Diabolismo político. La expresión es del chileno Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, para referirse a lo que califica como ilegitimidad del nuevo intento por escribir la Carta Magna, iniciado en Chile una vez concluida la etapa anterior, el pasado 4 de septiembre. En un plebiscito de salida realizado en esa fecha, los chilenos rechazaron por un 62% de los votos un borrador redactado por la primera convención constitucional electa por la vía de las urnas en toda su historia y conformada, además, con paridad de género.
El historiador la postula como parte de una apelación más amplia a anular el voto como protesta en la elección de este 7 de mayo que, con sufragio obligatorio, está llamada a elegir a los nuevos consejeros constitucionales. Este proceso ha presentado algunas dificultades por un diseño de carácter mixto que, con el objetivo de reemplazar la Constitución de 1980, surgió como alternativa, fruto del acuerdo de la Cámara de Diputados con el Senado, y legitimado por el Ejecutivo de Gabriel Boric. En dicha oportunidad, luego de haber defraudo los independientes el protagonismo que se les concedió en la fase anterior, los partidos han tomado de nuevo el control incorporando la figura de expertos, así como un comité de admisibilidad que debe resguardar el respeto de doce bases o bordes por ellos concordadas.
Pero esa no es la única dificultad que enfrenta el nuevo ciclo constitucional. De hecho, buena parte de la conversación pública sobre el resultado de la elección de quienes lo integrarán contribuye a adulterar el sentido mismo del proceso, al pensarlo en clave de táctica electoral y circunscribir su resultado al cálculo de la medición de fuerzas entre los actores políticos. En Chile se apunta a su efecto en el reordenamiento interno de los conglomerados de derecha y de izquierda y a su impacto en un Gobierno que, dentro de las opciones posibles, podría tener que metabolizar un escenario adverso, especialmente si resultan ganadoras fuerzas que, como las del Partido Republicano (PR) y el Partido de la Gente (PDG), no creen necesario el cambio constitucional. A ello, como dato no menor, debe sumarse la existencia de un clima generalizado de desafección ciudadana con el proceso en el que coinciden la mayoría de las encuestas.
Pero el intento constitucional previo, que se vio cabalgando a lomos de un momentum supuestamente propicio, tampoco las tenía todas consigo. Ese primer intento venía avalado por un apoyo ciudadano expresado en el plebiscito de entrada en 2020 del 78,28% a favor de reemplazar la Constitución de 1980, junto con un porcentaje similar a favor de una convención constituyente integrada en su totalidad por miembros escogidos por voto popular.
Se olvida que, bajo la épica del llamado octubrismo –como se le llama al espíritu de las protestas de 2019– las consultas para desencadenar una ruta de elaboración constitucional se hicieron con voto voluntario, de tal forma que la mitad del electorado no concurrió a votar. Posteriormente, cuando en mayo de 2021 tuvo lugar la elección de convencionales para redactar el nuevo texto, votaron solo 43% de los electores. Además, con la convención constitucional ya en marcha, Jonathan Haidt, el prestigioso psicólogo estadounidense, afirmó que la necesidad de actuar para las redes sociales hacía que ese primer proceso estuviera condenado desde el principio. Sin ocultar su pesimismo, concluyó: “En este momento, no hay posibilidad de entendimiento de intereses compartidos”.
La inexistencia de ese momentum o coyuntura facilitadora que creyó alguna vez avizorarse trasciende la inmediatez de la onda expansiva del estallido social, porque ya durante su segundo mandato, entre 2014 y 2018, la expresidenta socialista Michelle Bachelet intentó iniciar un itinerario de cambio constitucional mediante consultas ciudadanas. Múltiples cabildos se realizaron a lo largo del país para desarrollar un ejercicio de deliberación conducido desde la presidencia, sin considerar debidamente a la oposición y terminando al final de su periodo con una propuesta entregada al Congreso. Lo curioso es que los cronistas de la aventura constitucional chilena acostumbran con frecuencia a olvidar dicho intento.
Es probable que tampoco ayude a una experiencia que se plantea indispensable para salvar la democracia el hecho de que dicho sistema político experimente hoy a nivel global sus horas más bajas. Así lo certifican los principales estudios que, año a año, radiografían su estado. Tal es así que el nivel de democracia del que disfruta el ciudadano mundial en 2021 ha descendido a los niveles del año 1989. Los últimos 30 años de avances democráticos han sido erradicados y cerca del 70% de la población mundial vive en dictaduras.
Es más, la fallida etapa anterior puede ser vista como una arena en la que se expresaron, a nivel micro, algunas claves de la erosión democrática que se viene observando en variados contextos. Si bien se pretendía superar la idea de democracia tutelada que exuda la Constitución de 1980, el texto que fue rechazado lo remediaba malamente. Si bien consagraba un importante y vanguardista abanico de derechos, adolecía de contrapesos reales entre los poderes, no consideraba debidamente la protección de las minorías e incluía una revisión completa del aparato de justicia y de la aplicación de la ley que hacía guiños a ese legalismo autocrático observado como una de las señales de desdemocratización en varios países.
Tampoco se puede seguir avanzando sin mirar, al menos con el rabillo del ojo, el potencial disruptor de la nueva etapa de la inteligencia artificial la que, a juicio del historiador Yuval Noah Harari, amenaza a la democracia misma “porque esta depende de la conversación pública”.
A pesar de que superar definitivamente la Constitución del régimen militar de Augusto Pinochet fue visto por la clase política como la salida a la crisis desatada por el estallido social de octubre de 2019, con secuelas en la aceleración de la erosión de las fuentes tradicionales de legitimidad, lo cierto es que el genio del cambio constitucional salió hace tiempo de la botella y es probable que nunca se encuentre el momentum favorable para acometerlo.
María de los Ángeles Fernández Ramil es Doctora en Ciencia Política y analista política hispano-chilena.