El espíritu de las leyes

Por Eugenio Trías, filósofo, miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO y autor de obras como La edad del espíritu (EL MUNDO, 15/11/05):

Tomo prestado el título del libro de Montesquieu para recuperar la noción de espíritu y la canónica distinción entre éste y la letra. Se dice en contextos paulinos que «la letra mata, mientras que el espíritu vivifica».

Un siglo y medio de criticismo, desde el método genealógico de Nietzsche o desde el materialismo histórico de Marx, pasando por el psicoanálisis freudiano, la analítica existencial heideggeriana, la crítica del embrujamiento lingüístico de Wittgenstein o las recientes derivas de la desconstrucción y del diferencialismo, no han sido suficientes para aniquilar esa noción.

Necesitamos ese concepto, pues sin él toda nuestra comprensión de las cosas queda radicalmente amputada. Los términos y las ideas con que se intenta sustituir a esa palabra -espíritu- actúan siempre como lecho de Procusto: destrozan los miembros vivos de la realidad que se examina. Ni la Materia dialécticamente concebida, ni la Voluntad de Poder, ni el Inconsciente freudiano, ni la Letra a la que apela la gramatología de Derrida han sido factores suficientes para desterrar definitivamente esa expresión.

Eso ocurre también en el terreno de las leyes: las que configuran nuestras Constituciones y Estatutos de Autonomía. Pero hoy la política está, en gran medida, en manos de personas -del mundo jurídico o político- que no acaban de tomarse en serio la distinción entre letra y espíritu. Como resorte activador de sus inteligencias funciona, de forma mayoritaria, la expresión «hecha la ley, hecha la trampa».

Se tiende a dar una importancia escasa, siempre susceptible de exégesis legalista o de casuística de la peor especie, al texto vivo de un documento tan importante para la vida de un pueblo como puede serlo la Constitución que se concede o los Estatutos de Autonomía que regulan sus respectivas partes territoriales.

En la reciente discusión sobre el nuevo Estatuto de Autonomía catalán, toda la argumentación de sus defensores, comenzando por el propio jefe de Gobierno de la nación española, apunta hacia una interpretación de la estricta legalidad de un texto que, de todos modos, exigirá importantes retoques (se supone que no del todo sustanciales) para que no haya lugar a confusión en este estricto terreno de la literalidad legal. Si a esto se añade el argumento, siempre poderoso, de la aritmética parlamentaria, tenemos ya todos los ingredientes para tramitar un texto bajo el auspicio de un visto bueno a partir del cual puede ser debatido y modificado.

La referencia al espíritu de las leyes puede parecer insólita, espectral, falta de sustento en argumentos tan poderosos como son el legalismo estricto, escueto y frío, o el más convincente de todos: la aritmética parlamentaria de un «todos contra uno» que, sin embargo, ofrece una victoria escénica pero únicamente virtual, ya que la oposición frontal a ese documento la protagoniza un partido que posee implantación en media España.

Es muy difícil argumentar a favor del espíritu en esta época.Mucho más complicado resulta hablar del espíritu de las leyes, sobre todo en un contexto de leguleyos de poco vuelo, de políticos adoradores de la coyuntura o de un público que no está acostumbrado ni dispuesto a leer los textos o documentos esenciales, como son las Constituciones y Estatutos, pero que aplaude o silba según sus filias y fobias ideológicas o políticas.

Esa apelación al espíritu de las leyes es, hoy más que nunca, necesaria. Y no hay que ser un convencido partidista de la derecha, o del centro derecha, para darse cuenta, si se tiene la cabeza despejada, y si alguien se toma la molestia de leer la propuesta de Estatuto de Autonomía catalán, que éste ha cavado, desde la primera línea de la redacción hasta el final, una verdadera fosa marina insalvable con la Constitución.

Es obligado refutar la idea, que el actual president de la Generalitat repite una y otra vez, de que ese Estatuto sea un peldaño para la regeneración del Estado (el español, se supone). Por el contrario, no hay en ese texto otra cosa que la proclamación a viva voz de una independencia objetiva que sólo por razones fácticas, de realismo insoslayable, se acomoda a un último recurso de referencia respecto a una Entidad que, al modo de El Castillo kafkiano, sólo aparece rodeada de brumas de temor; y que en ningún momento es examinada con dedicación y aprecio.

Esa entidad es el Estado, el presente Estado, el Estado español.La misma naturaleza abstracta, frente a la insoslayable presencia y prestancia de la nación catalana, poseen esos «pueblos de España» a los que se apela, sin saber qué naturaleza poseen, si a su vez son naciones o bien descienden en la jerarquía de la soberanía al rango de nacionalidades históricas o a la de simples regiones.

Ese Estatuto, lejos de alentar un nuevo modelo de España plural -el federal-, auspicia, en pura confusión de conceptos, un patrón confederal. Proclama una independencia de hecho que, en puro malabarismo verbal, nada más iniciarse el documento, es sustituida por la expresión «interdependencia», totalmente extemporánea en ese contexto (aunque no en el de algunas de las preclaras cabezas que han intervenido en su redacción).

Es lógico y coherente que un texto así haga feliz a opciones independentistas, como éstas han proclamado una y otra vez. Es menos lógico que cuente con el aval del Partido Socialista Catalán; un apoyo decidido, sin fisuras. En política, al final, sólo cuentan los hechos y apenas tiene importancia si se llega a ellos con rostro sonriente o malhumorado.

Hoy el independentismo catalán parece gobernar, en estas materias, España entera. Sus principales tesis, y el espíritu que las inspira, se han impuesto en el Gobierno autonómico catalán y en el Gobierno actual de la Nación española.

El gran objetivo del actual Gobierno español, que cuenta con la colaboración estrecha de los independentistas catalanes, consiste en lograr, al precio que sea (y se está empezando a ver que ese precio es muy alto), que ETA deponga definitivamente las armas, de manera que se posea esa baza para una rápida convocatoria de elecciones anticipadas. Entretanto son esos grupos muy minoritarios los que fijan la estrategia y la táctica de toda la política gubernamental.

Todos estos argumentos políticos son, de todas maneras, completamente estériles en relación con la naturaleza diametralmente hostil y antagónica del espíritu del Estatuto presentado desde Cataluña y el que inspira de comienzo a fin la Constitución que todavía rige como referencia en toda España. Son textos que responden a un concepto nuclear, filosófico y jurídico radicalmente distinto.

A un federalismo de hecho, como el que sancionaba el Estado de las Autonomías, se responde desde una propuesta confederal que diluye hasta el escarnio la función, los resortes y la potencia de ese espectral Estado español que le daría cobijo.

Se apela en ciertos ambientes a una noción falaz, la llamada nación de naciones, que al parecer deja sin estatuto propio a todas aquellas regiones que en ningún instante dudan de que sea España, y sólo España, la única realidad que merece el nombre expresivo del sujeto de la soberanía popular.

El Estatuto, presentado en las Cortes, sólo hace exégesis de la naturaleza nacional, soberana, de Cataluña. Todas las referencias a un poder superior, estatal, aparecen sólo como accidentes históricos debido al actual juego de fuerzas; una concreción coyuntural, susceptible de modificarse en cualquier eventualidad o circunstancia.

Queda clara, clarísima, la sustancialidad de esa fuente de poder, que es Cataluña concebida como nación soberana, y la accidentalidad de su actual inserción, mediada por el conjunto de los «pueblos de España», en un Estado que responde a un término que debe ser evitado siempre que sea posible (España).

Toda una pedagogía política de varias décadas ha coagulado en un texto escrito en claro desafío al espíritu que informó la redacción del anterior Estatuto de Autonomía, perfectamente complementario del propio y específico de la actual Constitución Española.

Desde fuera de Cataluña se pregunta a veces si este acoso nacionalista puede tener frontera y límite. Debe responderse siempre lo mismo: no. El objetivo que se busca es la escenificación de una independencia de hecho que a partir de ahora no sólo responde a una práctica del día a día gubernamental, como sucedió en tiempos de Jordi Pujol, sino que poseerá el aval de un documento que, por caminos torcidos pero concluyentes en un único resultado, dispone del apoyo de un 90% del actual Parlamento de Cataluña.

La gran frase de Jordi Pujol, la que mejor logró expresar sus aspiraciones políticas y que desde luego fue profundamente asumida por la mitad de la población catalana, fue sobre todo una: somos seis millones. Esa mitad de nacionalistas radicales o moderados que existen en Cataluña, muy dados a viajar por el mundo y a viajar bastante menos por el conjunto del territorio español, se halla en pleno éxtasis de identificación con multitud de países europeos que responden más o menos a esa cifra (seis millones) y que componen un rosario de naciones soberanas e independientes, desde Suecia y demás países escandinavos hasta Suiza, Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Holanda y los Países Bajos o las recientes repúblicas de la antigua Yugoslavia.

Insisto en esa cifra aproximada: la mitad de la población catalana; lo que significa que al menos un amplio sector de Cataluña piensa de manera diferente. Sólo que ese silencioso conjunto posee escasa representación en las fuerzas políticas parlamentarias. Posee, además, casi nula expresión en los medios de comunicación catalanes (periódicos, televisiones públicas).

Un sector algo más amplio prefiere algún tenue encaje con el Estado español, sobre todo por el instinto proteccionista que condujo ya a la vieja burguesía catalana a preferir siempre, como espacio de negocio y de comercio, el territorio de esos «pueblos de España» por los que se siente únicamente una cercanía y solidaridad de naturaleza comercial o sencillamente turística.Los más perspicaces no ignoran, por puro realismo, que la situación geopolítica no es favorable al latente deseo de constituir una nación soberana e independiente con un Estado propio. Lamentan esa circunstancia, pero el realismo prevalece en ellos sobre la fantasía y la utopía.

Con esto se dan, creo, las pistas necesarias, y hasta suficientes, para que desde fuera de Cataluña se comprenda esa deriva hacia un independentismo de hecho que el actual Estatuto de Autonomía, ya en trámite de negociación parlamentaria, presenta en su redacción, si lo enjuiciamos a través del espíritu que lo informa de principio a fin, y que le confiere coherencia y organicidad dentro de una filosofía propia y específica: la de una auténtica nación libre asociada que sólo puede alentar su encaje en el Estado español si éste acepta, en la línea del actual presidente de la Nación española, ese texto como mal menor.

Si bien ese nuevo Estatuto de Autonomía apenas difiere en espíritu de otro que en su día fue rechazado (el célebre plan Ibarretxe), hay en cambio una decisiva diferencia, que el actual talante político entroniza como determinante: el catalán cuenta con la venia del Partido Socialista Catalán y del Partido Socialista Español. El buen talante esconde, aquí y en otros contextos, un cinismo de fondo que no puede ya disimularse.

Ese texto no debería ser suscrito por nadie que no sea nacionalista, o independentista de convicción latente. Si hubiera la más mínima coherencia entre quienes lo examinan y sus propias convicciones, este texto debería sufrir una enmienda a la totalidad por todos aquellos españoles que no deseen ser dirigidos y gobernados por el espíritu que avala opciones independentistas en pueblos como el catalán o el vasco.

Sin embargo, a partir del puro legalismo, siempre es posible encontrar una interpretación -desde la literalidad textual- que le permita insertarse en la actual Constitución. Hasta un partido históricamente comprometido con una idea firme e inquebrantable de España puede llegar a aceptar, a causa de las altas presiones a que el Ejecutivo actual le somete, un texto que se halla en total antagonismo con toda su trayectoria histórica.