El Estado de las Autonomías ha acentuado la desigualdad entre regiones

Curtido en los exuberantes serrijones de la montaña leonesa, Julio Llazamares es una voz imprescindible para entender eso que ahora llamamos la España vacía. El título del ensayo de Sergio del Molino en Turner ha tenido la virtud de bautizar una realidad nacional –la despoblación de más de la mitad del territorio de España–, que antaño se reducía a un enfoque local. A ello hay que sumar otros libros imprescindibles para entender este proceso de vaciamiento del campo español, cuya obra canónica es La lluvia amarilla (1988). Llamazares relató el soliloquio de Andrés de Casa Sosa, el último habitante de Ainielle, una aldea anclada en el Pirineo de Huesca. Su historia sacudió la conciencia sobre el ocaso de una forma de vida sobre la que no cabe la nostalgia, pero tampoco el olvido. En su último ensayo, Las rosas del sur (Alfaguara), culmina un trabajo de décadas alrededor de las 75 catedrales de este país, que el autor considera –a riesgo de sufrir la ira obispal– templos «deshabitados y mercantilizados».

P.– La despoblación afecta al 53% del territorio nacional y más de la mitad de los 8.000 municipios españoles corre el riesgo de extinción. ¿Tiene arreglo?

R.– Me temo que no. Puede tener ciertas soluciones concretas en lugares concretos, pero el mundo agrario que conocimos en nuestra infancia no va a volver y tampoco hay que idealizarlo. Lo que sí tiene que haber es una serie de factores correctores que impidan la desigualdad entre gentes que viven en unos lugares o en otros. No añoro un mundo que ya no existe, pero sí reivindico la igualdad de oportunidades y de servicios.

P.– Lo cierto es que, a pesar de la modernización en infraestructuras, el éxodo de habitantes en los pueblos no sólo no se ha revertido sino que sigue sin frenarse.

R.– En Donde la vieja Castilla se acaba, el soriano Avelino Hernández ya dijo hace 30 años que muchos vecinos de pueblos pequeños de Castilla aprovecharon que les hicieron la carretera para irse. No hay que engañarse. La causa de la despoblación no es la falta de servicios o el hecho de sentirse discriminado. Tiene que ver con otros factores. Uno es el supremacismo cultural urbano. Durante muchos años, a la gente se le ha metido en la cabeza que ser de pueblo es ser de segunda clase. Todavía hoy se dice «éste es muy de pueblo» como una expresión despectiva. Por eso, hablar sólo de dinero para resolver la despoblación no tiene sentido. Los movimientos demográficos a gran escala tienen causas sociales y culturales estructurales.

P.–El desplazamiento del campo a la ciudad es un fenómeno global. Pero, ¿por qué afecta de manera especial a España?

R.–En España se ha acentuado por la propia estructura económica: en la periferia hay más trabajo y una vida más digna. El problema en el campo es que la gente se siente olvidada y observada con una mirada paternalista. Hay que corregir el desequilibrio demográfico, entre otras cosas, porque esta realidad comporta otros problemas, como la deforestación o la magnitud de los incendios. Hace falta un pacto de Estado para afrontar la despoblación.

P.– Hace varios años le escuché decir a un alcalde de Sigüenza que los pueblos están condenados a ser suministradores de ocio y turismo para los urbanitas.

R.– Ya lo son, pero sólo los pueblos bonitos, como Sigüenza. Los que no son bonitos van a desaparecer. Cada día muere un pueblo en España y no somos conscientes de ello. Esto no es un drama, pero sí hay que buscar las causas. Hace años dije una cosa que escandalizó mucho a la gente que se ha tomado mi libro La lluvia amarilla como si fuera el Evangelio de la despoblación. Dije que si los últimos habitantes de estos pueblos pequeños no se hubieran ido, les tendrían que haber echado. ¿Por qué? Porque no se puede vivir en lugares así. Una cosa es hacer una elegía de un mundo que ya no existe y otra es habitar montañas inhóspitas en condiciones de vida que no son dignas. Cualquier tiempo pasado fue peor. Por tanto, no pido volver al pasado sino corregir las desigualdades.

P.– A comienzos de septiembre hubo una cumbre entre tres presidentes socialistas (Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha) y tres del PP (Galicia, La Rioja y Castilla y León) para exigir que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple el sobrecoste que acarrea la prestación de servicios en el medio rural. ¿Es un paso para resolver este problema o es mera pose ante las negociaciones de Sánchez con Torra?

R.– La España que se vacía tiene menos peso político que el resto. Es lógico que comunidades que comparten un problema se unan en sus objetivos. La encarnizada batalla política española se está jugando en temas en los que un diputado puede ser decisivo para decantar un Gobierno. Por ejemplo, a raíz de los últimos Presupuestos, los residentes en las islas pagan sólo un 25% del billete. Sin embargo, a Teruel sigue sin llegar un tren directo desde Madrid. Un Estado es una gran familia. Si a un hijo problemático le das más dinero, al otro se lo tienes que quitar. Ese es el nudo gordiano que fomenta los desequilibrios territoriales.

P.–El ejemplo de la familia es el mismo que este verano esgrimieron en EL MUNDO los portavoces de Teruel Existe para denunciar que el Estado sólo hace caso a los «hijos chantajistas», es decir, a los territorios que ejercen una influencia política.

R.–Lo vemos desde hace mucho tiempo. Al final, ¿con quién pactan los gobiernos del PP o del PSOE? Un Gobierno débil es un chollo para los nacionalistas. Siempre han tenido la llave. El problema de la España interior no se va a resolver mientras el Estado esté pendiente de complacer a las regiones ricas, que son las que tienen más peso. Y como la política española es cortoplacista, más que articular proyectos a largo plazo, los gobiernos se dedican a sobrevivir, lo que impide tomar medidas estructurales.

P.– Isaura Leal, Comisionada para el Reto Demográfico, aseguró el domingo pasado en el Heraldo de Aragón que «la despoblación, el envejecimiento y la dispersión son un asunto de Estado». Se habla de infraestructuras, banda ancha real, fiscalidad... Sin embargo, el Gobierno ha pospuesto a las vísperas de las elecciones autonómicas y municipales la presentación de la estrategia nacional en esta materia.

R.– El asunto ha despuntado por el éxito de algunos fenómenos literarios. A veces es cuestión de visibilizar problemas a base de ponerle un nombre. La acuñación de la España vacía ha servido para poner en la conversación de los españoles algo que estaba ahí, pero que la mayoría ignoraba. Se ha dado un paso muy importante, pero hay que tomar medidas para dignificar la vida en el campo y de carácter fiscal. Un hombre que tiene una asociación en Sarnago (Soria) me dijo: «estas montañas, que eran territorio de frontera y nadie quería irse a vivir allí, se repoblaron porque tuvieron ayudas fiscales en la Edad Media. A la gente que venía se le daba privilegios. Ahora habría que hacer algo parecido». No puede ser que una persona que monte un bar en un pueblo pague los mismos impuestos que uno que lo haga en La Castellana.

P.– ¿El Estado de las Autonomías ha sido positivo?

R.– No sólo no ha servido para corregir los desequilibrios regionales, sino que los ha acentuado. Llevo 38 años en Madrid, pero cuando estaba estudiando viví en León. Los pocos que no se venían a Madrid se quedaban en León o en la capital de cada provincia. Ahora se van a Valladolid. Es decir, las comunidades han reproducido el modelo centralista español. En Cataluña, aunque les duela reconocerlo, también lo han hecho con Barcelona. En Zaragoza viven tres cuartas partes de la población aragonesa.

P.– Sánchez-Albornoz sostuvo: «Castilla hizo a España y España destrozó a Castilla». ¿Qué efectos ha tenido el diseño autonómico sobre el ocaso de Castilla?

R.– Las autonomías han tenido algunos efectos positivos, pero ha creado otros centralismos y reinos de taifas. Han acentuado el destrozo social y la insolidaridad. Yo soy iberista y para mí en la Península Ibérica hay cinco países: Portugal, Castilla, Cataluña, País Vasco y Galicia. Lo demás es un invento de Adolfo Suárez para reimplantar las autonomías llamadas históricas sin que se le levantaran el ejército y las fuerzas vivas. Nadie se cree que Cantabria, La Rioja o Murcia sean autonomías equiparables a Cataluña o Galicia. No digo en derechos, sino en poso histórico. Tratando de arreglar un problema se han creado otros.

P.–El sentimiento de agravio sigue patente en autonomías como Castilla y León o Extremadura, cuya reivindicación alrededor del tren está sacando los colores al Estado. ¿Fue un error el café para todos de la Constitución?

R.– El Estado de las Autonomías se vendió como el bálsamo de Fierabrás, pero ha sido una fuente de problemas. Castilla y León o Castilla-La Mancha se crearon con todo lo que les sobraba del reparto autonómico. Es absurdo que Madrid no pertenezca a Castilla. Han creado una cosa artificial con el agravante de que hay mucha gente que se lo toma como un dogma de fe identitario.

P.–¿La falta de solidaridad entre territorios es uno de los principales lastres del país?

R.– Es uno de ellos. El otro es la insolidaridad social. Cuando Cataluña dice que España nos roba porque aporta más que Extremadura, eso mismo podrían decirlo en el barrio de Salamanca, en Madrid, respecto a Villaverde o Moratalaz. Esa insolidaridad social se traslada al ámbito geográfico al disponer cada autonomía de sus recursos. Nadie quiere repartir con el vecino y se ha disparado el sentimiento nacionalista en lugares donde no existía.

P.– Asturias y León acusan el declive del carbón. ¿Cómo se pueden rehabilitar las cuencas mineras?

R.– Nadie puede estar de acuerdo con que las energías contaminantes sigan existiendo. Ahora bien, no es de recibo cerrar las cuencas tras explotarlas al modo colonial. El carbón de León iba para la industria siderúrgica vasca. Cuando se acaba la materia prima, no puede uno irse y ya está. Hace falta una política de reinversión y de reestructuración de verdad, no dar subvenciones a empresas que sólo quieren cobrar.

P.– Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia se comieron dos tercios del presupuesto de cohesión entre 2007 y 2013. Bruselas considera que han alcanzado los criterios de convergencia. Sin embargo, su padrón continúa desangrándose. Es evidente que la modernización del país no se explica sin la incorporación a la UE. Pero la cuestión es si estos fondos, incluidos los de la Política Agraria Común (PAC), han sido útiles para luchar contra la despoblación.

R.– El papel del agricultor no está suficientemente valorado, aunque no es cuestión sólo de dinero. Durante los últimos lustros se ha invertido mucho a través de planes como el Leader, pero entre la corrupción y su mala distribución no termina de aprovecharse bien. Hay dos polos siempre opuestos: quienes dicen que hay que habilitar más medios de comunicación donde vive más gente y quienes creemos que no es sostenible vaciar territorios. Necesitamos más estadistas y menos políticos de vuelo corto.

P.– Felipe González defiende que la Constitución necesita una reforma del Título VIII . ¿Esto qué consecuencias debería tener para la España rural interior?

R.– Si la clase política decide reformar la Constitución lo hará para apagar un fuego, en

este caso, Cataluña. No se está pensando en la España interior. Si no existiera el procés, nadie hablaría de reformar el Título VIII. De todos modos, las constituciones no son las tablas de la ley. Se aprueban por mayoría y por mayoría se pueden tocar. Eso sí, mal empezamos si queremos cambiar la Constitución porque uno de los hermanos problemáticos del Estado quiere más.

P.– Acaba de publicar Las rosas del sur, continuación de Las rosas de piedra. Sostiene que «las catedrales son las cajas negras de las ciudades». ¿Por qué?

R.– Porque condensan toda la historia, el sentimiento, el pensamiento, la filosofía y la vida de las ciudades. Las catedrales han tenido un significado polisémico: religioso, cultural, social… Son libros de piedra. Ahora, viéndolas llenas de turistas, comprobamos cómo es la sociedad actual. Tú llegas a las catedrales y están los obispos esperando con la caja registradora. No puede ser que la ciudad de Dios en la tierra, que es el corazón del lugar, esté aislado del cuerpo. Sean suyas o no, la Iglesia tiene secuestradas a las catedrales.

P.–¿Llega tarde la voluntad del Gobierno para frenar las inmatriculaciones?

R.– Sí, pero el Gobierno del PP nunca tuvo interés en esto y Zapatero tampoco se atrevió. La Iglesia habla de desamortización, pero en muchos casos lo que ha ocurrido previamente es una amortización por parte de la propia Iglesia. Más allá de la cuestión legal, reivindico la apertura de las catedrales a las ciudades por el bien de estos templos. Hay que afrontar el debate sobre la propiedad de los bienes que están en manos de la Iglesia y sobre quién debe financiarlos. La mezquita de Córdoba, según cifras del Obispado, recaudó 18 millones de euros el año pasado. La de Sevilla tiene ocho cajas para gestionar las entradas.

Julio LLamazares nació en 1955 en Vegamián (León), pueblo anegado por el pantano del Porma. Autor de ‘La lluvia amarilla’, ‘En mitad de ninguna parte’ y ‘El cielo de Madrid’. Finalista del Premio Nacional de Literatura por ‘Luna de lobos’ (1985). Ha cultivado el ensayo y la poesía, y es columnista de ‘El País’.

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