Por Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, y presidente de ICV (EL PAIS, 30/07/05):
En el largo y complejo proceso de elaboración del nuevo Estatut, a menudo se pierde la perspectiva global y nos quedamos excesivamente atrapados en la coyuntura. A menudo se olvida que el proceso de aprobación del Estatut tiene tres momentos fundamentales de igual importancia: la aprobación por el pleno del Parlament, en las Cortes Generales y la definitiva aprobación en referéndum por la ciudadanía de Cataluña. El grado de éxito o fracaso se medirá, evidentemente, por el acuerdo político que concite el texto estatutario entre las fuerzas políticas, especialmente en Cataluña, pero también por el grado de participación y apoyo popular que consiga sumar en el referéndum.
La percepción de la ciudadanía sobre el Estatut es con frecuencia mal interpretada por algunos creadores de opinión, con una lectura sesgada de determinadas encuestas. Pero es cierto que un proceso de aprobación del Estatut muy largo y en permanente clave de conflicto tiene el riesgo de provocar un alejamiento, un desapego de la ciudadanía, nada deseable.
Los partidos han desarrollado en la ponencia su propio código de signos para dirigirse a su electorado, poniendo el acento en las cuestiones que más reflejan la propia identidad partidista, incluso a veces exagerando las polémicas, ya sea sacralizando el concepto de competencias excluyentes, intentando reducir los contenidos del Estatut más allá del principio de constitucionalidad o ahora con los derechos históricos, que sorprendentemente, después de 18 meses de intenso debate, no han aparecido, y menos como condición irrenunciable, hasta hace unos días. Un debate con más contenido simbólico que práctico, pues la singularidad de Cataluña ya queda suficientemente puesta de manifiesto en el artículo 1 cuando se define a Cataluña como nación, en el artículo 5 cuando se refiere a los derechos históricos como fundamento del autogobierno, artículos que cuentan con el apoyo de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, y las competencias propias, suficientemente "blindadas" al definirlas como exclusivas, íntegras y propias de la Generalitat. Con la excepción del derecho civil y la lengua, que nadie discute, no parece razonable reclamar nuevas competencias, como puertos y aeropuertos, por la vía de los derechos históricos cuando en el propio Estatut ya existen otros mecanismos.
No podemos hacer del Estatut el campo en el que se dirima la legítima competencia por el electorado. Se olvida que la ciudadanía en su conjunto, y no sólo el electorado más fiel, lo que valorará es la capacidad de llegar a acuerdos, de actuar en clave de país más que en clave de partido.
No estamos haciendo un Estatut para nacionalistas, ni un Estatut para que guste en Madrid. El Estatut tiene que ser el de la Cataluña real. No podemos hacer un Estatut pensando en el núcleo duro de los votantes de cada partido, tenemos que hacer un Estatut para el conjunto del país. Un Estatut nacionalmente ambicioso y socialmente avanzado, que sea percibido como una herramienta útil para incrementar el autogobierno y mejorar la vida de la gente.
Ningún partido tiene razones de peso para oponerse al Estatut y ni siquiera globalmente a alguno de sus títulos. Va a ser el Estatut de todos y justamente por eso nadie puede sentirse satisfecho al cien por cien, no puede reflejar todas las posiciones de los diferentes partidos. Lo importante es que el borrador del Estatut ya cumple con los objetivos planteados inicialmente: clarificar y mejorar las competencias, reconocimiento de Cataluña como nación, inclusión de un potente título de derechos y deberes y principios rectores, garantizar la participación de la Generalitat en la Unión Europea y en los órganos decisivos del Estado, y un título de financiación ambicioso.
El anteproyecto de Estatut aprobado en comisión, de llegar a buen término, supone un gran avance para nuestro autogobierno, que refleja el acierto del método utilizado. Los textos del Instituto de Estudios Autonómicos han sido la referencia fundamental de los trabajos de la ponencia, y sus observaciones han sido tenidas en cuenta para limar los presuntos puntos de inconstitucionalidad. Y tanto la comparecencia de la sociedad civil en la ponencia como el proceso de participación social impulsado por el Gobierno han influido decisivamente para que el Estatut incorpore un completo catálogo de derechos de ciudadanía que satisface plenamente las demandas de los sindicatos, de las organizaciones de mujeres, de los jóvenes, de las personas discapacitados y de la gente mayor, introduciendo nuevos derechos relacionados con el medio ambiente, el derecho a una muerte digna y el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros; sensibilidades y preocupaciones que difícilmente estarían en el Estatut si no llega a ser por las aportaciones de la sociedad civil.
A pesar de las dificultades, hoy todos los partidos, con excepción del PP, que se ha marginado voluntariamente del proceso, están en la lógica del sí al Estatut. En septiembre probablemente vuelvan a ponerse de manifiesto diferencias, especialmente en cuestiones como la financiación. No podemos permitirnos el lujo de degradar el proceso y desmovilizar a la ciudadanía con enfrentamientos entre partidos que a estas alturas, después de tantos meses de debate, son difícilmente comprensibles.