La mitad de su existencia, Cristina Vázquez la atravesó perseguida por un crimen que no había cometido y que todavía continúa impune: la muerte de Ersélida Lelia Dávalos, de 79 años, en Posadas, capital de la provincia argentina de Misiones, el 27 de julio de 2001. Cristina tenía 19 años cuando la Policía misionera la acusó, la justicia la investigó y los medios locales la transformaron en una asesina despiadada. Ella todavía no había terminado el secundario.
Sin pruebas científicas en su contra, ni testigos directos, en 2010 el Tribunal Penal 1 de Posadas la condenó a prisión perpetua junto a otras dos personas. La juzgaron por, según el fallo, tener un estilo de vida “promiscuo y marginal”. También la señalaron por ser “adicta a la marihuana”. Ella no tenía antecedentes penales y en total estuvo 12 años presa.
El 26 de diciembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió absolver a Cristina y a Cecilia Rojas, la otra mujer implicada en la causa. Recién entonces recuperó la libertad que no debería haber perdido jamás. El primer reclamo ante el máximo tribunal para que revisaran su causa lo había hecho en 2015. Después, el expediente de Cristina estuvo un año estancado en la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal. El pulso y los tiempos de los procesos judiciales pueden ser agónicos.
Nadie sale ileso de una cárcel. Este jueves 26 de agosto, cuando se cumplían ocho meses de su absolución, la encontraron muerta en la habitación que alquilaba en Posadas. No pudo, no quiso seguir peleando contra la ficción que habían creado sobre ella. ¿Cómo se revierten 12 años de encierro en la vida de una persona? ¿De qué manera reparar la injusticia instalada en la historia de Cristina? ¿Cómo desmarcarse de los antecedentes penales y de un caso tan mediatizado?
La vida de Cristina Vázquez duró 38 años. Tuvo una condena injusta y una muerte evitable. No hubo reparación ni pedido de disculpas del Estado para ella. No hubo un acompañamiento integral después de la cárcel. Su muerte deja al descubierto el nudo irreversible que forman las causas armadas alrededor de los proyectos de vida, los sueños, los deseos de una persona detenida de manera injusta. Manuel Garrido, presidente del capítulo argentino de Innocence Project, una organización estadounidense que defiende a personas inocentes presas, me contó que en 2019 la organización recibió un total de 189 pedidos de ayuda de familiares de presos y presas de forma injusta, y acompañaron 97 casos después de evaluar las situaciones. En lo que va de 2020, ya han recibido la misma cantidad de pedidos de ayuda.
Para una gran porción de la sociedad pobre del país, entrar a la cárcel es mucho más fácil que salir aún cuando se es inocente. El solo roce de un tentáculo del poder judicial y punitivo provoca daños irreversibles, marcas a largo plazo y la resocialización es un horizonte inasequible. Salir de la cárcel nunca fue fácil: sin ningún apoyo ni acompañamiento serio del Estado, puede transformarse en una nueva condena. Es como aprender a nadar en una pileta sin agua.
Cristina Vázquez quería ser chef, viajar, disfrutar de su familia pero estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. A ella la sostenían su familia y las redes de mujeres que la rodearon desde el momento en el que la detuvieron: Magda Hernández Morales y Gabriela Cueto, sus amigas y realizadoras del documental Fragmentos de una amiga desconocida; Indiana Guereño, la abogada feminista y presidenta de la Asociación de Pensamiento Penal que empujó su causa; muchas periodistas feministas que conocían su historia.
En enero, al poco tiempo de haber conseguido la libertad, Cristina viajó a Buenos Aires en busca de ayuda. Magda la alojó en su casa. Sus amigas juntaron ropa para Cristina porque no tenía ni qué ponerse. Una de ellas le ofreció clases de gimnasia en el Parque Lezama. El círculo íntimo de Magda y un grupo de periodistas feministas la acompañó en un pedido: una reunión con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Cristina lo necesitaba todo. La reunión se hizo el 28 de enero. No la recibió la ministra pero le tramitaron su ingreso al programa Potenciar Trabajo. También le ofrecieron acompañamiento psicológico. Nada fue suficiente. ¿Cuánto valen 12 años de tu vida? El apoyo económico que le ofertaron a una mujer que tuvo que poner su vida en suspenso por una causa armada fue de 8,500 pesos argentinos (poco más de 114 dólares estadounidenses). ¿Cómo empezar una nueva vida a los 38 años con ese monto prometido?
La organización Cáritas Posadas le consiguió un contrato en el Estado provincial. Sin embargo, según cita esta nota del medio Canal Abierto, su esposa contó que en ese lugar le pedían que se divorciara para sostener el trabajo. Cristina se casó con Mariana, una mujer que conoció durante sus años en la cárcel. De confirmarse, a la historia de discriminación, violencias machistas, clasistas e institucionales se suma la discriminación basada en la orientación sexual. Todavía queda saber qué dice una carta que Cristina dejó.
En 2017 la fiscal que la persiguió, Liliana Mabel Picazo, fue designada como Ministra del Superior Tribunal de Justicia. Hay, también , nombres de jueces, defensores y fiscales responsables en la injusticia que tuvo que vivir Cristina.
En Argentina se debate una reforma del poder Judicial que menciona cuestiones de género en dos artículos: el 16 y el 37. Corrección, renovación, enmienda, reparación, reajuste, arreglo, reestructuración, reorganización: son algunos de los sinónimos de la palabra reforma. Una reforma que sólo apunta a la justicia nacional y federal. Suena insuficiente cuando se conocen historias como la de Cristina Vázquez que se tramitan en la justicia ordinaria. La inclusión de la “perspectiva de género” también está en debate cuando ya a esta altura deberíamos hablar de una justicia feminista e interseccional.
“La pregunta que podríamos considerar es si esta nueva resistencia a la globalización capitalista debería también incorporar la resistencia a la prisión”, dice Angela Davis en el libro cuyo título es una pregunta capciosa: ¿Son obsoletas las prisiones?. Retomando las coordenadas que plantea Davis en ese texto, se vuelve urgente abrir estas preguntas para pensar en un sistema de administración de justicia que abandone la perspectiva misógina, clasista y racista. Una organización judicial que acorte las distancias abismales entre las causas que se apilan y las vidas de las personas. Que hable un lenguaje más sencillo. Que acelere tiempos perpetuos. Y políticas públicas serias que consideren la post-prisionalización y los apoyos necesarios. Parece obvio volver sobre una premisa básica: detrás de los expedientes hay personas y son sus vidas las que están en juego. Como Cristina Vázquez que no sobrevivió a una condena injusta, una absolución tardía y el abandono del Estado.
María Florencia Alcaraz es periodista especializada en temas de géneros y derechos humanos. Vive en Argentina y es una de las directoras de LATFEM.