El espíritu de las leyes

La Constitución no se interpreta sólo desde la letra sino desde el espíritu. Así lo establece la doctrina del Tribunal Constitucional, que existe precisamente para evitar que ninguna actuación del Estado en sus tres poderes entre en contradicción con los principios constituyentes. Y por eso el TC avaló en su momento la ley de 1985 que residenciaba en el Parlamento la potestad de elegir el órgano de gobierno de los jueces: porque la mayoría requerida de tres quintos acreditaba un consenso de masa crítica suficiente.

El consenso es la base de la Carta Magna, como los legisladores se aseguraron de determinar al establecerlo como requisito imprescindible para reformarla mediante el procedimiento de mayoría agravada. Por tanto la necesidad de grandes acuerdos impregna también el llamado «bloque de constitucionalidad», que son las leyes que desarrollan los aspectos fundamentales del texto de 1978 para completar la estructura jurídica e institucional del Estado. Entre los principales de ellos, la organización del poder judicial a través de un aparato -el Consejo General- que rige y coordina el funcionamiento de los tribunales para que garanticen la tutela de los derechos de los ciudadanos.

Pese al recurrente debate sobre la composición del CGPJ, tanto la ley de 1985 como las reformas introducidas a lo largo de estos treinta y cinco años han respetado la cláusula de un amplio compromiso parlamentario, que ni aun así ha logrado evitar la sospecha sobre el intervencionismo político en el nombramiento de los altos magistrados. Así lo hicieron incluso González y Guerra cuando disponían de una abrumadora mayoría de doscientos escaños. Sánchez e Iglesias, sin embargo, se han atrevido a dar el paso de intentar suprimir esa mínima exigencia para imponer de modo inmediato el control directo del Consejo con el único respaldo del Ejecutivo y sus aliados. Un salto cualitativo que más que atentar contra los principios de la legitimidad constitucional pretende suprimirlos de cuajo mediante una operación invasiva al estilo de los radicales de derecha polacos… o de los populismos bolivarianos. El asalto a la independencia judicial, el entierro de Montesquieu, siempre es el rasgo más significativo e identificable de los regímenes autoritarios.

La importancia crucial de este movimiento consiste en que por primera vez no se rompe sólo el consenso aconsejable sobre los grandes asuntos de la política, sino que fractura el origen mismo del sistema, el núcleo de su código genético. Y ya alterado el ADN de la democracia liberal, cualquier bastardeo jurídico tendrá el camino abierto: mañana puede ser un cambio unilateral del modelo territorial a gusto del nacionalismo insurrecto… o una Ley Electoral diseñada a medida para impedir la alternancia en el Gobierno. Si algo tiene demostrado este presidente en tan poco tiempo es su ausencia de reparos éticos a la hora de emprender procesos que consoliden su hegemonía a cualquier precio. Y estando Podemos por medio no caben pensamientos ilusorios o cálculos ingenuos sobre la imposibilidad de esa clase de transformaciones en un país europeo.

El proyecto sobre la cúpula judicial puede tratarse de un amago destinado a forzar al PP a una negociación que no debería aceptar de cualquier manera. Pero la alianza «progresista» está cohesionada por la idea aventurera de emprender una mudanza constitucional fraudulenta. No una reforma ni una redacción de planta nueva que chocaría contra el blindaje de consenso, sino una metamorfosis encubierta bajo leyes habilitantes aprobadas por mayoría escueta. La Justicia es el campo de pruebas; si cae esa barrera, habrá vía libre para un cambio solapado de las reglas. Y ese designio subrepticio sólo lo puede frenar la resistencia de una sociedad civil decidida a la defensa de sus libertades completas. En ese sentido, la movilización de la judicatura -a la que también se pretende arrebatar las competencias de instrucción para entregarlas a una Fiscalía ya colonizada- enseña la vía de respuesta. La democracia moderna ofrece mecanismos de denuncia, participación y protesta capaces de detener una arbitrariedad si se articulan con la necesaria entereza.

Esto no es una batalla más, una de esas escaramuzas propias de un ambiente político recalentado y envilecido. Es una cuestión de principios, los que han regido la convivencia bajo un espacio de encuentro ahora amenazado por la embestida del sectarismo. El espíritu fundacional del vigente sistema democrático está en peligro ante la pretensión de una legitimidad distinta sustentada en excusas artificiales y argumentos sobrevenidos. Poco a poco va dando la cara el verdadero pacto que alzó al poder al sanchismo: una Transición al revés, una deconstrucción del «régimen del 78» -monarquía parlamentaria e independencia de poderes incluidos- a instancias de sus mayores enemigos, inexplicablemente ejecutada sin remilgos por un PSOE al servicio de un liderazgo caudillista con un afán de poder enfermizo.

El objetivo de esa estrategia, que Sánchez intenta en vano ocultar con proclamas de un constitucionalismo farisaico, lo ha expresado en reiteradas ocasiones Pablo Iglesias con su ímpetu inflamado: impedir que la oposición vuelva a gobernar en muchos años. No resulta casual que la ofensiva de desembarco en la Justicia coincida no ya con su propia condición de pre-imputado sino con sus poco veladas amenazas de meter en la cárcel -proferidas en el Congreso- a Pablo Casado. El revanchismo de la izquierda antiliberal pretende recrear un ambiente de ecos republicanos, treintañistas, viciado por una confrontación de bandos al que el enardecimiento de Vox sirve de colaborador involuntario. La aniquilación del consenso es fundamental para eliminar cualquier atisbo de reconstrucción de un orden moderado y facilitar la persistencia de un bloque de rechazo contra un adversario inventado.

Esta vez no estamos ante un simple señuelo propagandístico de la factoría de Iván Redondo. La proposición de ley sobre -contra- el CGPJ revela otro propósito: el de la solidificación de la actual correlación de fuerzas a través de un retroceso histórico. Ésa es la intención de fondo: reducir el marco constitucional -con la Corona dentro- a un mero adorno cuya existencia inservible proporcione al cesarismo populista un revestimiento simbólico.

Ignacio Camacho

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