Con frecuencia la discusión política y mediática de la coyuntura toma precedencia sobre la reflexión en torno a los factores estructurales y las tendencias de fondo. El debate sobre los lamentables incidentes ocurridos en el desfile de las Fuerzas Armadas el pasado 12 de octubre, amén de la ignorancia o la desidia, ha encubierto la materialización de lo que puede llegar a ser una gran aventura. La publicación que, de continuar y profundizar las promesas hasta ahora efectuadas, estará llamado a convertirse en un instrumento de referencia para aquilatar el vigor y la salud del Estado de derecho en el mundo. No es el único existente pero sí el más prometedor. Algo que, en mis años como responsable operativo de la política de ayuda a la democratización y a los derechos humanos en la Comisión Europea, siempre eché de menos.
Se trata de la aparición de un primer informe, circunscrito a 35 países, de índices cuánticos que aspiran a calibrar cómo se lleva a cabo la traducción a la práctica de los principios fundamentales del Estado de derecho, tal y como se derivan de los convenios internacionales relevantes y desde la óptica del ciudadano normal y corriente.
Su metodología no ha sido fácil de establecer. Se ha aplicado a este primer informe tras varios intentos. Ya se anuncia su ampliación al doble de países el año que viene y a un centenar en 2012. Es obvio que tal aventura conceptual y estadística, en la que ha colaborado la Comisión Europea, está preñada de escollos.
El objetivo del ejercicio es normativo. Se pretende algo honorable y necesario: contribuir, mediante el conocimiento, a reforzar el Estado de derecho en el mundo. No estriba en suministrar munición intelectual para eventuales escarceos imperiales a lo Bush/Blair/Aznar. Tampoco para defender a toda costa estándares enraizados en la cultura y tradición occidentales. Se trata, en principio, de favorecer el conocimiento de la realidad como base para la acción. El principio fundamental a que se atiene el avance en las ciencias, ya sean físicas como sociales o las de la salud.
Innumerables organizaciones y fundaciones, a lo largo y a lo ancho del espectro político e ideológico, desde la derecha a la izquierda, han contribuido a la financiación del proyecto. También lo apoyan personalidades muy diversas. Muchas de ellas han aparecido en las páginas de opinión o de diálogo de este diario. Mencionemos, a manera de meros ejemplos, a Madeleine Albright, Giuliano Amato, Robert Badinter, Hernando de Soto, Richard J. Goldstone, Colin Powell, Mary Robinson, Desmond Tutu, Antonio Vitorino, Paul A. Volcker, entre otros.
En este primer informe, España ha sido seleccionada entre los países de alta renta junto con Australia, Austria, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Singapur y Suecia. Forma parte también de un grupo regional determinado: Europa Occidental y América del Norte. No es mala compañía.
A diferencia de otros ejercicios de estadística comparada, los resultados no se engloban en un único índice sintético. Se exponen según los nueve parámetros a tenor de los cuales se analiza el funcionamiento y la praxis del Estado de derecho (rule of law): los poderes más o menos amplios de los gobiernos; la mayor o menor ausencia de corrupción; una legislación clara, estable y conocida; la situación en materia de orden y seguridad; el estado de protección de los derechos fundamentales; el carácter más o menos abierto del aparato gubernamental; la eficacia de la legislación y de la Administración; la mayor o menor facilidad de acceso a la justicia civil y la eficacia de la justicia penal.
En esta perspectiva comparada sobresale un dato. En lo que se refiere a la situación de los derechos fundamentales España figura en quinto lugar, tanto regionalmente hablando como en el mundo. Está por delante de países tan emblemáticos como Australia, Japón, Francia y Estados Unidos. Le superan solo Austria, Suecia, Holanda y Canadá.
España descuella también en dos parámetros esenciales. Uno es el de la limitación de los poderes gubernamentales. Otro, la facilidad de acceso a la justicia civil. En el primer caso ocupa el quinto puesto regionalmente (por delante de, ¡qué le vamos a hacer!, Estados Unidos y Francia) y el séptimo en el mundo. En el segundo, está en cuarto puesto (por delante de Canadá, Francia, Japón y, ¡de nuevo!, Estados Unidos) y el séptimo en el mundo.
Ciertamente, en relación con el resto de los parámetros, España baja, pero no deja de mantener un puesto honroso. En lo que se refiere a la carencia de corrupción, y a pesar de los estragos del caso Gürtel y otras lamentables "hazañas" de parecido tenor, figura en noveno lugar en el mundo y, desde luego, por delante (¡otra vez!) de Estados Unidos. Su peor score (ocupa el decimoquinto puesto en el mundo, aunque el séptimo regionalmente) se refiere al carácter más o menos abierto del Gobierno. En los demás parámetros se encuentra en los puestos décimo o decimosegundo en el mundo, pero siempre entre los siete mejores del entorno.
No se traen a colación estos datos para entonar un canto ombliguista y de nacionalismo corto. Muy al contrario. Si el objetivo último de las políticas públicas estriba en mejorar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, es obvio que aún queda por avanzar en aspectos fundamentales. Una tarea que, por definición, requiere constancia, persistencia y voluntad. Por otra parte, en este primer informe se observan notables ausencias entre los países de nuestro entorno cultural y político más próximo. No figuran varios muy importantes de los miembros occidentales de la Unión Europea (por ejemplo, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido). Es obvio, por consiguiente, que en cuanto se les considere, habrá desplazamientos en los rankings respectivos.
Ello no obstante, en el informe se han considerado países nada desdeñables con respecto a su tradición y experiencia democráticas. No incurriré en un ejercicio de autoflagelación si afirmo que muy superiores a las españolas, que fueron cortadas por una guerra civil y una larga y sangrienta dictadura de la que hoy muchos quisieran olvidarse. ¡Cómo si fuera posible rehuir la reflexión sobre 40 años de nuestra historia contemporánea y sus secuelas!
Por otro lado, alienta el ánimo comprobar que nuestro país va por delante de otros que habitualmente se nos ponen como modelos. A nuestros particulares neocons, que tomando prestada la idea a Miguel Ángel Aguilar parecen ser más norteamericanos que si hubieran nacido en Virginia o Kentucky, les desazonará quizá que España haya dejado atrás, en poco más de 30 años, a una de las cunas de la democracia occidental. También la dejó, por cierto, hace ya muchos años en materia de protección médica y social, esa que ahora algunos querrían desmantelar.
Al principal partido de la oposición, que se ha desatado en tantas imprecaciones sobre el presunto Estado policial en que se habría convertido España (quizá para reducir el impacto de la Gürtel o de la kafkiana situación del presidente de la Generalitat valenciana) es verosímil que tampoco le gusten este tipo de comparaciones.
En lo que a mí respecta, explicaré pormenorizadamente a mis alumnos la importancia y significación de este tipo de informes de cara a apuntalar la política exterior española en democracia. Uno de los pilares en los que su antecesora, la llevada a cabo durante casi 40 años por Franco y los aparatos del Estado, en particular el Ministerio de la Gobernación y el de (Des)información, siempre se mostraron de boquilla tan "españolistas" como "nacionales".
El lector interesado en conocer el informe, disponible en inglés, puede descargarlo aquí. En esta página se encuentran también las versiones previas.
Ángel Viñas, catedrático de la Universidad Complutense e historiador. Está terminando un libro sobre mitografía y Guerra Civil.