El escenario de Tsipras: costes electorales, agravios y desconfianza

El primer ministro griego tiene un mandato rígido de su ciudadanía para negociar con el Eurogrupo: no al paquete puesto sobre la mesa el 26 de junio. Esto significa que el Gobierno griego debe buscar mejores condiciones pero ¿cuáles son las alternativas reales? Todo indica que Tsipras, en línea con el mandato y espíritu del no, pondrá sobre la mesa menos medidas de recorte del gasto público y re-estructuración (quita/extensión sine die, etc) de la deuda. Esto supone rebajar el mínimo que los otros miembros del euro estaban dispuestos a aceptar hace 10 días.

Aunque se suele citar con razón a Alemania cómo el principal escollo, otros 17 Estados tienen intereses en la negociación. Estos pueden, de forma muy básica, reducirse a tres razones que nuclean la oposición potencial a suavizar las condiciones y que hacen que sea improbable que estas demandas se acepten. Primero, un mejora del acuerdo requiere, en cualquier caso, que los gobiernos de los miembros del euro tengan que obtener de sus parlamentos el consentimiento para proveer las garantías de la extensión/nuevo rescate.

Ello requiere gobiernos totalmente comprometidos con el objetivo, lo cuál puede ser difícil no sólo en el caso alemán, sino en otros países donde existen gobiernos de coalición. Recuérdese que aprobar la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera provocó una crisis y cambio de gobierno en al menos un país (Eslovaquia en 2011). Segundo, los gobiernos de los países que han seguido escrupulosamente la condicionalidad aparejada a otros paquetes de rescate y hayan llevado a cabo también dolorosas reformas estructurales no solamente se sentirán justamente agraviados, sino enfrentarán un riesgo electoral: ¿por qué, se preguntarán los ciudadanos, esos gobiernos no han sido capaces de asegurar un trato cómo el griego y, además, contribuyen a avalar un nuevo préstamo que puede tener efectos futuros negativos en caso de impago griego? Los Gobiernos de España, Irlanda y Portugal, sometidos a dolorosos acuerdos de condicionalidad o los de los tres Bálticos, que experimentaron duras crisis y tuvieron que afrontar duros ajustes, se hallan en esa situación.

Finalmente, la tercera razón afecta, a mi entender, a 18 Estados: es una cuestión de credibilidad. En el pasado, ha habido desconfianza manifiesta hacia la capacidad (e incluso voluntad) griega de devolver los préstamos y comprometerse con las reformas. Así, el Gobierno finlandés solicitó garantías colaterales para su préstamo bilateral que integró el primer rescate griego. Esta desconfianza parece haberse incrementado en los cinco últimos meses, en los que el Gobierno de Tsipras ha invertido su capital político en construir una causa moral y de economía política bastante incuestionable, dejando de lado que las consecuencias para terceros de la misma sólo son aceptables con un mínimo de confianza en el peticionario.

Tsipras ha ganado un referéndum, pero necesita ganar el plebiscito de 18 gobiernos legítimos y democráticos que enfrentan costes domésticos, pueden sentirse agraviados por la comparación con el caso griego y los que, además, no les ha dado, aparentemente, ninguna confianza. Superar esto puede requerir algo más que un argumento moral.

Carlos Closa es profesor del Instituto Universitario Europeo.

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