Sólo ha pasado el primer trimestre del año en curso, y hemos comprobado como los acontecimientos dan la razón a aquellos que consideran que el conocimiento de nuestro entorno es insuficiente, especialmente en aquellos aspectos del terreno relacionados con las obras públicas y las infraestructuras.
El año se despertó con el deslizamiento, de quinientos metros de longitud, que afectó el nuevo dique del puerto de Barcelona, todavía en construcción, al que siguió la espectacular caída de bloques en la montaña de Montserrat. Apenas recuperados del susto, aparecieron diversas grietas en edificaciones del casco antiguo de El Prat de Llobregat a las que siguieron otras en el barrio barcelonés de Sants. Entrado el mes de febrero, es la boca norte del túnel de Vielha la que presenta un hundimiento parcial en su falso túnel.
Las repercusiones económicas de estos sucesos suman varias decenas de millones de euros en diversos conceptos, y el hilo conductor que los une tiene un componente común: en todos los casos está involucrado el terreno, de una manera más o menos directa, ya sea por causas antrópicas, es decir, humanas, o por causas geológicas naturales, como el caso de los desprendimientos en la montaña de Montserrat. Cabe preguntarse, pues, si nuestro conocimiento del terreno, así como de los procesos a los que se ve sujeto, es el adecuado. Esta pregunta viene repitiéndose periódicamente cada vez que asistimos a un suceso de estas características, recuérdese el caso del AVE en el tramo Zaragoza-Lleida o el más inquietante del barrio del Carmel de Barcelona.
La comisión de investigación que el Parlament de Catalunya promovió a partir de lo acontecido en el Carmel reconoce, en una de sus conclusiones, el "conocimiento insuficiente de las circunstancias geológicas en el entorno de la zona del accidente". En el caso del AVE, la comparecencia del presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio González Marín, fue igual de ilustrativa al respecto. En concreto, González Marín reconoció que se observó una falta de análisis preliminar más profundo a la hora de los estudios, fundamentalmente en cuanto a la planificación global del análisis de los riesgos geológicos y geotécnicos. Ambos casos son paradigmáticos de la favorable relación coste beneficio que los estudios geológicos adecuados pueden aportar. A la vista del problema cabe preguntarse: ¿Cuál es la razón de que los reconocimientos geológicos previos relacionados con las obras públicas tengan un papel secundario? La respuesta es muy poliédrica, pero hay ciertos aspectos que vale la pena resaltar.
Es frecuente que la Administración, ya sea estatal, autonómica o municipal, licite mediante concurso. Los concursos suelen adjudicarse a empresas, grupos o uniones temporales que han realizado una baja significativa sobre el precio de licitación. Sin embargo, en concepto de imprevistos y modificados, muchas de estas actuaciones acaban costando a las arcas públicas un precio superior al inicialmente licitado. Las razones de la existencia de modificados en la ejecución de los proyectos también son complejas y múltiples, pero una de las causas frecuentes es la insuficiencia en el conocimiento previo del terreno tal como ya se ha reconocido. Sin embargo, en la actualidad no existe una normativa coherente que regule los estudios geológicos y geotécnicos en la obra pública, que esté debidamente actualizada y que sea de obligado cumplimiento. En especial aquellos aspectos no directamente relacionados con la infraestructura son sistemáticamente minimizados y los estudios informativos previos son los que presentan más carencias al respecto. Los estudios geológicos, en la actualidad, no son independientes de los proyectos y se encargan subsidiariamente a éstos. Ello conlleva procesos de subcontratación, con la consecuente problemática que esto implica, especialmente en la dilución de los recursos asignados.
Es justo reconocer que a partir de los casos paradigmáticos citados, AVE y Carmel, las administraciones han hecho un esfuerzo para mejorar el déficit de conocimiento geológico actual, mejoras que se han traducido en mayores dotaciones en los sondeos, ensayos y análisis, aunque la materia gris sigue estando desatendida. Buscando un símil con la medicina, ahora disponemos de mayores recursos para las analíticas, pero el diagnóstico sigue infravalorado, económica e intelectualmente, sujeto a prisas y focalizado excesivamente en la obra en cuestión descuidando aspectos ajenos a ésta pero que pueden acabar comprometiéndola. El resultado puede llevar a modificaciones que incrementen el coste de las obras de una forma desmesurada. El proyecto de ley de la Obra Pública que promueve el Gobierno actual de la Generalitat incide favorablemente en algunos de los aspectos citados y sin duda ha de suponer un paso adelante al respecto, pero en su estado actual sigue siendo poco atrevido en la demanda de un conocimiento integral del entorno geológico de las obras públicas antes, durante y después de su construcción.
No se dispone de estudios sobre cuál es la relación coste beneficio de la inversión geológica relacionada con la obra pública. Con todo, la valoración del proyecto Magna (1971-2002), liderado por el Instituto Geológico y Minero de España y que cubre con cartografía geológica básica todo el territorio estatal, sí dispone de dicho estudio. Los datos para su elaboración, recabados entre más de un millar de empresas y entidades, en las que figuran de forma destacada las que se dedican a la obra pública, demuestran una relación coste beneficio muy satisfactoria. Por cada euro invertido se han recuperado dieciocho en diversos conceptos. A pesar de su orientación minera y sus limitaciones, se ha convertido en un producto generalista y referente inicial en muchos proyectos de ingeniería civil.
En un país desarrollado que persigue la excelencia, no podemos permitirnos el desconocimiento de aquello que realmente es nuestro sustrato físico y el de nuestro medio ambiente, nuestra auténtica Gea.
Joan Escuer, presidente del Collegi Oficial de Geòlegs de Catalunya.