El esquema Imaz

Por J. M. Ruiz Soroa, abogado (EL CORREO DIGITAL, 22/07/07):

Recientes acontecimientos han sacado a la luz pública lo que, haciendo un paralelismo con el plan Ibarretxe, podríamos denominar ‘esquema Imaz’. Es decir, el encauzamiento del conflicto político vasco a través del proceso que se resume en los términos ‘no imponer-no impedir‘. Y parece oportuno, en aras a una mejor comprensión de lo que este proyecto conlleva, hacer un somero análisis de su contenido, sus ventajas y sus problemas, aunque sea sólo con un carácter preliminar, aproximativo e inevitablemente superficial. Que me perdone su inspirador por el atrevimiento.

El ‘esquema Imaz’ se articula en dos puntos esenciales: el primero, que el futuro nuevo Estatuto debe ser consensuado entre los partidos vascos, de forma que reciba un apoyo superior al actualmente vigente. Este límite exige que por lo menos uno de los partidos no nacionalistas lo apoye, pues los solos partidos nacionalistas nunca podrían alcanzar el nivel de apoyo que tuvo el Estatuto de Gernika, que fue del 53% del censo electoral (el plan Ibarretxe, aun reuniendo mayoría absoluta en el Parlamento y votarlo IU, recogió sólo el apoyo del 45,50% de ese censo). De esta forma, los nacionalistas renuncian a imponer un texto por mayoría simple y aceptan el principio del consenso pluralista. El segundo punto, contrapartida de la anterior renuncia, es que el partido español gobernante acepte que el texto acordado en Euskadi sea aprobado sin cambios por las Cortes Generales en Madrid, o dicho de otro modo, que se renuncie previamente al control de constitucionalidad del texto consensuado aquí. Así las cosas, una vez consensuado el texto por los partidos vascos, la superación del trámite de aprobación por las Cortes Generales sin cambios estaría garantizada y se pasaría al referéndum aprobatorio final por la ciudadanía que prevé la Constitución. Con ello podría cumplirse el principio substantivo de que son los vascos los que deciden ellos solos su futuro, pero sin incurrir en ilegalidad formal ninguna. Como un entusiasta comentarista madrileño decía hace días (la ‘melodía de seducción’ de Imaz funciona, vaya que sí), sería algo parecido a la exitosa transición que organizó Adolfo Suárez en 1977 bajo el principio ‘de la ley a la ley’.

¿Es así de sencillo? ¿Respeta este esquema el contenido de la Constitución? Es bastante obvio que sólo en un sentido formal y que en el fondo este diseño no es sino un caso de ‘uso alternativo del Derecho’, como lo fue el del propio Suárez. Se utiliza la letra de la ley para conseguir un efecto contrario al que ésta persigue, en este caso manteniendo intacto el trámite formal de control de constitucionalidad pero garantizando políticamente de antemano que se llevará a efecto sin retoques. En cierto sentido, el control de constitucionalidad sería ‘delegado’ por las Cortes Generales a el/los partidos políticos nacionales (PSE o PP) que formasen el consenso vasco. Pero de esta manera, la decisión última sobre el texto correspondería substantivamente sólo a los ciudadanos vascos, sin intervención de los ciudadanos españoles, lo que atenta a la soberanía nacional entendida como ‘regla de reconocimiento del sistema’.

¿Y el contenido del nuevo texto? ¿Desbordaría la Constitución? Creo que puede responderse con razonable seguridad que: ‘sí, pero no mucho’. La desbordaría porque si así no fuera carecería de sentido el esquema adoptado para eludir el control de las Cortes Generales; pero no lo haría en forma estridente, porque ello impediría en el País Vasco el imprescindible consenso del partido nacional. El esquema adoptado garantiza un resultado inconstitucional, pero inconstitucional ‘light’ si me permiten la expresión.

Las ventajas del ‘esquema Imaz’, sobre todo si se compara con el plan Ibarretxe, son notables desde el punto de vista de su funcionalidad y encaje político. Ya de entrada, es un plan que rehuye las ‘grandes palabras’ (autodeterminación, soberanía, independencia), lo que le garantiza una razonable posibilidad de discusión. Porque hay palabras con picos y garras con las que es imposible manejarse en política, las «grandes palabras que traen los grandes desastres», que decía Sófocles. Podría decirse que este esquema es más un ‘arreglo’ que una solución. Un arreglo inspirado en la idea de pacto forzoso, muy asentada en la historia del foralismo vasco, y que inspira el vigente sistema de Concierto económico. Además, satisface la formulación genérica del ‘derecho a decidir’ sin violar aparentemente la legalidad constitucional española, sin necesidad de recurrir a convocatorias ilegales de consultas de dudoso efecto y alcance.

Y, cuestión muy importante, es un esquema que por definición incorpora desde el principio al radicalismo abertzale a la mesa del consenso y, de esta forma, exige el fin de la violencia como condición de posibilidad de su puesta en marcha. En el plan Ibarretxe se pretendía directamente dar satisfacción a los deseos de ETA en la confianza de que con ello esta organización se disolvería e incorporaría a la acumulación de fuerzas nacionales (en el camino o al final). En este otro modelo ETA debe haber puesto fin a la violencia desde el principio, permitiendo así que los radicales se incorporen al intento político de consenso vasco. Mientras haya violencia y los radicales sigan presos de ella no cabe empezar la discusión. Por eso Imaz ha defendido siempre, con mucha más claridad que Rodríguez Zapatero, que el fin de la violencia es condición previa al comienzo de la discusión política.

Por último, este esquema coincide substancialmente con el que un sector del socialismo vasco defiende desde hace tiempo, señaladamente con el que inspira al teorizador del proceso de paz, Jesús Eguiguren, lo que garantiza que la ‘centralidad’ del campo político vasco puede apoyar su desarrollo, así como la complicidad del PSOE en sus rasgos inspiradores.

¿Problemas? Los tiene, desde luego. Desde la perspectiva nacionalista, el de llegar a ser aceptado por los soberanistas rupturistas de toda laya que existen tanto dentro del PNV como en sus aledaños. El choque con Ibarretxe al que acabamos de asistir no es sino un síntoma de que dentro del propio nacionalismo será muy difícil de abandonar el discurso soberanista extremoso. Ante todo, hay una pugna interna dentro del propio nacionalismo democrático y en absoluto puede hoy afirmarse que el esquema propuesto por Imaz cuenta con el respaldo mayoritario dentro de él.

Desde un punto de vista nacional el problema es el forzamiento de la Constitución y el ‘efecto llamada’ que puede tener sobre otras comunidades este método. Una vez que se admite el principio de ‘aceptar sin discusión lo que venga desde allí’ es difícil limitarlo a unos solos en esta España poseída por la pasión de la emulación regional que padecemos. Las soluciones bilaterales de carácter excepcional encajan muy mal en un esquema federalista. Pasa ya con el Concierto Económico en el marco limitado de la financiación, qué no pasará con una cuestión aún más general. Por otro lado, el armazón político necesario para el éxito del plan tiene muchas precariedades y puntos de fuga: es preciso contar con una sólida mayoría en el Parlamento español, así como un cierto grado de domesticación del Tribunal Constitucional para que no deshaga lo construido a través de un recurso de las fuerzas disconformes. ¿Y cómo se garantiza todo eso de antemano y en un pacto vinculante?

En cierto sentido, el término clave que resume las potencialidades del ‘esquema Imaz’, tanto en lo positivo como en lo negativo, es el de ambigüedad. Lo que propone es un arreglo ambiguo en el que cada uno puede ver reflejado su propio deseo: es la libre decisión vasca, sí, pero es también el respeto a la Constitución española. Y la ambigüedad puede ser creativa, pero también puede degenerar en el caos. Solución ambigua fue la de «se confirman los Fueros dentro de la unidad constitucional de la monarquía» de 1839, que permitió el ‘oasis foral’ de medio siglo. Pero solución ambigua es también la de la Disposición Transitoria de la actual Constitución sobre los derechos históricos, que no ha servido para desactivar la violencia como se pretendió en su momento ni para enganchar al nacionalismo vasco al constitucionalismo.