servicios financieros, pero solo si los países amplían sus infraestructuras y ayudan a mejorar el alfabetismo digital y financiero de las mujeres.
Estas medidas no serán gratuitas; pero el MGI determinó que en el 60% de los países, los fondos necesarios se pueden generar con los impuestos al PIB adicional que se lograría al empoderar a las mujeres. Allí donde esto no sea posible, se puede apelar a la inversión privada. Por ejemplo, este año el Estado de Nueva York (EE. UU.) aprobó una ley que exige a empleadores y empleados hacer aportes para la financiación de licencias familiares pagas.
Pero los cambios de políticas serán insuficientes si persisten actitudes que impiden a la gente hacer uso de los nuevos derechos y servicios. Hay estudios que señalan que incluso en Suecia, que hizo grandes avances en igualdad de género, toma licencia familiar alrededor del 33% de los hombres, contra más del 75% de las mujeres. Es verdad que optar entre trabajo doméstico y remunerado es en última instancia una decisión personal, pero si hay actitudes sociales que obstaculizan una auténtica libertad de elección es preciso encararlas.
Hay motivos para el optimismo. Muchos países en desarrollo, entre ellos India, están en un punto de inflexión: un veloz achicamiento de las divergencias entre géneros trae consigo la promesa de enormes mejoras en las perspectivas económicas de las mujeres. En Estados Unidos, otros estados además del de Nueva York también adoptaron políticas de licencia familiar. Y el veloz avance de la tecnología digital ofrece formas totalmente nuevas de acceder a oportunidades financieras y laborales.
Por fin hay cada vez más conciencia de los inmensos beneficios económicos de encarar la desigualdad de género. Tenemos un incentivo de 12 billones de dólares para acelerar el progreso.
Rakesh Mohan, a former deputy governor of the Reserve Bank of India, is a senior fellow at the Jackson Institute for Global Affairs at Yale University and Distinguished Fellow at Brookings India.
Anu Madgavkar is a McKinsey Global Institute partner.
Traducción: Esteban Flamini.